Los allanamientos en Floresta, la islamofobia y la persecución política-judicial

Varios domicilios fueron allanados en Flores

Los violentos allanamientos policiales contra familias de vecinos de la ciudad de Buenos Aires, integrantes de la comunidad islámica de la mezquita de Flores, ocurridos el jueves 30 por la madrugada, volvieron a poner de manifiesto el problema de la islamofobia y su incentivo desde el poder político y judicial.

Varios domicilios familiares fueron allanados como parte de una causa judicial que se remontaría a 2019 y se sustancia en el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena.

“Nos presentamos en la causa y esperamos acceder a ella en breve porque el hermetismo es absoluto”, señaló Ismael Jalil, abogado de las familias afectadas y referente de derechos humanos de nuestro país. “Pero hay algunas cosas significativas: la causa se originó en el año 2019 y fue gestionada desde entonces sin que nadie supiera nada. El origen es en el aeropuerto de Ezeiza. Las familias a las que asisto no pueden recordar nada en particular de ese año. Lo que buscaban eran todos los soportes tecnológicos de las ocho casas allanadas así como armas y sobre todo explosivos (lógicamente no hallaron nada porque nunca hubo nada)".

Las familias allanadas son descendientes de libaneses (la árabe es la tercera migración más importante de nuestro país) y algunos de ellos musulmanes chiitas. Una combinación especial para profundizar la estigmatización que buscan Villena y el gobierno. “La información que reunieron es tan trucha que hasta allanaron un terreno baldío y un galpón cuyo contrato de locación estaba vencido y la familia ya no tenía nada que ver con él", ilustró Jalil, para dimensionar la farsa del armado del juez Villena.

Numerosas organizaciones de la comunidad musulmana se pronunciaron ante estos hechos.

Acción Islámica Argentina señaló en un comunicado que los allanamientos se producen “en el marco de investigaciones que pretenden vincular sin fundamento alguno a personas de nuestra comunidad Islámica con hechos de terrorismo”, y advirtió acerca de una “estigmatización” de larga data contra la comunidad.

La Asociación Arabe Argentina Islámica (AAAI) sostuvo que los allanamientos fueron “llevados a cabo de manera agresiva, en presencia de menores de edad e incluso bebés (…) Consideramos que estos hechos configuran una clara forma de persecución religiosa en un país que se define como libre y respetuoso de la diversidad”.

“Este brutal e infundado accionar, del que lamentablemente los musulmanes ya hemos sido víctima en los recientes años, vuelve a repetirse en contra de ciudadanos argentinos cuyo ‘delito’ parece ser profesar el Islam”, planteó, por su parte, la Comunidad Islámica Alauita de la República Argentina (AUAB).

El 13 de noviembre de 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, los hermanos Kevin Abraham y Axel Ezequiel Salomón fueron arrestados y recluidos durante 22 días en la cárcel de Ezeiza, en pésimas condiciones de detención. La denuncia había sido presentada por la Daia (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), en base a un anónimo, acusándolos de presuntos vínculos con la organización libanesa Hezbollah. El juez que instruyó entonces aquella causa falsa es el mismo Villena que hoy ordenó estos allanamientos. 

El gobierno de Macri y Patricia Bullrich (en aquel entonces, ministra de Seguridad) montó un gran operativo mediático alrededor del caso, que coincidió con el desarrollo de la reunión del G20 en Argentina.

Los hermanos Salomón fueron absueltos en el mes de diciembre por el juez federal Sebastián Ramos, ante la ausencia total de pruebas. Pero el gobierno había logrado su cometido: mostrar una imagen de fortaleza y eficiencia “antiterrorista” en el marco de una cumbre internacional.

Estamos, ahora, ante un nuevo episodio de estigmatización y persecución.

Es importante tener presente que el actual presidente, Javier Milei, aliado incondicional de la Casa Blanca e Israel, cultiva en sus discursos un planteo maniqueo, según el cual existe en el mundo una disputa entre la civilización occidental judeocristiana -supuesta portadora de los valores liberales y democráticos- y el “mal” y el “terrorismo”. Y que sostuvo, durante su reciente gira por Israel, que “con determinadas culturas no vamos a poder convivir”.

La estigmatización de la comunidad islámica, que proviene de las más altas esferas políticas y que involucra operaciones que en las redes emanan, entre otros, del propio Santiago Caputo y su club de influencers, se suma a la campaña que promueve el sionismo contra aquellos que denuncian el genocidio del pueblo palestino, como la legisladora porteña del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Vanina Biasi, quien tiene una causa abierta en la justicia federal, impulsada por la Daia.

La legisladora Vanina Biasi se encuentra presentando una declaración de repudio al allanamiento y al fomento de la islamofobia en la Legislatura porteña y prepara para las próximas semanas también una audiencia de repudio a la estigmatización y persecución de la comunidad musulmana.

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