Días atrás, tomó estado público una grave denuncia por violencia de género contra el ex ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba y actual legislador, Alfonso Mosquera. El hecho que se investiga tuvo lugar el pasado 31 de octubre cuando la denunciante, una suboficial de 34 años con la que Mosquera mantuvo una relación extramatrimonial, fue encontrada en su vivienda del complejo Manantiales con heridas en su rostro, ensangrentada y desvanecida por ingesta de pastillas, suceso por  el cuál pesa sobre Mosquera una denuncia por hostigamientos y violencia. La causa se encuentra en la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar del segundo turno, a cargo de Gerardo Reyes.

Desde sede judicial indicaron que se realizaron allanamientos en dos domicilios del actual legislador, se tomó declaración a testigos y se secuestraron tres celulares, el de Mosquera, el de la denunciante y el del comisario inspector Pablo Nieto, actual pareja de la mujer. A su vez, el legislador provincial de Hacemos Unidos por Córdoba presentó, por medio de un escrito, el pedido de licencia sin cobro de haberes en la Unicameral hasta tanto se expida la justicia.

Vale recordar que Mosquera fue destituido de su cargo como ministro de Seguridad en septiembre del 2022 por su evidente responsabilidad en la política de gatillo fácil y represión, y particularmente por los asesinatos de Blas Correas y Joaquín Paredes en el año 2020. A pesar de ello, actualmente ocupa una banca en la legislatura provincial.

Esta no es la primera vez que un alto funcionario del gobierno provincial se encuentra involucrado en casos de violencia de género. El hecho nos trae a la memoria el caso del exdirector de Defensa Civil, Diego Concha, quien después de varias denuncias fue imputado por violencia de género y por la violación seguida de muerte de Luana Ludueña. La manera en que el gobierno encubrió este caso, que sólo se resolvió por la presión social, dejó sentado un precedente que nos permite ver el modus operandi de la justicia y el poder político.

Frente a un régimen que se nutre de violentos y abusadores exigimos a la justicia que resuelva este caso y que aparte de su cargo a Mosquera. Vamos por un Consejo Autónomo de Mujeres independiente de los gobiernos que pueda desarrollar políticas para atacar la violencia y sirva para organizar la lucha por todos los derechos pendientes. Basta de violencia y encubrimiento.

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