El gobierno nacional dio comienzo a la auditoría de los programas sociales con las universidades nacionales, las gobernaciones y los municipios. El motivo declarado es el recorte de miles de programas y el establecimiento de un relevamiento general del Estado para forzar el plan de empalme que prepara el gobierno.

La auditoría como tal no solo implica la detección de miles de programas sociales que han quedo fuera de órbita de alguna Unidad de Gestión, con el propósito de darlos de baja para avanzar en los recortes y las metas fiscales y presupuestarias de ajuste discutidas con el FMI, también es un mecanismo para presionar por el ingreso al mercado laboral precarizado y mal pago.

La información periodística revelada al respecto de la auditoría da cuenta de que parte importante del formulario confeccionado por el gobierno implica un relevamiento de los conocimientos laborales de cada beneficiario con el propósito de ofrecerle/intimarlo a advenirse al programa de empalme que el gobierno aún no ha oficializado, pero que implica diversos beneficios económicos para las patronales.

Los datos publicados por los organismos oficiales dan cuenta de una casi nulo crecimiento del empleo registrado (0,21%) durante los primeros 27 meses de gobierno de Alberto Fernández (Infobae, 22/8), lo que acusa una caída de los números precedentes, e indica que el principal obstáculo a la superación de los programas sociales es la huelga de inversiones del sector privado.

A modo de ilustración, Jorge Colina, presidente del foro empresario Idesa, caracteriza que el fracaso en los programas de empalme precedente está asociado a la ausencia de una reforma laboral que modifique los convenios colectivos y la normativa laboral, para que las contrataciones puedan ser más “baratas”, para lo que no alcanzan exenciones y beneficios de temporada.

La clase capitalista demanda eliminar una asistencia social que, amén de significar sumas de indigencia, en parte funcionan como un piso para la degradación salarial y contractual de amplias ramas de la economía.

La medida del gobierno tiende un “puente” con esa presión por barrer con los convenios colectivos y los derechos laborales. Busca avanzar en determinadas industrias, como la construcción, trabajadores rurales y otras, que por su dinámica y/o estacionalidad permitirían forzar el ingreso de trabajadores sin generar obligaciones contractuales a largo plazo e ir reduciendo paulatinamente los programas sociales al tiempo que se le responde a una parte de los capitalistas que demanda mano de obra barata.

La propia degradación del salario mínimo apunta a configurar una situación futura donde, reducidos los planes, el salario y las condiciones laborales sufran una depreciación de hecho, impulsada por la política oficial, mejorando las condiciones de explotación de los capitalistas.

Ante este, cobra valor la lucha de la Unidad Piquetera por trabajo genuino, comenzando por la obra pública, apertura y aumento de los programas sociales, salario básico que cubra la canasta básica de $111.000 y libertad de organización.

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