Los barrios de la zona este de la capital vienen realizando desde hace tres años movilizaciones, audiencias con los funcionarios, petitorios, cortes de calle, para que el gobierno de la provincia realice las obras públicas necesarias para tener agua potable las 24 horas. Incluso piquetes para que los camiones cisternas no se retiren del barrio sin dejarles agua. Lo mismo que los vecinos de la Unión en Rivadavia Banda Sur, que deben soportar temperaturas de 50° sin agua y la poca que reciben es con arsénico. Los vecinos de Mosconi, de Orán, que cada vez que se corta la luz se quedan sin agua por varios días, también con altísimas temperaturas. A estos reclamos históricos, con el comienzo del período estival, aumenta la demanda, pero no las inversiones; el gobierno reduce por turnos el suministro, varias horas al día, lo que lleva a que numerosos barrios de la provincia en esta época, todos los años, salgan a luchar por agua.

Lo que ha fracasado es el esquema privatizador que nos vienen imponiendo desde el gobierno menemista de Romero, que transformó el servicio sanitario en un negocio, que enriqueció a varios vivos, como el dueño de Aguas de Salta o el Banco Macro, dejándonos una enorme desinversión y una enorme deuda. Hoy, con el servicio en manos del Estado, todo el sistema está tercerizado; sigue dando negocios a las empresas amigas y transfiriendo el gasto a los usuarios. Ese esquema tiene el límite que el bolsillo de las familias salteñas ya no da para mantener el sistema. Todo se agrava ahora con el anuncio de Milei de la parálisis de la obra pública. Ya se han paralizado obras de agua en Pichanal y en otros puntos de la provincia.

El servicio de agua potable y cloacas es una cuestión de salud, por lo que el Estado debe asegurar el Presupuesto que haga falta para garantizar agua potable 24 horas a todos los barrios de Salta. Con el mismo criterio las redes de cloacas.