Libertades democráticas
6/10/2026
Suspenden el juicio persecutorio contra cinco compañeros del Polo Obrero y el FOL en Neuquén
Se cae una causa trucha con fines persecutorios. Gran paso contra la criminalización de las organizaciones sociales.
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Este lunes 5 de octubre, la jueza de garantía Natalia Pelosso dio a conocer su resolución en la causa contra las organizaciones sociales de Neuquén donde estaban imputados tres compañeros del Polo y Partido Obrero, Federico Sánchez, Gabriela Suppicich, Beksabe Navarrete; y tres compañeros/as del FOL, Lilian Larrosa, Susana Barrios y Diego Mauro.
La resolución judicial otorga la suspensión del juicio a prueba a cinco compañeros y compañeras quedando solo uno para el debate de juicio oral con una imputación fiscal desmembrada y testimonios que solo serán de policías y funcionarios.
Importa recordar que la causa se inició con una denuncia del gobierno provincial de Rolando Figueroa, que, sumado a la ola Milei, impulsó allanamientos en julio de 2024 en domicilios y comedores populares. En dicho operativo, que fue televisado por la prensa local, se detuvo a 10 compañeras de los barrios. De dicha denuncia se originó un legajo penal que tenía la imputación de dos delitos, extorsión y defraudación, e incluía a compañeros y compañeras de Libres del Sur, FOL Unidad y Bloque.
Más tarde, la causa de extorsión se cayó al no poder contar con ningún testimonio que acreditara la aseveración fiscal. Quedó en pie la causa de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública, donde se incorporó a las/os compañeros del PO.
La patraña fiscal tenía como tesis que las organizaciones habían pergeñado una maniobra junto al exministro del gobierno de Omar Gutiérrez para desviar fondos por el valor de $1.200.0000 durante julio de 2022 a diciembre de 2023. Y así sostuvo dos años una investigación que en la audiencia de control de acusación (etapa intermedia del proceso penal) se empezó a caer como castillo de naipes.
En ese sentido, la resolución de la jueza resuelve tres cuestiones centrales. La primera es que desecha la teoría de una maniobra conjunta de funcionarios y organizaciones. A tal punto es así que la acusación fiscal tuvo que admitir que no hubo tal maniobra. Por ello, lo resuelto es contundente: no hubo coadministración de los fondos y, por lo tanto, ninguna acción conjunta de funcionarios y organizaciones. Esto valió el sobreseimiento de los dos funcionarios.
En segundo lugar, la jueza fue contundente en decir: “nadie se enriqueció ni cambió su estilo de vida y siguen en situaciones de vulnerabilidad". Es que también se acreditó que el 93% de los fondos fueron para las personas y sus cuentas personales, y que el otro restante del programa fue a la compra de insumos y materiales de capacitaciones que se realizaron.
En tercer lugar, se dictaron sobreseimientos parciales sobre plazos fijos y montos dinerarios que estaban por fuera del periodo investigado y que la fiscalía los había ingresado, reflejando así las enormes inconsistencias y contradicciones de la imputación fiscal.
Asimismo, otro aspecto importante fue la prueba presentada. Mientras que la defensa de las organizaciones incluyó decenas y decenas de compañeros de los barrios que dan fe de las tareas realizadas, materiales fotográficos de los trabajos y capacitaciones, la fiscalía solo presentó funcionarios y policías como testigos. Junto a ello, la fiscalía no pudo hacer pasar el testimonio de una testigo “arrepentida”, que no era ni más ni menos que la expresidenta de la cooperativa y en la cual la fiscalía basó toda su acusación fiscal.
En este escenario, la decisión de la jueza fue una conformación contundente de lo expresado desde el inicio de la causa por parte de las organizaciones. Se trataba de una causa armada por el gobierno con el objetivo de sacar a las organizaciones de la calle. Por ello, el pronunciamiento constituye un gran paso.
Con esta conciencia, hay que redoblar la organización y la alerta, ya que la fiscalía apelará y buscará volver en la miserable persecución penal contra las organizaciones que luchan contra el hambre y por el trabajo genuino.
A defender este paso y mantenernos movilizados. Luchar no es delito.
