En las últimas horas se conoció un fallo del juzgado Federal de Campana, a cargo del Juez Dr Charbay que obliga al gobierno y en particular a la ministra Sandra Pettovello a NO discontinuar el pago del programa Volver al Trabajo (VAT), eliminado este mes por el ministerio de Desarrollo Social.

El juez hace lugar a un amparo colectivo de 5 compañeres que presentaron sus casos y mostraron en unas pocas líneas la barbarie de una sociedad destruida por las políticas económicas y sociales de los gobiernos de las últimas décadas y el ataque a más de 950.000 trabajadores que significa la baja del VAT.

En su sentencia el magistrado dice:

“En definitiva, la medida cautelar requerida no solo resulta compatible con el interés público, sino que se presenta como la única vía idónea para resguardarlo en su verdadera dimensión constitucional, asegurando la vigencia efectiva de los derechos fundamentales frente a una actuación estatal que los pondría en riesgo”.

“En consecuencia, requieren que se condene al Estado Nacional a garantizar, de manera efectiva, continua y no regresiva, el derecho de la población alcanzada a percibir un ingreso mínimo de subsistencia con carácter alimentario, en condiciones de suficiencia, accesibilidad y continuidad, a través de la implementación, sustitución o el mantenimiento, según corresponda, de programas o dispositivos de política pública que aseguren un nivel de protección equivalente o superior al vigente con anterioridad a la decisión impugnada (la finalización del Programa), incorporando además mecanismos reales y verificables de inclusión sociolaboral para todos aquellos beneficiarios para los cuales no se ha logrado su inclusión laboral”.

Además, reafirma la denuncia que venimos haciendo desde las organizaciones sobre el incumplimiento de los términos del decreto que el mismo gobierno se autoimpuso, de capacitar e incluir en el mercado laboral al casi millón de compañeros que perciben un monto, menor, pero imprescindible para economías de subsistencias, lo que significa que se trata de eliminar un ingreso elemental alimentario, lo cual, según el juez resulta inconstitucional y violatorio de pactos internacionales (Art. 14 bis de la Constitución Nacional y Arts. 6, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

En definitiva, el juez le da 3 días al Ministerio para restablecer el programa y pagarle a la totalidad de los beneficiarios y multa, por día, al gobierno hasta que pague.

No pasaron ni 24 horas y ya el Ministerio ensayó una respuesta, pobre y miserable que no contesta ni un solo argumentos del juez ni de las organizaciones y dice que va a apelar.

Los límites del fallo

El juez no recoge en su fallo, ni el trabajo que realizan les compañeres, como cocinar, realizar tareas de limpieza, tareas productivas, apoyo y atención social en su ámbito de pertenencia ni tampoco el impacto económico que implica la trasferencia de 680 millones de dólares por año de los sectores más empobrecidos a las arcas del Estado, en beneficio del pago de la fraudulenta deuda externa y los subsidios a las patronales como las energéticas y al transporte. Esta motosierra significará, dicho  de otro modo, 78.000 millones menos por mes que afectará el consumo y a su turno a la producción, que impactará en las economías regionales y los comercios de cercanía.

Al no recoger las tareas que realizan les compañeres, el juez no avanza en la cuestión de trabajo en negro o no registrado, que también está condenado por la ley, porque eso lo llevaría a exigirle al gobierno el blanqueo o pase a planta de los compañeros y compañeras que TRABAJAN en funciones sociales que el Estado debería reconocer, ya que cumplen una función social, agregando valor mediante su trabajo, a la economía y la sociedad.

Nuestra consigna de “trabajo sin salario, es trabajo esclavo” golpea justamente en esa cuestión.      

El Polo Obrero inició una campaña hace más de un mes para difundir este ataque de Pettovello al VAT, impulsando un amparo que ya sumó más de 23.000 compañeros que se adhirieron desde Tierra del Fuego a La Quiaca, desarrollando una conciencia sobre la necesidad de luchar contra esta medida. Como resultado de esta campaña, miles de compañeros salimos a las calles el 7 de abril en más de 100 puntos de todo el país en unidad con todo el arco de organizaciones existentes.

Esta medida nacional conmovió públicamente e instaló en los medios el tema (en el Puente Pueyrredón estuvimos en cadena nacional) reafirmando una vez más que los métodos, piquetes y cortes, igual que las asambleas y las huelgas, sirven a los fines y objetivos de la lucha de los trabajadores, desmintiendo a todos los charlatanes que sostienen que esos métodos pasaron de moda.

Es muy probable que el gobierno desconozca el fallo mediante apelaciones y maniobras o -como en los casos de la ley universitaria o la de discapacidad- directamente no cumpla con la ley.

También apelaremos nosotros desde el punto de vista judicial el probable rechazo del gobierno a la resolución, lo haremos en conjunto con el equipo legal que conformamos con los abogados de varias organizaciones. 

Sin embargo, este fallo nos da la razón indudablemente y fortalece nuestra lucha, las batallas son también políticas, en este caso el gobierno recibió una derrota política.

Por otro lado, y siguiendo en el ámbito institucional, más de 15 concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires y del interior del país se pronunciaron contra el recorte. Se realizó una audiencia en la provincia de Buenos Aires donde los diputados del PJ plantearon que hay que unirse de cara al 2027. La bancada del Partido Obrero en el FIT-U y el partido Piquetero impulsaron una audiencia pública en el Parlamento, con la participación de varios diputados de UxP (Unión por la Patria), multitudinaria, con la participación de las organizaciones piqueteras y con testimonios en primera persona, de La Quiaca a Tierra del Fuego; surgió de allí la propuesta de Néstor Pitrola (diputado nacional del PO-Frente de Izquierda) de unificar un proyecto para tratar el rechazo de la medida del gobierno en el pleno del parlamento.

Pero desde luego la estrategia fundamental estará en las calles, en las rutas y en la lucha.

Las organizaciones delineamos un plan de lucha que continúa con asambleas el próximo 28 llevando a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy las direcciones nacionales, que se reunirán con los compañeros y compañeras de esas provincias en asambleas unitarias para impulsar acciones en esas provincias, que están fuertemente afectadas por estos recortes.

El próximo 7 de mayo, dos días después de la fecha de cobro vamos a las rutas, a las calles, los puentes, a golpear con fuerza al gobierno hambreador, con lo que de verdad le duele: la acción directa en el marco de unificar las luchas para impulsar la huelga general y deshacernos de este gobierno enemigo de los trabajadores y de la vida del pueblo.

No al cierre del programa Volver al Trabajo. Trabajo sin salario es esclavitud.