Mujer
30/5/2026
La Justicia de Neuquén vuelve a beneficiar a un condenado por abuso sexual
La familia de la víctima repudió una nueva audiencia destinada a otorgarle permisos a Miguel Antonio Murer.
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Acción frente a las dependencias judiciales de Villa La Angostura.
El martes 26 de mayo una concentración frente a dependencias judiciales de Villa La Angostura repudió el otorgamiento de permisos a Miguel Antonio Murer, condenado por abuso sexual infantil. La acción fue convocada por familiares y personas cercanas a la víctima.
Ante la citación de una nueva audiencia para otorgarle los permisos, las puertas y ventanas del edificio aparecieron cubiertas de carteles denunciando la revictimización de la víctima y cuestionando el accionar de la Justicia. Uno de ellos resumía el sentimiento que atravesó toda la jornada: “Cuatro años y seis meses, una condena que parece un chiste”. La bronca crece aún más cuando, a pocos meses de la sentencia, la propia Justicia vuelve a discutir permisos y beneficios para el condenado.
Según fue publicado por medios locales, Miguel Antonio Murer fue condenado por abuso sexual gravemente ultrajante contra una niña por hechos ocurridos entre 2011 y 2012, cuando la víctima tenía entre 6 y 7 años.
Sin embargo, a menos de seis meses de conocida la sentencia, la Justicia ya le había otorgado permisos al condenado. Según denuncia la familia, estos beneficios fueron concedidos sin que fueran debidamente informados, permitiendo incluso que Murer regresara a Villa La Angostura.
La indignación volvió a crecer cuando se realizó una nueva audiencia para otorgarle nuevamente permisos. De acuerdo con lo expresado por la madre de la víctima, uno de los argumentos planteados para justificar la medida estuvo relacionado con la situación psicológica del condenado.
Fue esta nueva decisión la que motivó la acción realizada frente a las dependencias judiciales. La familia denunció que mientras la Justicia considera las necesidades del condenado, vuelve a ignorar las consecuencias que el abuso y la revictimización generan sobre la víctima y su entorno.
Durante la intervención también se señaló a integrantes del Poder Judicial vinculados a la decisión de garantizar estos beneficios para el condenado. Entre los nombres mencionados aparecen Diego Fernando Chavarría Ruiz, Eduardo Daniel Egea y Leticia Lorenzo.
La acción impulsada por la familia logró un primer resultado. La Justicia otorgó cinco días más para apelar la resolución.
La condena a Murer no fue una iniciativa de un sistema preocupado por garantizar justicia para la víctima. Fue una conquista arrancada mediante la lucha de la familia. Lo mismo ocurre con estos cinco días para apelar. No fueron producto de la sensibilidad de quienes tomaron la decisión, sino el resultado de una acción que puso de manifiesto el rechazo que generan estos beneficios.
La pelea de esta familia vuelve a poner sobre la mesa el rol de las llamadas madres protectoras, mujeres que enfrentan no sólo a los abusadores, sino también a estructuras judiciales y políticas que muchas veces terminan garantizando impunidad.
Lo ocurrido con Murer tampoco puede analizarse como un hecho aislado. En Neuquén distintos casos han puesto de manifiesto cómo las víctimas, las madres protectoras y las infancias terminan enfrentándose no sólo a situaciones de violencia, sino también a intervenciones judiciales y estatales profundamente revictimizantes.
El caso de Alexandra Savio expuso con crudeza este problema. La intervención del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para arrancar a un niño de los brazos de su madre dentro de un jardín de infantes generó un fuerte repudio y abrió un debate sobre el rol del Estado frente a las infancias y las mujeres que denuncian situaciones de violencia.
Las denuncias que involucraron a Claude Staicos, funcionario del gobierno provincial, y la actuación de distintas instituciones estatales volvieron a poner en discusión los vínculos entre poder político, Justicia y protección efectiva de las infancias.
La desconfianza de la familia hacia las decisiones judiciales tampoco surge de la nada. Quienes impulsan esta pelea cuestionan los vínculos de poder que rodean al caso y la independencia con la que se toman resoluciones que terminan beneficiando al condenado.
En ese marco, la familia señala que Miguel Antonio Murer es primo hermano del intendente de Villa La Angostura, Javier Murer. Para la familia, este vínculo refuerza la necesidad de que cada actuación judicial sea sometida al más estricto control público y social.
Más allá de las responsabilidades individuales, vuelve a quedar expuesto un problema de fondo. La estrecha relación entre poder político y poder judicial alimenta la desconfianza de quienes buscan justicia mientras observan cómo se habilitan beneficios para quienes fueron condenados por delitos gravísimos.
La acción impulsada por la familia tuvo un primer resultado y permitió reabrir la discusión sobre la decisión judicial que beneficia al condenado.
La pelea continúa. Rodear de solidaridad esta lucha y fortalecer la organización independiente será fundamental para enfrentar la impunidad y la revictimización.
Este 3 de junio, todas a las calles contra la impunidad, la violencia y la revictimización de mujeres, niñas, niños y diversidades.
Por un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, independiente de todos los gobiernos y del Estado.
