Libertades democráticas
12/8/2026
Jujuy
Salvaje desalojo en Humahuaca: represión con balas de goma, niños secuestrados y viviendas demolidas
El gobierno de Carlos Sadir volvió a descargar toda la violencia del Estado contra las comunidades originarias.
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El gobierno de Carlos Sadir volvió a descargar toda la violencia del Estado jujeño contra las comunidades originarias. En un operativo brutal llevado a cabo este lunes en la comunidad indígena de Santa Rosa, Humahuaca, la policía provincial montó una cacería para ejecutar el desalojo y la destrucción de las viviendas de la familia Soruco, dejando un saldo de heridos por balas de goma, gaseados, nueve personas detenidas y ocho niños arrastrados por las fuerzas de seguridad.
Acompañados por el juez de paz Pedro Apaza y en cumplimiento de un fallo del juez en lo civil y comercial Juan Pablo Calderón, las fuerzas policiales irrumpieron con topadoras. Lejos de garantizar las garantías básicas, recién una hora más tarde intimaron a las familias a desalojar el lugar en un plazo arbitrario e irrisorio de apenas 30 minutos.
Ante la resistencia legítima de la comunidad, que defendía sus parcelas y hogares ancestrales, la respuesta policial fue despiadada: balas de goma y gases contra la comunidad, de forma indiscriminada contra mujeres, ancianas y pobladores de la zona. En medio de la represión, los efectivos se llevaron a ocho niños y niñas de entre 1 y 7 años sin brindar información alguna sobre su paradero. Recién luego de la movilización comunitaria y las denuncias públicas los menores fueron restituidos, horas más tarde.
Nueve personas —entre ellas Yolanda Haidé Soruco, Griselda Pamela Soruco, Santiago Reyes Soruco, Armando Soruco, Silvana Esmeralda Choque y Paola Agustina Velázquez— fueron encarceladas en la Seccional 15 de Humahuaca. Tras la interposición de un habeas corpus por parte de abogadas de derechos humanos, recuperaron la libertad cerca de la medianoche.
Detrás de la represión hay negocios inmobiliarios con complicidad estatal
Los desalojos en Jujuy no cesan. En este caso responde a un conflicto territorial motorizado por fallas sistemáticas de la Dirección de Inmuebles provincial (mediante el cuestionado Plano N°0809), las cuales generan superposición de planos y límites distorsionados. Estas irregularidades son aprovechadas por sectores vinculados al poder político para hacer negocios.
Este desalojo muestra la continuidad de la política de criminalización y despojo territorial de los pueblos originarios, instaurada durante la gestión de Gerardo Morales y profundizada por Carlos Sadir, en sintonía con el gobierno de Milei y su intento de aprobar los desalojos exprés con la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
Para defender las tierras de las comunidades debemos derrotar el saqueo perpetrado por los gobiernos para los capitalistas.
