El segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez fue arrancado con la lucha de su familia, amigxs y organizaciones que nos propusimos revertir el bochorno del primer juicio que investigó a Lucía y no a sus asesinos, y que absolvió a los imputados Offidani, Farías y Maciel (este último hoy fallecido) por el delito de abuso sexual seguido de muerte en 2018, limitando la condena a la venta de estupefacientes.

El nuevo juicio, en marzo de este año, fue escenario de una maniobra que pocos conocen. Sectores que militan en el feminismo referenciado con el oficialismo y el colectivo “Ni Una Menos”, acompañaron con un escrito que fue presentado por la defensa de los asesinos. En vísperas de que se conozca el fallo, publicaron una nota de Catalina Trebisacce y Cecilia Varela en Latfem, un espacio periodístico adherido al peronismo, donde plantean: “¿Como feministas encontramos deseable que operadores judiciales, parientes y expertos conviertan su experiencia en un acto de abuso sexual en virtud de indicadores abstractos y sin contar con su palabra?”. En el diario Página 12, del grupo Octubre del presidente del PJ Capital, Víctor Santa María, la periodista Eugenia Murillo recogió una frase de un texto firmado por una constelación de “académicas” del mismo espacio: “La perspectiva de género no es condena automática ni equivale a perpetuas en cualquier caso. El feminismo no es punitivismo”.

Según las académicas, “la perspectiva de género es ni más ni menos que poder advertir las relaciones de poder entre los sexos/géneros y, cuando la perspectiva se omite, se pierde de vista a quienes están en desigualdad y en una sociedad que aún sostiene un vigoroso sistema patriarcal; esto tiene varias implicancias, poner en lugar de víctimas a los victimarios y juzgar a las víctimas”. De acuerdo a este punto de vista, al cual adherimos como abstracción, en concreto ellas se sintieron autorizadas para afirmar que el caso de Lucía sería un caso de consentimiento y por lo tanto los autores de su crimen serían inocentes. La deriva de esta posición fue la intromisión lisa y llana de las “académicas” en la causa para acompañar a la defensa de los hoy condenados por el femicidio de Lucía, un hecho inédito.

Indignadas frente a esto, dos madres de víctimas de femicidios se apersonaron en una de las asambleas hacia el 3J organizadas en CABA por Ni Una Menos, referentes kirchneristas de sindicatos, organizaciones feministas y representaciones de organizaciones sociales oficialistas. Marisa, mamá de Luna Ortiz, y Susana, mamá de Cecilia Basaldúa, en representación de la Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones, leyeron una dura carta. Lo hicieron movidas por el dolor que las abraza con Marta y con toda la familia de Lucía. Es el dolor de haber perdido a sus hijas por narcofemicidios, como ellas muy bien los llaman, y de tener que luchar cada día contra un régimen que culpabiliza a las víctimas y protege a los victimarios y los negocios del poder. Un dolor que se reaviva cuando este libreto es adoptado por voces que se reivindican feministas.

Su texto, que reproducimos completo al final, comienza diciendo: “Nosotras, Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones, reunidas en una asamblea nacional, venimos acá a decirles claramente lo siguiente” (…) “no se metan con nuestras hijas, no se metan con nuestras luchas. Hablen de las suyas.” En la cara de las “operadoras” señalan contundentemente: “No las vimos nunca ni en Palpalá, ni en Villa Ballester, ni en Marcos Paz, ni en Olivos, ni en Mar del Plata, ni en Miramar, ni en Puerto Iguazú, ni en Berabevú, ni en Pehuajó, ni en Huacalera, ni en Cipoletti, ni en Lomas de Zamora, ni en San Martín, ni en Moreno, ni en San Clemente, ni en Capilla del Monte, ni siquiera las vimos acá nomás, acompañando a la familia de Carla Soggiu en el borde sur de esta ciudad. Tuvimos entonces que tomarnos dos colectivos y llegar hasta acá para verles las caras y decirles mirándolas a los ojos: no se metan con nuestras hijas, no se metan con nuestras luchas. Hablen de las suyas”. En primer lugar, es claro que algunas de las opinólogas mediáticas sobre temas relacionados con mujeres no tienen ningún trabajo real ni acompañamiento a quienes sufren los femicidios.

El juicio por Lucía y la inesperada defensa “feminista” de los acusados, que ahora han sido efectivamente condenados

La familia de Lucía logró llevar a jury a 3 de los 2 jueces autores de esta aberración (a uno de ellos lo “absolvieron” los partidos capitalistas con la jubilación) y que se abra un nuevo proceso judicial.

En vísperas de la sentencia de este segundo juicio, Latfem publicó la citada nota (“Tras la perspectiva de género en el juicio por la muerte de Lucía Pérez: una exploración antropológica a la aldea judicial”), donde destinan extensos párrafos a empatizar con la defensa de los acusados -que habrían sufrido el “fastidio” y las “múltiples objeciones” de la querella- e inaugura una línea editorial que tiene como impulsoras a todo un sector de activistas y académicas feministas vinculadas con el colectivo Ni Una Menos.

Muchas de ellas son firmantes de la carta “Feminismo no es punitivismo”, publicada en Página 12, donde expresan “preocupación” por las solicitudes públicas de “sentencias condenatorias” en el segundo juicio por Lucía Pérez, ya que serían una “banalización de la perspectiva de género”. La carta en cuestión comienza con un elogio del gobierno nacional y de la creación del Ministerio de Mujeres, sin explicar en qué habrían beneficiado a las mujeres que sufren un femicidio diario sin ningún tipo de protección, ni asistencia, ni acceso a la Justicia. El sesgo de clase a favor del Estado es la constante en un texto escrito por académicas que, como denuncian las familiares, no demuestran ningún interés por la realidad de las miles de mujeres empobrecidas que sufren los peores flagelos.

El consentimiento, las relaciones de poder y “el poder” de un negocio amparado por el Estado

Está probado en la causa judicial que cuando Lucía estaba bajo el efecto de drogas tuvo relaciones sexuales con Farías. Sin embargo, para las nóveles intérpretes de lo que piensan las víctimas muertas, Lucía habría consentido tener relaciones aun cuando su situación no era de gobernabilidad personal ya que estaba bajo el efecto del consumo. Cuestionan que se juzgue el delito de abuso sexual en base a “indicadores abstractos y sin contar con su palabra”.

“En el caso que se juzga no se cuenta con la voz de Lucía para saber si consintió o no el encuentro sexual”. Su condición de mujer y joven “son determinaciones abstractas” nos dicen, mientras anulan como dato relevante lo que subyace detrás del crimen de Lucía, de Luna, de Cecilia, de Claudia Tupa y de tantas pibas: el andamiaje delictivo de las redes narco que comprometen a las altas esferas del poder del Estado.

Los hoy finalmente condenados Farías y Offidani (junto al fallecido Maciel) se dedicaban a la venta de drogas y practicaban este negocio abordando a jóvenes en los colegios, buscando un público particularmente vulnerable –un modus operandi también utilizado por las redes de captación de niñas para la explotación sexual en todo el país. Como hemos denunciado hasta judicialmente en boliches de Liniers y Bajo Flores, donde se capta y manipula a niñas de 13 años para introducirlas a un circuito perverso de drogas, degradación y violencia. ¿Por qué no hablan de esto las académicas y militantes de Ni Una Menos en lugar de escribir ríos de tinta con intrigas sobre “la imposibilidad de comprobar” si hubo o no consentimiento de Lucía?

De fondo, estamos ante una concepción muy nociva que embellece desde una mirada de clase el consumo de drogas y estupefacientes, como “decisión libre y voluntaria”, y que lleva a perder de vista el flagelo de un régimen narco que está destruyendo a la juventud y matando a tantas de nuestras pibas en los barrios donde “el Estado presente” es la maldita policía socia de los bunkers de la droga y la putrefacción, que captan y lucran con la juventud. Todo el andamiaje discursivo que se supone quiere “empoderar” la voz de quien ya no puede hablar, se cuida de incorporar esta denuncia y parece colocar a Lucía en igualdad de condiciones con quienes finalmente terminaron con su vida.

En el mundo de estas periodistas y académicas la condición de género y clase son “abstracciones”. Una operación del discurso que en la pretensión de “no generalizar”, omite deliberadamente lo concreto de esta historia: Lucía era una piba de 16 años que en la puerta del colegio conoció a un par de dealers protegidos por el poder político de Mar del Plata que le vendían droga. Uno de ellos le insistió para que vaya a su casa, a donde le iba a vender 100 gramas de porro, le terminó ofreciendo cocaína en dosis tal que le produjo un paro cuando estaba teniendo relaciones sexuales con ella. ¿De qué consentimiento y qué “abstracciones” estamos hablando?

Reducir a la categoría de “abstracciones” la relación de dominación que existe entre los géneros, entre las generaciones, ¡y entre narcos hijos del poder y una niña adolescente! da muestras de que en el mundo de la identificación con el feminismo hay fronteras de clase que se diferencian de manera irreconciliable. ¿De verdad estamos discutiendo la ficción de una relación libre y paritaria entre Lucía y tres narcotraficantes de 25, 43 y 61 años, que se dedican a manipular adolescentes para insertarlas en el circuito de la droga?

Antipunitivismo trucho, punitivismo vergonzante

Quienes culpan a las familiares de víctimas de punitivistas no toman la palabra para explicar cómo se ha uniformado el código penal, en el que todo agravante lleva a la pena de perpetua. Estas figuras penales no fueron introducidas por las víctimas, sino por las y los personeros del régimen que la mayoría de las firmantes “contra el punitivismo” adhieren. El propio Néstor Kirchner le ofrendó a Blumberg la batería de leyes que él reclamaba cuando en el marco del asesinato de su hijo encabezó movimientos masivos por “la seguridad”. En aquel entonces solo el PO planteó un programa alternativo que llamaba a desmantelar la asociación del delito con el Estado (tema que estaba presente en la banda que había secuestrado y asesinado a Axel Blumberg). No contamos más que con chicanas por parte de estos grupos adheridos al kirchnerismo a los que no se les cae la cara de vergüenza con sus chicanas cuando le dieron a Blumberg cada ley que pidió.

Bajo el gobierno de CFK, en 2012, se presentó como “perspectiva de género” la incorporación al código penal del agravante por femicidio. Fue el kirchnerismo el que, ante la falta de medidas para combatir la violencia, optó por el punitivismo y vender la tesis de que con la perpetua se combatía los femicidios. Ahora las kirchneristas nos quieren convencer de que el punitivismo es “un desvío de las víctimas” y no una orientación oficial del Estado…

El reforzamiento de penas es el caballito de batalla de los partidos y representantes de un Estado comprometido hasta los huesos con la organización del delito a gran escala, y con la reproducción de las condiciones estructurales de la violencia que sufrimos los trabajadores, las mujeres y las diversidades. Promueven un aumento de penas para que sea administrado por un sistema judicial clasista y machista, que se aplica, con suerte, sobre el último eslabón de la cadena, preservando el negocio y a los amigos del poder. Cuando logramos romper ese circuito, es porque hubo lucha detrás. Como cuando una familia se enfrenta a todas las instituciones del Estado luchando por justicia, exponiendo todas las lacras que dominan el sistema.

El rechazo al punitivismo no puede conducir a darle la espalda a la legítima lucha de familiares en busca de justicia. No puede conducir a la defensa o la justificación de femicidas. No puede ser un arma al servicio de un régimen de impunidad. Si de abstracciones, y de las particularidades concretas de cada planteo se trata, hay que desarmar el slogan abstracto y analizar qué intereses hay detrás de quienes piden mano dura y aumento de penas para llenar las cárceles de pobres, y cuáles intereses defienden las víctimas que piden justicia.

El régimen narco es el que aún tenemos que llevar al banquillo

El femicidio de Lucía Pérez puso sobre la mesa lo que se ha vuelto una triste moneda corriente en nuestros días: el entrelazamiento entre la violencia de género, abusos, femicidios, narcotráfico, impunidad del poder y negocios protegidos y promovidos por el Estado. Lo que tenemos que discutir es cómo enfrentamos la amenaza que representa para nuestras pibas y pibes el poderoso vínculo que existe entre el crimen organizado y el poder político, judicial, policial.

Todos los casos muestran esta cara brutal de la impunidad. El primer abogado defensor de Offidani –hijo del escribano más poderoso de Mar Del Plata- fue el Director General de una de las áreas de la Secretaría de Seguridad del distrito. El entrelazamiento de la policía y el poder local con estas mafias en Mar Del Plata –una ciudad golpeada por la desocupación masiva y el tráfico ilegal y delictivo de los puertos privados– ha sido y sigue siendo una constante. Y aún la causa de Lucía no está cerrada. La apelación por la pena de Offidani (8 años vs la perpetua para Farías de 25 años) debe ser tenida en cuenta.

Contra toda esta podredumbre debemos organizar nuestra lucha.

Abrazamos a las familiares de víctimas y su Asamblea. Las acompañamos en su reclamo y en su cruzada contra este ultraje a su lucha desde un campo que se suponía aliado.

 

Compartimos la nota de familiares leída por Marisa y Susana en la asamblea de NUM:

“Nosotras, Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones, reunidas en una asamblea nacional, venimos acá a decirles claramente lo siguiente:

No las conocemos.

No las vimos nunca ni en Palpalá, ni en Villa Ballester, ni en Marcos Paz, ni en Olivos, ni en Mar del Plata, ni en Miramar, ni en Puerto Iguazú, ni en Berabevú, ni en Pehuajó, ni en Huacalera, ni en Cipoletti, ni en Lomas de Zamora, ni en San Martín, ni en Moreno, ni en San Clemente, ni en Capilla del Monte, ni siquiera las vimos acá nomás, acompañando a la familia de Carla Soggiu en el borde sur de esta ciudad. Tuvimos entonces que tomarnos dos colectivos y llegar hasta acá para verles las caras y decirles mirándolas a los ojos: no se metan con nuestras hijas, no se metan con nuestras luchas. Hablen de las suyas. 

Estamos en un momento en donde está en juego el futuro. No son días para confundir a la gente con las mentiras que pretenden difundir. 

No son las que más saben de ninguna causa judicial de nuestras hijas: somos nosotras, las familias, las que sabemos muy bien lo que dicen esos expedientes, foja por foja, y también la diferencia que hay entre lo que ahí está escrito y lo que realmente pasa en nuestros barrios.

Queremos dejarlo clarito: ustedes no saben más que nosotras de nuestras luchas.

También queremos decirles que tampoco somos idiotas. No estamos confundidas. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer ni qué tenemos que decir. Aprendemos entre nosotras, las familias, y nuestras grandes maestras son nuestras hijas. Ellas nos enseñan a pelear, a ir al frente, a no callarnos la boca. Jamás hubiésemos venido hasta acá si ellas no nos hubiesen empujado, porque la lucha contra la injusticia es lo que nuestras hijas nos han inculcado. Y esto es una injusticia. Pretenden hacerles creer a quienes las escuchan que a las familias nos da lo mismo que vaya preso cualquiera, mientras el femicida de nuestras hijas queda libre. 

No vamos a permitirles que sigan despreciando nuestra lucha. No vamos a permitirles que usen los crímenes de nuestras hijas para obtener vaya a saber qué: ni nos importa. Lo que sí nos importa es que hoy fue la audiencia del femicidio de Natalia Melmann. 22 años le costó a la familia llegar hasta este juicio y sentar al cuarto policía que la violó, torturó y asesinó. 14 años tenía Natalia. Falta todavía sentar en el banquillo al quinto asesino. La familia sabe que es un comisario. Pero ustedes no hablan hoy de eso. Hoy pretenden hablar de Lucía y eso es lo que no les vamos a permitir más: que se hagan las distraídas para distraer.

Hablen de ustedes: de lo que tienen que hacer para ganarse un reconocimiento, un peso, un lugar en la radio. De todo el abuso y la violencia que las rodea en la academia, en los medios y en los espacios en donde se pavonean. 

O hablen de la policía, de los intendentes, de los fiscales y del servicio penitenciario, todos implicados en la impunidad de los femicidios de nuestras hijas.

Temas para opinar les sobran.

Pero nuestras hijas ni son un tema ni quieren su opinión.

Déjenlas en paz, y a nosotras no nos hagan perder más tiempo en sus pavadas: tenemos que luchar para que, en nuestros barrios, en nuestras provincias y en este país matar pibas no sea un tema opinable”.

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