Hemos tomado conocimiento por una publicación de Facebook que Raquel Blas decidió renunciar al Partido Obrero. Su decisión se da en momentos en que el gobierno radical de Cornejo redobla su ofensiva represiva contra el Partido Obrero y el Polo Obrero, por su papel jugado en las luchas populares de la provincia. Como parte de esta persecución política fueron detenidos en varias oportunidades compañeros y compañeras de nuestra organización y muchos de ellos se encuentran judicializados, bajo la amenaza de ser llevados a juicio con posibles condenas que llegan en muchos casos a los 20 años de prisión.

La renuncia de Raquel al PO en estas condiciones solo puede caracterizarse como una deserción a las luchas que veníamos librando, más aun cuando a esa renuncia le sigue el anuncio de su afiliación al PTS, un partido que se ha caracterizado por darle la espalda a las luchas piqueteras en todo el país y en Mendoza en particular. Como exmilitante del PO Raquel sabe perfectamente no solo que el PTS le dio la espaldas a las grandes luchas piqueteras, sino que incluso cuando fueron detenidos durante el año pasado nuestros compañeros Martín y Lorena el PTS ni siquiera mandó sus figuras públicas a las conferencias de prensa, para no entorpecer su campaña electoral opuesta por el vértice a la lucha de clases.

Raquel funda su renuncia al PO en supuestas divergencias acerca de cómo se defienden las libertades democráticas. Sin embargo, omite lo esencial: que estas libertades democráticas deben defenderse fundamentalmente mediante la lucha, la acción directa, los piquetes, los paros, las puebladas y la huelga general. Es una confrontación contra el Estado, que representa el órgano de opresión y represión de la clase capitalista contra los trabajadores. Las cuestiones de orden jurídico deben siempre subordinarse a esa lucha, y los pasos a seguir en esa materia dependerán de las relaciones de fuerza establecidas en cada caso concreto. Opinar de otro modo, y colocar el eje en las cuestiones de orden legal-jurídicas, delata un legalismo que no puede ser encubierto incluso cuando en ese terreno se presenten posiciones supuestamente radicalizadas.

Este legalismo queda expuesto en su texto cuando Raquel magnifica el valor de un fallo de la Corte Suprema provincial como supuesta garantía contra las condenas a los luchadores populares. Pero se equivoca. El gobierno y la clase capitalista pisotean su propia jurisprudencia cuando están decididos en avanzar contra los trabajadores, en tanto evalúen que tienen condiciones políticas para hacerlo. De hecho, la propia legislación vigente en la provincia, como ser la “reiterancia”, contradice principios constitucionales de una manera escandalosa. Pero no derrotaremos esta ofensiva represiva invocando a la Constitución sino multiplicando la organización y la lucha de los trabajadores contra el estado represor.

En su texto de Facebook Raquel afirma que tenía divergencias previas con el PO, que nunca especificó ni señaló, pero que la causa que determinó su ruptura es la condena de 2 años y 8 meses de prisión en suspenso dictada contra nuestro compañero Martín Rodríguez en un juicio abreviado, quien fue encarcelado y extorsionado por el Estado con una condena de hasta 16 años de prisión. Para justificar tal decisión Raquel miente deliberadamente achacando a Martín haber avalado la “reiterancia”, cuando fue el dirigente popular de toda Mendoza que más luchó contra ella, al punto de haber sido detenido en dos oportunidades y nunca abandonar la calle, o al afirmar que Martín “negoció” una pena cuando ésta fue una imposición de la Justicia manipulada por Cornejo. Raquel miente también cuando dice que Martín se comprometió a no apelar la condena (ver aquí), ocultando que él junto con sus abogados acaban de presentar una apelación ante la Justicia.

En este cuadro responsabilizar al compañero de aceptar la criminalización de la protesta es ignorar el brutal ataque del Estado sobre él y su organización. La compañera Raquel Blas reclamó que se retirara el abogado partidario y el acompañamiento de la organización si Martín aceptaba el juicio abreviado. Cornejo desde su casa seguramente hubiera festejado esta decisión, pues se sentaba el precedente de mostrar quebrado al movimiento popular frente a un debate táctico, pero sobre todo que se le quitaba el respaldo y el apoyo a un luchador popular que estaba siendo violentamente atacado por el Estado. El Partido Obrero no abandona a ningún luchador popular de ninguna organización.

Quien no tendrá este tipo de problemas es su nueva organización, por un simple motivo: como el PTS en Mendoza le ha dado la espalda a la lucha y se ha estructurado como una fuerza electoral está fuera de la mira de la Justicia. No tendrán que afrontar juicios, ni de los tradicionales ni de los abreviados. Tampoco condenas. Finalmente los procesos, las causas y las condenas son para quienes participan de marchas, piquetes y paros, y no para quienes como figuras electorales vienen a Mendoza cada dos años para participar de una elección.

La deserción de Raquel Blas no hará mella en nuestro partido. En las próximas semanas enfrentaremos las audiencias de elevación a juicio de varios de nuestros dirigentes y militantes. Detrás de la persecución de Cornejo contra el PO se esconde un ataque al conjunto de los trabajadores. Lo prueba que también han sido judicializados activistas de las asambleas ambientales y la secretaria general del Sute, Carina Sedano. Ante esto nos esforzaremos en enfrentar esta política represiva con la movilización y la organización independiente de los trabajadores y de todos los sectores populares.