Libertades democráticas
25/8/2025
Un mes sin Gonzalo Tamame: la lucha por Justicia sigue
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Foto: Fuente Colgante
Este sábado 23 se cumplió un mes sin Gonzalo Tamame y su familia convocó a una marcha por Justicia que recorrió desde el palacio municipal hasta la Comisaría Primera de Olavarría.
El miércoles 23 de julio, la ciudad de Olavarría había amanecido con la noticia de que un jóven de 29 años había muerto en esa comisaría. Se llamaba Gonzalo Ezequiel Tamame y había sido detenido en la madrugada ante una denuncia de violencia de género. El relato policial fue que se había ahorcado en el calabozo, mientras la custodia no lo vigilaba. Con las horas, la versión del suicidio empezó a desmoronarse a partir de la denuncia de su familia, amigos y su actual pareja que reside en la cercana ciudad de Azul y cursa un embarazo.
Durante ese mismo día aparecieron videos que mostraban la realidad de la brutalidad policial: había sido detenido por efectivos del Comando de Patrullas a los que se ve y escucha golpeando a Gonzalo ya reducido, tirado en la calle, y amedrentando a los testigos para que no observen ni filmen; también apareció un video filmado desde la calle de la comisaría, en la que se escuchan los gritos de Gonzalo pidiendo ayuda porque no podía respirar. Aparentemente lo tenían en el patio del Comando, lugar donde “casualmente” no hay cámaras de seguridad.
El encubrimiento y la represión en marcha
Como es de manual en estos casos, el encubrimiento de las responsabilidades policiales empezó desde el minuto cero, partiendo del relato ficticio del suicidio. El mismo libreto siguieron los policías implicados en las muertes de Daiana Abregú, en la comisaría de Laprida hace tres años, o de Sofía Fernández, en Pilar en 2023.
De los diez policías implicados, tres fueron separados preventivamente de sus funciones —Claudia Campos, Daiana Astrada y Juan Bortoloti— pero permanecían en libertad mientras efectivos de civil se presentaban en las casas de los vecinos que filmaron la detención para amedrentarlos y borrar las evidencias. Los tres fueron imputados por vejaciones, apremios ilegales e incumplimiento de deberes de funcionario público. Como acostumbra a hacer su abogado, César García, el mismo que defendió a los asesinos de Daiana Abregú, salió a los medios a reforzar el relato encubridor. Habló incluso de que vio las cámaras de seguridad de la Comisaría, que sin embargo aún no fueron aportadas como prueba en la causa por parte del Ministerio de Seguridad. Juan Alberto García, el subcomisario titular de la Comisaría Primera y a cargo de los tres policías, también estaría implicado en la causa, aunque tiene el patrocinio de otro abogado, Alexander Aquila, quien se presenta como candidato a concejal por la fuerza Integrar.
La Policía Federal intervino para hacer los peritajes y la autopsia del cuerpo. Todo el relato fantasioso se desmorona con los resultados forenses que han trascendido públicamente. Está constatado que Gonzalo tenía 39 lesiones por todo el cuerpo y que su muerte fue por ahorcamiento, dentro de la comisaría. Estos datos, ligados a los videos y testimonios, probarían que se trató de un homicidio.
La policía de Olavarría, y especialmente la de la comisaría primera, tiene un prontuario de denuncias de torturas e incluso condenas a policías por eso y por casos de corrupción (horas Polad, protección a cambio de pago). La gota que rebalsó el vaso fue la muerte de Gonzalo, pero en los meses previos hubo numerosos casos de detenciones arbitrarias, maltratos y golpizas. Una mención especial merece la Utoi, que lleva solo un año presente en la ciudad y ya ha despertado el repudio de jóvenes, motomandados y vecinos de los barrios por su accionar de verdugueo y violencia.
Si faltaban pruebas del accionar policial violento y arbitrario, se sumó la represión de la marcha por Justicia del jueves 24 de julio. Al finalizar esa movilización, cuando ya nos estábamos retirando, la policía salió a la caza. Allí fuimos detenidos Lautaro Méndez y Agustín Mestralet, ambos militantes y candidatos por el Frente de Izquierda. Nuestro reconocimiento público garantizó que no se nos tratara como es moneda corriente con los detenidos. Aún así, no se cumplieron las garantías del caso: se nos incomunicó permanentemente y se nos negó conocer las razones de la aprehensión. Un rato antes, habían capturado a Caterina Pereyra, contra quién sí se ejerció violencia verbal y física, al ser una piba laburante de barrio que no estaba organizada. De hecho, se supo de su detención unas horas después porque la policía no lo había comunicado.
La campaña de solidaridad y por nuestra libertad se inició inmediatamente y actuó como un factor determinante. Las acusaciones que hicieron sobre nosotros, solamente sostenidas por el relato de la policía que no aportó ni pruebas ni testigos, son tan inverosímiles como la hipótesis del suicidio de Gonzalo.
Kicillof y Wesner son responsables políticos
La violencia policial y la represión en Olavarría son la expresión local de una política general contra el pueblo trabajador. La responsabilidad política es directa. Enmarcado dentro de la política represiva que Milei y Bullrich promueven ante cada manifestación popular, Axel Kicillof encubre y fortalece a esta policía asesina y reprime y persigue a quienes nos oponemos. El gobierno provincial usa a la Bonaerense —y a su brazo de elite, la Utoi— para regimentar los barrios, ocupar comedores, perseguir a la juventud y establecer la prisión preventiva como norma. Es el accionar sistemático de una fuerza podrida hasta la médula, responsable de regentear el delito organizado —narcotráfico, trata, zonas liberadas— y que, al mismo tiempo, se ensaña contra jóvenes, trabajadores y pobres. Mientras tanto, el gobierno les garantiza impunidad, les paga la defensa a los efectivos involucrados, e incluso reincorpora a las fuerzas a los policías responsables de crímenes como el de Daiana.
Desde la intendencia del camporista Maximiliano Wesner, a pesar de que ya pasó un mes de la muerte de Gonzalo, no se oyó a ningún funcionario local ni a sus candidatos a concejales emitir opinión sobre lo sucedido. Ni siquiera un tímido pedido de justicia. Este silencio no debe interpretarse como la reacción impotente ante las fuerzas represivas, sino como una activa y consciente colaboración con el operativo de encubrimiento.
Siguiendo la bajada de la intendencia, organizaciones y militantes del peronismo dejaron de participar de las movilizaciones. Durante la represión, el gobierno local se reunió y coordinó con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, cuyo funcionario Andrés Escudero declaró que el operativo había sido “impecable”, avalando el accionar policial antes, durante y después de la detención y muerte de Gonzalo. Como vocero tanto del gobierno provincial como del municipal, este funcionario mintió descaradamente: acusó a quienes estábamos detenidos de promover disturbios y violencia y dijo que estaban en contacto y asistiendo a la familia de Gonzalo.
La desmentida de su madre fue categórica: Wesner “no nos dio nunca una respuesta de nada”. Por el contrario, en lugar de acercarse a la familia, el intendente entregó nuevos móviles a los policías, reforzando sus recursos represivos, y les pidió que cuiden los patrulleros. En ese acto de campaña electoral no dijo ni una palabra sobre cuidar a la población, víctima por doble vía de la inseguridad y de la violencia policial.
Un mes fue tiempo suficiente para que las fuerzas políticas de la ciudad, las de gobierno y las de oposición, tuvieran oportunidad de expresar sus posiciones respecto al accionar policial. Su silencio e inacción por el esclarecimiento del asesinato de Gonzalo Tamame los hace cómplices. De la mano de estos políticos crece la impunidad y se convalida la violencia policial. Solo la movilización popular puede romper los tejidos de encubrimiento que el Estado garantiza sistemáticamente a los policías asesinos. Por eso, desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda estuvimos y vamos a seguir acompañando a la familia de Gonzalo en su reclamo de Justicia y exigiendo el desmantelamiento de toda la maldita policía bonaerense.
