Neuquén: abajo la causa persecutoria contra las organizaciones sociales y piqueteras

Figueroa y la Justicia buscan asestarle un golpe a los que luchan contra el hambre y por el trabajo.

Piqueteros.

Este 5 de marzo, la Justicia formuló cargos a German Chapino y Abel Di Luca, ambos exministros de Desarrollo Social en calidad de autores por “Defraudación agravada en perjuicio de la administración pública” en la misma causa donde son imputados tres compañeros/as del Fol y tres del PO. Para la Justicia existe una maniobra pergeñada (palabra usada por el fiscal) entre funcionarios y organizaciones. Una falacia monumental.

La denuncia de la Justicia se basa en una supuesta defraudación por $1.208 millones entre el periodo de agosto de 2022 a diciembre de 2023 y que los fondos destinados a capacitaciones fueron malversadas por las organizaciones y las personas imputadas. En la investigación judicial se deja afuera el pago del mes de diciembre de 2023, abonado por el gobierno de Figueroa y por el ministro Castelli. Esto refleja lo armado del proceso, ya que si fuera completo debería incluir al ministro Castelli.

Esta campaña judicial y política se da en el marco de la conmoción provincial por otra causa de mega-estafa con planes sociales donde el gobierno del MPN le robó a miles de beneficiarios sus ingresos. Por ello, el gobierno de Figueroa y la Justicia buscan consolidar la estrategia de combinar ambas causas y presentar a las organizaciones como chorras o delincuentes.

La causa

El fiscal Pablo Vignaroli, quien encabeza la persecución judicial, señala que la supuesta maniobra fraudulenta abarca a $1.208 millones. Aquí, la primera mentira. Según consta en el legajo penal, el 92 % de los fondos fueron destinados a cientos de compañeros/as  que figuran en la nómina de las organizaciones. El otro 8% de los fondos también está comprobado y constatado cual fue su fin, al ser utilizados para los trabajos y las capacitaciones.

En el caso de los/as compañeros/as del Polo Obrero y el PO están imputados Gabriela Suppicich y Federico Sánchez, a los cuales la Justicia les endilga que siendo empleados públicos no pudieron haber recibidos dichos fondos. Aquí va la otra mentira. Los dineros recibidos fueron destinados a las capacitaciones o trabajo y nunca para beneficio personal. En definitiva, tanto Gabriela y Fede pusieron a disposición sus cuentas para el desenvolvimiento de las tareas. Para el mundo universitario y profesional esto no es extraño ya que es común la disposición de cuentas personales por parte de profesionales para el desenvolvimiento de los diferentes proyectos de capacitación y trabajo. Este mecanismo descripto surge en virtud de que las organizaciones no tienen cuentas bancarias ni tampoco estructura administrativa.

Así, lo central de la causa es que no existieron estafas ni enriquecimiento de las organizaciones y compañeros/as. La prueba de ello está en las propias transferencias que constan en el legajo penal a  cientos de personas, en los espacios construidos y las capacitaciones.

Causa persecutoria y criminalizante

Con el concurso de los medios ensobrados, muchos de ellos pertenecientes a Clude Staicos, hombre de Figueroa y responsable del secuestro de niño M y el hostigamiento a su madre Alexandra Sabio, el gobierno apunta a barrer con  las organizaciones piqueteras y sociales que son fundamental en la lucha contra el hambre (hoy sostienen cerca de 50 comedores y merenderos en la ciudad de Neuquén). Figueroa, en su pelea por mantenerse en el gobierno, intenta liquidar a la oposición. Lógicamente no toda oposición es igual o consecuente pero ya desguazó al MPN, los radicales y peronista (con casi la mitad de su gabinete en el gobierno) y pretende liquidar a las organizaciones de lucha presentándolas como organizaciones delincuenciales.

Claro está que esta estrategia no es novedosa, fue la impulsada por Milei. Luego de dos años de iniciados los allanamientos a 10 comedores y merenderos con detenciones de 14 mujeres, el gobierno sostiene esta causa con fines persecutorio.

Por ello, las organizaciones van a una defensa férrea en lo legal y político. A esos fines vamos a impulsar una campaña con pronunciamientos para llegar a la audiencia de control de acusación (instancia que define si va a juicio o no) con la voluntad de miles de compañeros/as para derrotar esta histórica  persecución política.

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