Eduardo Emilio Kalinec, uno de los genocidas de la última dictadura, consiguió finalmente lo que venía buscando desde hace años: salir en libertad. Condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Atlético-Banco-Olimpo (ABO), el represor conocido como el “Doctor K” abandonará la Unidad 19 de Ezeiza tras un fallo que consagra una nueva avanzada de la impunidad. No se trata de un hecho aislado: Kalinec es, además, uno de los impulsores de la denuncia por la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal, utilizada para reabrir la persecución contra militantes de los años ’70 por otras vías.

Kalinec fue identificado tempranamente como uno de los engranajes centrales del terror estatal. Ya en 1985, el sobreviviente Mario Villani lo señaló en sede judicial como uno de los represores que actuaron en ABO, describiéndolo como un personaje temido dentro de las mazmorras. En el juicio llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, los testimonios de las víctimas reconstruyeron su rol activo en secuestros, torturas, administración de los detenidos y en la fase final del exterminio.

Ana María Careaga relató cómo Kalinec la golpeaba y la amenazaba con provocarle un aborto durante su cautiverio. Delia Barrera contó que se negó a permitir que le vendaran fracturas para evitar que pudiera ahorcarse. Daniel Merialdo lo sufrió mientras era golpeado salvajemente; Miguel D’Agostino lo vio en el “quirófano” durante las sesiones de tortura; Jorge Braiza lo identificó como quien mentía sobre falsos traslados y vacunaciones antes de los vuelos de la muerte. El TOF 2 entendió que Kalinec participó de toda la cadena represiva, incluyendo las inyecciones para adormecer a las víctimas que luego eran arrojadas al río.

El juicio en el que Kalinec fue condenado a prisión perpetua fue también uno de los procesos en los que declaró como testigo Pablo Rieznik, economista marxista y militante del Partido Obrero, aportando su testimonio sobre el funcionamiento del aparato represivo y el carácter sistemático del terrorismo de Estado. La liberación del represor constituye, de este modo, no solo una afrenta a las víctimas directas del genocidio, sino también un ataque a la memoria de quienes, desde la militancia política y la lucha obrera, contribuyeron a desenmascarar a los responsables del exterminio.

"Estuve vendado con tanta fuerza que la mejora de la visión después de la liberación fue progresiva. Tengo la íntima convicción de que fui tomado en ese lugar por haber sido reconocido por el personal que me detuvo, por mi condición en el periodo previo de notorio dirigente, entonces juvenil. Integré la FUBA, su máximo dirigente en la junta ejecutiva en el 72, luego de una actividad una junta ejecutiva en la cual yo representaba a la izquierda, militaba en una agrupación socialista llamada Ters, vinculada a un agrupamiento denominado Política Obrera, y había tenido esos años una figuración que motivó mi reconocimiento".

"Esta era la manifestación de un fenómeno muchísimo más amplia. Si yo estaba en la FUBA era porque representaba a una generación que se volcó, como fue mi caso, muy decididamente a la lucha social, política, a una batalla por transformar la realidad. lo que me pasó es indisociable de este contexto."

"Fui introducido en un vehículo, nos trasladaron en un baúl a El Atlético, un campo de exterminio. El lugar era como uno suponía que era un campo de concentración, un recinto donde la degradación humana no tiene límites. Transcurrido unas horas estando atado a una cama de metal mientras me pasaban corriente eléctrica, con el único objetivo de degradar, destruir y humillar", afirmó Rieznick.

Con ese prontuario, y sin manifestar arrepentimiento alguno, Kalinec volverá ahora a las calles. Tiene 73 años y estuvo preso durante los últimos 20. Fue condenado a perpetua en diciembre de 2010 y recién en 2023 se logró su baja formal de la Policía Federal Argentina. Desde hace años venía reclamando beneficios. En 2022, la Casación le concedió salidas transitorias con el argumento de “afianzar vínculos familiares”, pese a que una de sus hijas, Analía Kalinec, repudia públicamente sus crímenes. Según el Servicio Penitenciario Federal, el represor salió más de 60 veces de la cárcel.

Este año solicitó la libertad condicional. Las víctimas, sus familiares y la fiscalía a cargo de Alejandro Alagia se opusieron de manera contundente. El TOF 2 rechazó el pedido el 8 de septiembre, pero Kalinec apeló y obtuvo el aval de la Sala IV de Casación. Con la única disidencia de Mariano Borinsky, los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo revocaron la decisión del tribunal oral, desestimando el informe del equipo interdisciplinario —que advertía que Kalinec no se arrepentía de sus crímenes— y privilegiando el reporte del SPF, que destacó su “buena conducta” y un supuesto pronóstico de reinserción social.

Esta resolución se inscribe en una orientación más general. Desde hace meses se viene señalando que el Servicio Penitenciario Federal produce informes favorables para liberar represores o argumenta no contar con condiciones para alojarlos en cárceles comunes. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advirtió recientemente una “caída histórica” de genocidas en prisión común, mientras Patricia Bullrich avanzó en su traslado a unidades VIP como Campo de Mayo.

La liberación de Kalinec generó una profunda conmoción entre las víctimas. Delia Barrera denunció que, una vez más, la justicia dio la espalda a quienes declararon por los desaparecidos y sobrevivientes, permitiendo que un genocida sin arrepentimiento vuelva a su casa mientras persiste el delito permanente de la desaparición forzada. Ana Careaga subrayó la paradoja de que Kalinec haya iniciado un juicio por “indignidad” contra su hija, cuando fue un ejecutor sistemático de la deshumanización en los campos de concentración. Silvia Fontana recordó a su hermana, secuestrada con dos meses y medio de embarazo, y el dolor que provoca ver al responsable “disfrutar la vida” mientras las víctimas siguen ausentes.

Las querellas anunciaron que recurrirán la decisión. Pero el fallo deja al desnudo una orientación política, oorque se produce mientras el Estado profundiza la persecución contra luchadores del movimiento piquetero, avanza con causas armadas, allanamientos y detenciones contra quienes se organizan contra el ajuste, y despliega una política sistemática de criminalización de la protesta social. El mismo poder judicial que concede beneficios a genocidas condenados a perpetua actúa con celeridad para reprimir y judicializar a quienes salen a la calle a defender el salario, el trabajo y las condiciones de vida, dejando en evidencia el carácter de clase de una justicia que garantiza impunidad para los represores y castigo para los que luchan.

La libertad de Kalinec es un mensaje claro de impunidad y un nuevo ataque a las banderas de Memoria, Verdad y Justicia conquistadas con la lucha popular.

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