En las últimas semanas se viene desplegando una escalada represiva contra la población migrante impulsada por el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich. Operativos sorpresa de la Policía Federal, redadas selectivas y controles arbitrarios se multiplican en distintos puntos del AMBA, configurando una política de persecución por portación de rostro contra trabajadores pobres y comunidades migrantes.

La semana pasada los operativos se concentraron en Villa Celina y, en los últimos días, en el barrio de Liniers. Allí, efectivos de la Federal exigieron documentación de manera indiscriminada, demoraron personas sin causa y amedrentaron a familias enteras en plena vía pública. Comerciantes y vecinos denunciaron un verdadero operativo de caza, con detenciones al voleo y amenazas de deportación, bajo el eufemismo de “controles administrativos”.

Esta ofensiva represiva tiene su correlato en los aeropuertos. El caso de Bicho, travesti migrante oriunde de Colombia, expone con crudeza el carácter reaccionario, discriminatorio y arbitrario de la política migratoria del gobierno. Bicho fue directamente impedide de ingresar a la Argentina, permaneció demorade durante horas en el aeropuerto sin recibir ningún tipo de explicación ni respuesta oficial, y finalmente fue devuelte a Brasil, desde donde provenía. No existió causa judicial, ni resolución fundada, ni instancia de defensa: solo una decisión administrativa basada en la discriminación y el disciplinamiento.

Lejos de tratarse de hechos aislados, estos casos forman parte de una orientación general. En la Villa 31, el gobierno avanzó con la instalación de garitas de seguridad dentro del propio barrio, profundizando un esquema de militarización y control permanente sobre la vida cotidiana. Estos puestos funcionan como espacios de hostigamiento, identificación forzada y vigilancia, afectando de manera directa a trabajadores y trabajadoras migrantes.

Lo que el gobierno presenta como una política de “orden” es, en realidad, un ataque directo contra los sectores más explotados de la clase trabajadora. No hay controles en Nordelta, ni redadas en barrios cerrados, ni persecución a empresarios evasores, narcos o fugadores. El blanco es claro: los laburantes de villas, barrios populares y zonas comerciales donde se concentran trabajadores migrantes.

Esta avanzada se apoya en los decretos antimigrantes de Milei, el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad y la coordinación directa con las fuerzas federales. El gobierno copia sin disimulo el modelo de Donald Trump en Estados Unidos, con su propia Gestapo llamada ICE, dedicada a sembrar terror, dividir a la clase trabajadora y criminalizar la pobreza.

El objetivo político es evidente: utilizar el racismo, la xenofobia y la transfobia como herramientas para desviar la bronca social provocada por el ajuste brutal, los despidos y la precarización laboral. La criminalización de la migración busca enfrentar a trabajadores contra trabajadores y naturalizar un régimen de excepción para los sectores más vulnerables.

Frente a esta ofensiva, la respuesta debe ser colectiva y organizada. Es necesario fortalecer la organización en los barrios, en los lugares de trabajo y en las comunidades, uniendo a trabajadores migrantes y no migrantes, defendiendo a cada persona perseguida, denunciando cada redada y enfrentando las deportaciones.

Migrar no es delito.
Nadie es ilegal.
Si vienen por une, vienen por todes.

Si sufrís o sufriste algún amedrentamiento por parte de la Policía o del personal de Migraciones, o conocés a alguien privado de su libertad sin más motivo que su nacionalidad comunicate por Whatsapp al : 1168720548

Villa Celina: primera asamblea migrante contra los operativos de la Federal y Migraciones

Organicemos la defensa en cada barrio -

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