La Legislatura de Neuquén votó una reforma reaccionaria del Código Procesal Penal

Se profundiza la criminalización del derecho a la protesta.

Figueroa es Milei.

La Legislatura de Neuquén votó este jueves 12 una nefasta reforma al Código Procesal Penal de nuestra provincia. Se trata de la modificación del artículo 114 que regula lo referente a la prisión preventiva, incorporando la figura de la reiterancia como causal para la procedencia de la misma. Junto a ello se permiten los allanamientos nocturnos sin presencia de fiscales y también las figuras del agente revelador y del informante. Todo este paquete reaccionario fue avalado por los bloques políticos, a excepción del Frente de Izquierda.

Vale decir que a la actualidad la prisión preventiva tiene lugar por tres razones, a saber: peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación y peligro a la integridad de la víctima. Ahora, con dicha reforma, se agrega la reiterencia delictiva.

La sanción de la norma votada agrega el artículo 114 quinquies y dice que: “el fiscal debe solicitar al juez competente, por resolución fundamentada la detención del imputado cuando exista reiteración delictiva”. Y conceptualiza la reiterancia enfatizando que “existirá reiterancia delictiva cuando el imputado posea una o más causas penales previas en trámite, por delitos cuya pena sea de prisión, aun cuando en las mismas no se haya dictado condena en su contra”.

En ese sentido, la reforma es taxativa al señalar que habrá reiterancia cuando:
1) Ocurran conductas que transgredan la ley en más de una ocasión sin que mediare condena previa.
2) Que el imputado tenga una condena previa aunque esta no se encuentre firme.
3) Que existan pruebas suficientes que confirmen la existencia del delito y se pueda inferir como probable una participación punible del imputado.
4) Que resulte imposible obtener una sentencia de ejecución condicional por el monto de la pena que surja en abstracto atribuida al delito investigado.

Como se podrá apreciar, asistimos a un cambio sustancial y profundo que echa por tierra todas las garantías constitucionales y profundiza un régimen de excepción. Ocurre que bastará con una sola denuncia y la existencia de dos causas en curso para la prisión preventiva. Pensemos por un momento que en el conflicto de las y los autoconvocados de salud muchos/as compañeros/as convivieron con varias causas penales, o las organizaciones sociales sobre las cuales pesa una causa abierta por el acampe de enero de 2024 y la surgida por la persecución del fiscal Pablo Vignaroli.

La trasformación que introduce es de enorme gravedad porque anula el principio constitucional de presunción de inocencia, la defensa en juicio, el debido proceso y garantías que están a merced del árbitro judicial que siempre será interpretado por los intereses del poder de turno.

La reforma que introduce la reiterancia estipula que quedan excluidos los actos de “libertad de expresión y la petición a las autoridades”. Sin embargo, se convierte en letra muerta cuando agrega que “salvo” las que causaren lesiones o daños a la propiedad. Ocurre que en una acción de lucha siempre existe una lesión o daño a la propiedad en términos generales. Otra vez, pensemos que en un piquete o manifestación se apelan al daño de comerciantes, cámaras hoteleras o empresas. Es lo que hizo Acipan (cámara patronal de Neuquén) en el marco de los acampes de organizaciones o la lucha ceramista.

Por otra parte, la reforma sobre allanamientos y nuevas figuras como el informante son herramientas de espionaje y de ataques a las libertades democráticas. Ocurre que, bajo el argumento de luchar contra el narcomenudeo, se habilitan vejaciones y arbitrariedades mayúsculas. Los allanamientos sin fiscales e incluso la apertura de la prueba en el mismo allanamiento habilitan a todo tipo de manipulaciones y alteraciones de la propia prueba recabada. Esta reforma sigue la línea de Chubut donde se habilita al policía a crear perfiles falsos, entrometerse en grupos de redes sociales y el espionaje liso y llano. Incluso llegando a terceros ajenos a la investigación.

Asistimos a una reforma reaccionaria al servicio de la persecución y el ataque a la organización popular y de ninguna manera al crimen organizado. El caso más patente lo refleja Luciana Muñoz, joven desaparecida hace mas de 11 meses.

El reforzamiento del poder del Estado, en este caso de la justicia, será una poderosa arma contra las causas populares. Pongamos en pie una campaña de denuncia de esta reforma reaccionara impulsada por Figueroa y derrotémosla con la movilización popular.

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