A pedido del fiscal Pollicita, el juez Casanello acaba de llamar a indagatoria a 10 nuevas compañeras del Polo Obrero, del barrio 1-11-14 y de La Carbonilla. Las compañeras son destacadas organizadoras de comedores populares y de todos los reclamos de sus barrios. Ahora, por su actividad como delegadas del Polo Obrero, deberán ir a presentarse en declaración indagatoria y sumarse a los 12 compañeras y compañeros que ya tenían elevada la causa a juicio por parte del dúo Casanello–Pollicita, entre otros Eduardo Belliboni, Jeremías Canteros, Elizabeth Palma, “Tango” Dotti.

Además, Pollicita pidió la imputación de parte de los compañeros elevados a juicio por el supuesto delito de lavado de dinero y asociación ilícita. Casanello demoró este planteo pidiendo medidas de investigación complementarias. La criminalización del Polo Obrero, una organización de lucha en todo el país, como si fuera una asociación ilícita, es un salto en el intento de ilegalizar nuestra organización y destruir el movimiento de desocupados en el país.

Las consideraciones del Fiscal no tienen desperdicio: plantea que la lucha por los reclamos de los barrios, que el movimiento piquetero lleva adelante desde fines de los '90 en nuestro país, era solamente “un eufemismo”: “A toda persona que se acercaba en busca de ayuda social se le imponía la idea de que, para acceder a la comida y al beneficio estatal, era necesario 'luchar' -eufemismo utilizado para encubrir la exigencia de aportes económicos y la obligación de participar en 'actividades políticas'”.

Luego, en un elogio inesperado a la política social del gobierno de Alberto Fernández, sostiene que “Incluso, los integrantes de la organización les referían a las víctimas que habían perdido el plan que podían recuperar la prestación otorgada por el Estado, si 'luchaban' (...): Sin embargo, como ha quedado comprobado la realidad era muy distinta: los únicos requisitos para acceder a convertirse en beneficiario del Programa Potenciar Trabajo eran encontrarse en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica, tener entre 18 y 65 años… mientras que para acceder a los alimentos era necesario acercarse a cualquiera de las organizaciones sociales que recibían fondos públicos y comida para su distribución gratuita a los más necesitados”.

O sea, que para Pollicita y contra toda evidencia la inscripción en los programas sociales era abierta, y la provisión de alimentos en los comedores populares, infinita. Pero si esto era así, ¿por qué miles de personas acampaban en la 9 de Julio? Reducir esta confrontación social, que involucró a barrios enteros en la lucha contra el hambre, a una manipulación política es querer borrar la historia de un plumazo. Claramente es una mentira para criminalizar.

Solamente desde este punto de vista ridículo puede considerarse que una delegada que plantea convocar a movilizarse para arrancarle al Estado la comida que éste no garantizaba está cometiendo una amenaza por condicionar la entrega de alimentos a la participación en la movilización. ¡Sin movilización no había (ni hay) alimentos! O que es “amenazar” decir que sin movilización y lucha el Estado iba a dar de baja los planes, no es amenazar sino alertar a los trabajadores de lo que es una política de Estado de todos los gobiernos. Es lo que se comprueba que está haciendo ahora el gobierno de Milei y lo que intentó hacer, gradualmente, Tolosa Paz durante toda su permanencia en el Ministerio de Desarrollo Social.

Lo mismo vale para los aportes. Para Casanello, el pedido de un aporte para sostener los comedores, la distribución de alimentos y todos los gastos de una organización combativa constituye una extorsión. Pero es totalmente falso que el Estado haya puesto siquiera un peso en pagar los alquileres de los comedores populares, la distribución y toda la logística para sostenerlos.  Las organizaciones, por lo tanto, financiaron estos gastos con actividades propias. La transformación de este autofinanciamiento en un delito es un atentado contra el derecho a la organización popular.

Como Casanello y Pollicita consideran que los aportes eran extorsivos, arman un delito en el cual consideran, falsamente, que estos aportes se derivaban a través de diferentes empresas que en realidad a lo sumo fueron proveedoras (en algunos casos) del Polo Obrero. Y ahí extienden un supuesto delito de lavado de activos con cifras multimillonarias que son construcciones que suman miles de transacciones que nada tienen que ver con el Polo Obrero.

Como no pueden mostrar que ninguno de los imputados se haya enriquecido, presentan que el resultado de la maniobra fue financiar una actividad política (del Partido Obrero), amenazando de nuevo con avanzar contra la legalidad y los candidatos del partido, lo que constituiría un nuevo salto en esta línea de criminalización y un intento de proscripción política a un partido con 60 años de existencia.

De qué lado está cada uno

La oficialización del llamado por parte del Juez ocurre justo cuando, luego del plan de lucha que encabezaron las organizaciones piqueteras, la justicia acaba de dictaminar que el Ministerio de Desarrollo Social debe continuar con el pago del programa Volver al Trabajo, que se pretendía borrar de un plumazo despidiendo a 950.000 trabajadores que sostienen con esfuerzo y lucha los comedores, trabajos y servicios, y en general las redes de asistencia social que aún persisten en los barrios. Esta eliminación proyectada por el gobierno nacional muestra cuál era el objetivo real de la política de persecución: el golpe a las familias más vulnerables haciendo pasar el ajuste y golpeando a las organizaciones que reclaman para que se mantengan los programas. De hecho, Pollicita reivindica en su pedido de criminalización por asociación ilícita que la causa fue fundamental, para, como sostiene “desarticular” al Polo Obrero, al que considera una organización criminal. En realidad está mal informado porque el Polo, junto al movimiento piquetero, sigue en lucha en defensa de los reclamos de los barrios mas sumergidos del país.

La parcialidad de Pollicita en la causa debió haber hecho que lo separaran de la investigación. En 2025, le giró a los periodistas Luis Gasulla y Luis Majul el pedido de elevación a juicio antes de presentarlo en el expediente, para articular el avance de la causa con el golpe mediático contra el Polo Obrero. El Poder Judicial, actuando en defensa corporativa, lo “bancó” contra el pedido de recusación presentado por los abogados de Apel. 

La eliminación de la asistencia a los comedores populares, y de los programas sociales, pone blanco sobre negro de qué lado estaba cada uno en la campaña de los “gerentes de la pobreza”. El periodismo oficialista, los jueces y fiscales y el gobierno intentaron desacreditar frente a la población de los barrios a las organizaciones, golpeando con acusaciones de punterismo y repitiendo hasta el cansancio que se “abusaban” de quienes decían representar. A dos años, las organizaciones siguen en la calle para evitar que el Pettovelo le saque el programa, congelado en 78.000 pesos desde diciembre de 2023, a 950.000 beneficiarios.

Esta nueva etapa de lucha contra la criminalización no tiene las mismas características que la que encaramos desde 2024. Ahora, detrás de esta ofensiva hay un gobierno desprestigiado por un brutal ajuste y que muestra todos los días que actúa como una banda de ladrones. Pero la velocidad que ha tenido esta dupla judicial con las compañeras del Bajo Flores y La Carbonilla contrasta totalmente con el paso lento que siguen las causas que involucran al oficialismo, donde, por ejemplo, Karina Milei nunca fue importunada por el famoso 3%, investigado por Casanello. Pollicita investiga a  Adorni con métodos contrapuestos a la investigación del Polo. No fue allanado (como si las compañeras y los comedores del Bajo Flores) ni es citado a indagatoria a pesar de las pruebas que se van acumulando por sus compras en serie de departamentos. Y ni hablar de la causa $Libra donde Taiano sigue garantizando la impunidad presidencial. Es una doble vara escandalosa, a pesar de la crisis entre el gobierno y la justicia.

Como siempre ocurrió, la lucha contra esta ofensiva de criminalización va de la mano con la lucha por terminar con este gobierno antiobrero y nefasto para el pueblo argentino.

Causa Polo Obrero - Prensa Obrera

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