El martes 29 de julio se conoció que el juez federal Gustavo Villanueva dictó el procesamiento a 20 personas sindicadas como responsables de la desaparición forzada de Sergio Ávalos, joven estudiante que desapareció el 14 de junio del año 2003 en el boliche Las Palmas de la ciudad de Neuquén.

El procesamiento, 22 años después, se realizó contra el empresario y dueño del boliche, Pedro Nardanone; el encargado del lugar en ese momento, Raúl Sesnich; y miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos personal del Ejército y policías en actividad. Estos últimos son actualmente comisarios de la fuerza neuquina.

La decisión judicial llega después de seis años de trabajo de la nueva querella, impulsada por los doctores Daniel Heredia y Leandro Aparicio, quienes hicieron foco en la impunidad de los empresarios, de las fuerzas de seguridad y del Estado.

Lo más destacado del fallo es que certifica que Sergio Ávalos nunca salió del boliche aquella noche del sábado 14 y que los responsables del destino de Sergio fueron los miembros de las fuerzas de seguridad bajo el mando de un esquema empresarial con impunidad estatal.

Las defensas de los empresarios y milicos anunciaron que apelarán ante la Cámara Federal con el argumento de que la ley de Desaparición Forzada (2007) es posterior al hecho y que, por el principio de irretroactividad de la ley penal, no pueden ser juzgados por esa figura. Buscan una línea de impunidad que, de concretarse, sería un mensaje nefasto para el conjunto de las y los luchadores populares.

Sin embargo, el mismo fallo se adelanta a esta “polémica jurídica”, señalando que el delito de desaparición forzada está en constante ejecución y que forma parte de los tratados internacionales con rango constitucional, que marcan la imprescriptibilidad de estos delitos.

Así las cosas, este procesamiento es un gran paso en la lucha por justicia para Sergio Ávalos y constituye un punto de quiebre luego de 22 años de impunidad. Ocurre que todo el Estado estuvo involucrado en la estrategia para desviar la investigación y sostener a un empresario de peso en las épocas en que ocurrieron los hechos.

Han salido a la luz valiosos testimonios de cómo en dicho boliche la juventud que asistía era víctima de golpizas y vejaciones. Por ello, una de las principales hipótesis es que Sergio fue golpeado de una manera tal que le ocasionaron su muerte y posterior desaparición.

Para este esquema de impunidad, todos los estamentos del Estado aportaron. Por un lado, la Justicia fue el espacio donde se impuso el libreto de que Sergio se fue por sus propios medios o que nunca asistió al boliche. A tal punto llegó esta estrategia que la fiscal de ese entonces, González Tobada, les brindó recursos a los padres de Sergio para que lo buscaran en la triple frontera.

La Municipalidad y la Provincia, bajo el mando de Pechi Quiroga y Jorge Sobisch, acompañaron esta impunidad. La habilitación del boliche se hizo a pesar de contar con miembros del Ejército, cuando estaba prohibida la intervención de esta fuerza nacional.

La Universidad, dirigida por el partido de gobierno (MPN), dejó correr la tesis principal de la desaparición voluntaria. Para que pasara dicha maniobra, promovió una comisión de notables de la Universidad que nunca aportó nada concreto.

En síntesis, llegamos a este procesamiento producto de la lucha incansable, primero de su familia y luego de las organizaciones. Un gran estandarte de esta pelea fue su padre, Asunción Ávalos, y su hermana Mercedes, quienes mantuvieron una batalla constante.

Ahora se abre una etapa de apelaciones que deberá confirmar el procesamiento para que tenga lugar el juicio oral, que con seguridad se hará el año próximo. Aprovechemos esta noticia para impulsar una gran campaña de justicia por Sergio. Su victoria será un golpe histórico a la impunidad.

Octubre queda lejos

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