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12 de junio de 2018

"Objeción de conciencia", una trampa para impedir los abortos legales

Bajo la presión del lobby clerical, la figura fue introducida en el texto del dictamen “de consenso” que tratará Diputados.
Por Olga Cristobal

Foto: Malena Estente.

Finalmente la objeción de conciencia –por ahora solo para individuos, veremos con qué nos sorprenden durante el debate– fue incluida en el proyecto “de consenso” que se discutirá en Diputados. Desde la primera jornada, los defensores del aborto ilegal exigieron que profesionales y trabajadores se pudieran negar a intervenir en la interrupción del embarazo. Piden objeción de conciencia individual o la amplían a instituciones completas. En ese caso, todo un hospital, tal vez el único de una localidad, podría negarse a practicar abortos. Es lo que ya ocurre respecto de la implementación del aborto no punible, incluso en aquellas provincias que establecieron un protocolo para su aplicación. La incorporación de la “objeción de conciencia” en el proyecto de ley constituye un salvoconducto para que los grupos oscurantistas.

El Mater Dei, un prestigioso sanatorio privado, ya picó en punta y tiene prestos los formularios para que sus médicos “se obliguen a cumplir” que allí no se realizan “prácticas médicas, quirúrgicas o medicamentosas que puedan interrumpir el embarazo con la consiguiente muerte fetal antes de su viabilidad”. Sin atenuantes. Aunque tengas septicemia. Aunque estés en los supuestos del aborto no punible. Si no les gusta, que los médicos busquen empleo en otro lado. Una demostración concreta de lo que es la Iglesia como un Estado con sus propias normas, opuestas a las del Estado.

Es lo que ocurre hoy en Río Gallegos y Caleta Olivia, donde no hay institución ni médico que cumplan los abortos no punibles, legales desde 1921. Una política que pretende nacionalizarse: en abril pasado, en Santa Fe, la Universidad Católica (UCSF), la Asociación Civil Ojo Ciudadano y la ONG Médicos por la vida, presentaron un protocolo frente al aborto no punible para que los agentes sanitarios y la población sepan que la objeción “cuenta con un sólido respaldo jurídico” (www.aica.org).

El clero intenta que individuos y centros de salud estén legalmente autorizados a violar masivamente una ley. Si no entra la objeción institucional presionan para que todos los médicos se declaren objetores.

Otro promotor del desacato a las leyes es el gobierno: su proyecto de ley de “libertad religiosa” -que espera en Diputados- la incluye hasta en la escuela. ¿Por qué enseñar evolucionismo si los dueños predican que Dios creó el mundo en 7 días, y después se tomó un descanso? Hasta ahora, apunta Stella Maris Marzano, “sólo en lo que respecta a la vida, la sexualidad y la salud de las mujeres existen leyes pergeñadas para ser cumplidas solamente por quienes tengan el deseo de hacerlo” (Marzano, Stella Maris. Maternidad, celibato o muerte. MSN). Van por más.

Claro que la Curia y los políticos patronales solo valoran la conciencia para violentar leyes progresivas, arrancadas al Estado a su pesar: derechos reproductivos, educación sexual, matrimonio igualitario, identidad de género. No existe “objeción de conciencia” para evitar desalojos o despidos. ¿Cuánto duraría en el empleo un trabajador que, por sus “convicciones”, se negara a cortar la luz o el gas, o a cobrar aranceles hospitalarios? La conciencia religiosa es conciencia unilateral: a los que tienen otra, anatema y apriete.

La objeción de conciencia fue incluida en el proyecto “de consenso” con el viejo argumento de que, si no, “la ley no salía”. Sin embargo, en vez de despejar el camino a los “indecisos”, la concesión envalentonó al clero y sus socios, que redoblaron aprietes fascistizantes sobre los diputados y sus hijos.

Si en momentos en que todo el país está atento a la legalización del aborto, no tienen empacho en amenazar a legisladores -el obispo de Tucumán los interpela en misa con nombre y apellido- ¿se imaginan cómo va a ser la vida de los profesionales o los trabajadores de la salud que no se inscriban como objetores?

Por qué tanto empeño

La objeción de conciencia es indispensable para impedir los abortos legales porque la legalización anula el bloqueo judicial. La rescató la Iglesia norteamericana en la década del 70 para contrarrestar la legalización a partir de un fallo de la Corte Suprema. Donald Trump es un defensor acérrimo de “las dos vidas”.

En Uruguay el aborto es legal desde 2012. Pero los jefes de dos de las tres Cátedras de Ginecotocología de la Universidad de la República apelaron a la Justicia -que falló a su favor. Y la objeción comenzó a aplicarse en masa: en ciudades de los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano todos son objetores. “Los grandes apellidos son los que marcan la conducta social, no es extraño que todos los médicos hayan objetado conciencia aquí”, explica una ong de la zona. En realidad, la IVE solo se practica en Montevideo.

El aborto por causales se despenalizó en Chile en 2017. Pero en marzo se admitió que las clínicas privadas, aunque tengan convenio con el Estado, se nieguen a practicarlos. Inmediatamente, un aluvión de profesionales se registró como objetor (más del 60% de la región del Bio Bio). “Esto es una alerta gigante, sobre todo para mujeres y niñas que cotizan en las Instituciones de Salud Previsional y se atienden en el sistema privado de salud, que podrían ver en esto un obstáculo real para acceder con cobertura a un aborto en las tres causales. En la práctica sólo podrían interrumpir su embarazo cuando su vida esté en riesgo inminente, y eso es quedar básicamente igual que si la ley no existiera.” (Amnistía, Chile).

En Europa, la objeción ha logrado impedir los abortos legales en países con gran peso del catolicismo, solo se practica en clínicas privadas y en algunas regiones.

“En Italia el 70% de los ginecólogos se niegan a practicar abortos. Hay regiones donde existe un único hospital que efectúa interrupciones voluntarias del embarazo, con lo cual hay mujeres que se ven obligadas a realizar cientos de kilómetros. Los objetores superan el 90% en el sur del país.” La denuncia es de Silvana Agatone, presidenta de la Asociación Italiana Ginecológica Libre.

En España, muchos servicios de salud envían a las mujeres a abortar hasta a 600 kilómetros de la casa. El Estado les paga a clínicas privadas porque en el sur o en Galicia, todos los ginecólogos son objetores. ¿Un problema de fe? No. Los pioneros fueran acusados de asesinato por parte de los consorcios de abogados católicos, que alternaron escraches con juicios contra la matrícula y su patrimonio personal. Eso generó epidemia de objetores. El Tribunal Constitucional reconoció en 2017 el derecho de un farmacéutico a no vender la píldora del día siguiente por objeción de conciencia.

Los que ven la inclusión como mal menor suelen citar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual la objeción de conciencia es “el derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las convicciones íntimas de una persona, siempre que dicho incumplimiento no afecte significativamente los derechos de terceros ni otros aspectos del bien común”.

El dictamen “de consenso” establece que las autoridades de cada establecimiento deben garantizar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Quiénes los harán si se permite la objeción? ¿Acaso ignoran que se han cerrado por falta de personal quirófanos, salas de pediatría y neonatología, guardias médicas? Y eso en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde existe la mayor concentración de centros de salud. La existencia de equipos paralelos es en la mayoría del país inviable.

Debe ser por eso que agregan: “En el caso excepcional de ser necesaria la derivación a otro establecimiento, la práctica de la interrupción del embarazo debe realizarse en el plazo establecido en el artículo 7º -5 días- (…) siendo responsable de la efectiva realización el establecimiento derivante“.

O sea que los objetores deben garantizar un derecho que ellos mismos avasallan. ¿Alguien conoce algún jefe de servicio u hospital preso por bloquear una práctica no punible?

El único camino para imponer una ley que garantiza la salud y la vida de mujeres y niñas es la movilización callejera.

Viva la toma de escuelas y facultades. Todos al acampe!

El clero a sus sacristías.

Separación de la Iglesia y el Estado.

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