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La jornada nacional de lucha del Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero, el pasado miércoles 6 de mayo, tuvo una enorme repercusión.  Las denuncias que realizaron las organizaciones piqueteras sobre la ineficacia, desidia y desinterés en abordar integralmente el desafío de una cuarentena larga, sin posibilidades de trabajo, tanto formal como informal, son plenamente confirmadas por la ola de reclamos, piquetes, marchas reducidas, cortes de ruta, ocupaciones de fábricas y formas creativas y novedosas que empieza a generalizarse entre los trabajadores, aun en el marco de una situación excepcional, como el encierro obligatorio por la cuarentena y que de paso señalamos, estableció como prioridad el despliegue policial y militar represivo, antes que cualquier medida sanitaria o de ayuda social.

En principio el gobierno, a través del extitular de la Anses Alejandro Vanoli, mantuvo una deliberada política de demorar 40 días, precisamente los más necesarios en la cuarentena, el pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Lo insoportable de la situación llevó a que lo relevaran pero a 50 días del anuncio del IFE, menos de la mitad de los inscriptos y aceptados no lo ha cobrado; se han excluido a más de 4 millones de personas y si dividimos los $10.000 por los casi 2 meses de ausencia de ingresos de los beneficiarios, nos da que apenas se distribuyeron ¡200 $ por día, por familia!

Esto dio como resultado una demanda de ayuda alimentaria aluvional en los barrios. Solo en los comedores del Polo Obrero en el conurbano bonaerense las listas de espera para recibir un plato de comida superan las 30.000 familias. Si esto lo multiplicamos por los miles de comedores y/o merenderos de las organizaciones sociales a la lo largo de todo el país, la cifra pinta una situación socialmente catastrófica. Pero lo peor es que el gobierno hace dos meses que no entrega alimentos, porque los empresarios proveedores del Estado, que están cartelizados, no le quieren vender al Ministerio a los precios máximos que se establecieron después de las denuncias. Desde que se destapó esa olla podrida de la corrupción, a principios de abril, hasta hoy (8 de mayo) el Gobierno ha suspendido las compras de alimentos secos que abastecen a los comedores populares, que algunas estimaciones llevan a más de 10.000 en todo el país.

El gobierno no ha denunciado esta extorsión lo cual lo convierte en cómplice de la misma a costa del hambre, mostrando su postración a los intereses de los empresarios

¿Se puede sostener la cuarentena, el aislamiento socialmente necesario para no contagiarse coronavirus sin plata ni alimentos?

El sistema de “ayuda social” es claramente una política de asistencia y contención de las masas empobrecidas. La desocupación en masa, los enormes problemas sociales y materiales sin resolver son el producto de la forma de explotación y organización social del capitalismo. Esta “ayuda” es un mecanismo de control y de dependencia del Estado que tiene el objetivo de evitar la rebelión de las masas ante el empeoramiento de sus condiciones de vida; el gobierno central delega en los intendentes “dueños” de los barrios obreros, donde los punteros, casi siempre del PJ y ahora con las colaboración fundamental de las organizaciones sociales, son un instrumento fundamental de contención y control social, y por si hiciera falta están en última instancia, las fuerzas represivas. Ese y no otro es el objetivo de la presencia en los barrios obreros del Ejército, la Gendarmería y las policías.

En las reuniones con el Ministro Arroyo el frente piquetero le presentó un programa integral que incluía el control obrero de las compras del área social y una comisión investigadora independiente del escándalo de los sobreprecios, como una medida transicional, que acelere las medidas de urgencia. Aún esperamos su respuesta.

Es claro que la crisis con los comedores populares es la punta del iceberg de un colapso del gobierno para afrontar la crisis que abarca la salud, los servicios y la economía y en definitiva es lo que lleva a las masas a la desesperación y a la burguesía a aprovecharla para descargar un ataque en regla a los trabajadores. Varios economistas patronales han resaltado, frotándose las manos, que se está aplicando una reforma laboral de hecho.

Programas sociales vs seguro universal al desocuopado

Con un sistema de decenas de programas de ayuda social con enormes presupuestos, el gobierno armó una red de contención que entró en crisis cuando tuvo que enfrentar una batalla en regla contra el coronavirus.

El plan de la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, el IFE, la compra y entrega de alimentos a granel, el sistema de Merenderos, etc, se entremezclan y superponen para aumentar la anarquía del funcionamiento estatal y empeorar la situación. No son eficientes, son caros en sus costos y no llegan a todos, menos aún en este cuadro.

Contrasta tanto empeño en un sistema que no sirve a las necesidades populares, pero revela por un lado, el objetivo de control y contención social y por el otro, su negativa a la concreción de un seguro universal al desocupado.

Un seguro universal al desocupado directo de $ 30.000 le facilitaría a los trabajadores desocupados enfrentar la cuarentena, evitaría los punteros intermediarios, ahorraría recursos de la burocracia Estatal y le permitiría a los trabajadores no ser la carne de cañón de las operaciones por reventar la cuarentena sanitaria ,”cueste lo que cueste”.

Este seguro al desocupado se podría financiar con un impuesto a las grandes fortunas y a los capitales bancarios y financieros como el que propone el FIT-U.

Pero claro, colocaría un antecedente inaceptable para los capitalistas porque un seguro al parado devuelve la responsabilidad de la crisis (que continuará agravándose) a los que la provocaron, planteando el dilema crucial para la clase obrera de quién la pagará: nosotros con nuestra salud y nuestras vidas o ellos con sus ganancias.

Por otro lado, el Seguro pone un piso salarial que le impide a los explotadores aprovechar la crisis para bajar aún más el salario, un objetivo perseguido por estos y que cuenta con la colaboración de los traidores de la burocracia sindical y del gobierno de A. Fernández que ya firmaron la rebaja del 25% en los salarios.

Las patronales reclaman hasta la desaparición de los programas sociales. Lo hicieron las limoneras y tabacaleras en el Norte, porque aun con montos muy bajos, son un escollo para conchabar trabajadores con salarios aún más bajos.

La cuarentena en crisis y la vida de los trabajadores en riesgo

Mientras se acusa a los trabajadores desocupados que salen a la calle (con todas las precauciones que impone la pandemia), en los últimos días se ha desatado una campaña “bolsonarista” para levantar la cuarentena a cualquier precio, precio que, claro, pagaremos los trabajadores como ocurre en Brasil y en EE.UU. A los capitalistas que quieren quebrar la cuarentena para retomar el régimen de trabajo aun cuando esto le cueste la vida a miles o cientos de miles de trabajadores se los “comprende”. A la vez, cada vez más sectores de los trabajadores salen a reclamar por las rebajas salariales, despidos, falta de alimentos, asistencia a comedores y falta de insumos en los centros de salud. Los medios masivos toman estos reclamos como manifestaciones contra la cuarentena cuando en realidad son contra el gobierno y los empresarios.

Primero las ganancias después la salud, parece ser la voz de orden de esta campaña. No es raro, después de todo es lo que han hecho siempre. Eso explica por qué en todo el mundo se reducen y privatizan los sistemas de salud.

Periodistas, cámaras patronales y empresarios de medios están a la cabeza de esa campaña que sin embargo no tiene en cuenta ningún criterio científico. El gobierno está en esa línea y toma semana tras semana medidas en ese sentido. Se sabe que si la actividad se retoma crecen las posibilidades de que la famosa curva de contagio se vuelva incontrolable, esto es señalado por los expertos epidemiólogos y el gobierno lo sabe.

Ya se han producido acciones de lucha muy importantes aún bajo la cuarentena y la respuesta fue la coerción de las fuerzas represivas que actuaron contra los trabajadores de Penta, los de los delivery, los municipales de Jesús María en Córdoba, entre otros

Sintetizando, el gobierno no garantizó las medidas para mantener la cuarentena y no prevé hacerlo: el IFE demoró 40 días en ser implementado y excluyó a más de 4 millones de trabajadores; en 2 meses, los $ 10.000 son totalmente insuficientes; en 30 días,desde la crisis de corrupción, el gobierno no restableció las entregas de alimentos y elementos de higiene a los comedores populares; la tarjeta Alimentar no fue extendida a las familias con niños mayores de 6 años; se producen despidos y rebajas salariales; en suma, no garantizó los medios materiales a los trabajadores para defenderse de la pandemia.

Se abre una nueva etapa en la que la clase obrera tiene planteada una decidida intervención en defensa de sus reivindicaciones y de su salud. En la acción del 6 de mayo pasado del Polo y el Frente Piquetero, se planteaba “Con hambre no hay cuarentena”, la justeza de la consigna es indiscutible.