Justicia por Sebastián Carrillo

Otro crimen del narco Estado en San Martín.

Sebastián Carrillo.

Sebastián Carrillo, joven militante del Movimiento Evita, fue asesinado en José León Suárez, en el Barrio Independencia, por una bala en medio de un tiroteo entre bandas narco. Tenía apenas 27 años. Fue alcanzado por un disparo en la cara cuando se acercó a cerrar una ventana. La novia de Sebastián llamó al 911. A pesar de que la comisaría más cercana está a solo ocho cuadras, la policía nunca llegó.

Lo que vivió Sebastián es parte de una realidad estructural que atraviesa San Martín desde hace años. El narcotráfico actúa con la complicidad directa de la policía, que libera zonas y recauda de las bandas; de la Justicia, que encubre y garantiza impunidad; y del propio Estado, que mantiene a los barrios en el abandono y la miseria. Sin esa red de complicidades estatales el negocio narco no podría prosperar. El plan de Milei combina ajuste brutal y reforzamiento de la impunidad policial: no debilita al narcotráfico, lo fortalece, mientras ataca la única herramienta de defensa de los barrios, la organización social.

En San Martín gobierna el peronismo de forma ininterrumpida desde 2011: primero con Gabriel Katopodis, luego con Fernando Moreira. Entre ambos suman 14 años de gestión. No se trata de un gobierno ocasional, sino de un aparato político consolidado. Es imposible hablar de la degradación social y del avance narco sin señalar directamente a quienes gobiernan hace más de una década el municipio. Katopodis y Moreira construyeron su carrera prometiendo urbanización, integración social y “seguridad ciudadana”. Sin embargo, los números oficiales muestran que San Martín se mantiene entre los distritos con mayores índices de delitos violentos y homicidios de la provincia.

El caso de Sebastián Carrillo se inscribe en un cuadro de violencia creciente. Solo en la última semana, en el mismo barrio, cuatro personas resultaron heridas en enfrentamientos narcos, de las cuales dos terminaron muertas. San Martín ocupa además el cuarto lugar en delitos violentos no letales dentro del conurbano, según datos de la Unsam, lo que confirma que no se trata de episodios aislados sino de una situación crónica.

Estos crímenes se multiplican en la provincia y en todo el país, donde se repite el mismo régimen de zonas liberadas y violencia. La juventud trabajadora y desocupada sufre las consecuencias de un Estado que solo aparece para reprimir, mientras niega educación, trabajo y urbanización.

Detrás de cada asesinato está la marca del sistema capitalista, que condena a millones a la pobreza y habilita al narcotráfico como un negocio millonario ligado al poder político, policial y judicial. No es un problema de “inseguridad” individual: es el régimen social vigente el que mata a los pibes de los barrios.

La policía, los intendentes y la Justicia garantizan este negocio: cada barrio es una fuente de recaudación para las fuerzas represivas. La defensa del pueblo trabajador frente a los narcocriminales no va a venir de la mano de la Gendarmería, ni de la Federal o la Bonaerense, como lo prueban la convivencia mafiosa entre estas fuerzas y quienes delinquen. Fuera los narcos de los barrios. Hay que desmantelar la Bonaerense y conformar una nueva fuerza de seguridad reclutada y formada por organizaciones obreras y de derechos humanos. Investigación independiente de todos los vínculos entre las fuerzas policiales, la justicia y los punteros patronales con las bandas que controlan el narcotráfico.

Todo nuestro apoyo a los familiares, amigos y compañeros. ¡Justicia por Sebastián Carrillo! Fuera el narco Estado. Abajo este sistema de explotación y barbarie.

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