Mujer

26/8/2022

Legislatura porteña: una comisión de mujeres reacia a pedir justicia por Cecilia Basaldúa

Amanda Martin junto a familiares de Cecilia, exigieron en la legislatura porteña el tratamiento de un proyecto para que se apoye el reclamo de verdad y justicia.

Acompañando el reclamo por justicia.

El pasado 16 de agosto en la reunión de diputadas titulares de la comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad participaron Susana Reyes y Daniel Basaldúa, padres de Cecilia, invitados por la legisladora Amanda Martin. A mediados de abril de este año cuando se estaban por cumplir 2 años del femicidio de Cecilia Basaldúa,  desde las bancadas del Partido Obrero en el Concejo Deliberante de Córdoba, en el Congreso nacional y en la Legislatura de CABA, se presentaron declaraciones para acompañar la lucha de familiares y del movimiento de mujeres que colmó las calles por verdad y justicia para Cecilia.

Para el caso porteño, el proyecto fue tratado parcialmente en la comisión antes mencionada que es dirigida por Lucia Cámpora del Frente de Todos. En la primera instancia de discusión entre asesores, se rechazó que avance la discusión en la reunión de diputadas de la comisión alegando que el poder legislativo “no puede inmiscuirse en el poder judicial”. Pero lo que se discutía era un apoyo a la lucha, no una instrucción al poder judicial. Mas allá de eso, apelar al republicanismo cuando el caso de Cecilia es testigo en lo que respecta al encubrimiento de fiscales y jueces al accionar de una policía ultramisógina, violenta y emparentada con el narcotráfico  demuestra que desde ambos lados de la grieta la “autonomía” de la justicia tiene mas valor que cualquier discusión de su carácter podrido.

Tales aseveraciones por parte de las voceras de las diputadas “feministas” en la ciudad, motivaron la denuncia a este accionar en la reunión que pretendía no tratar el caso de Cecilia, exigiendo que el tema se discuta y les diputades se posicionen a favor de familiares y el movimiento de lucha.

La campaña de apoyo en los parlamentos al pedido de justicia en el caso de Cecilia, apunta primeramente a sumar presiones para desenmascarar y quebrar la orientación de encubrimiento que encaró la justicia local actuante en la causa. El botón de muestra de esta orientación se dio con el armado de una causa contra Lucas Bustos, un obrero de la zona que fue acusado sin pruebas y apaleado por la policía para declarar como culpable, permaneciendo 2 años preso y absuelto recientemente gracias a la lucha que también consiguió el apartamiento de la fiscal encubridora, Paula Kelm.   A pesar de eso, el crimen sigue impune y se abre una nueva etapa en el proceso judicial donde se exigirá que se tomen en consideración las abundantes pruebas que apuntan a Mainairdi, expolicía y propietario de la vivienda donde Cecilia residía en Capilla.

Que resuene el reclamo por verdad y justicia por Cecilia en los parlamentos, también permite abrir el debate sobre a qué nos referimos cuando decimos que el sistema judicial es revictimizante, disciplinador y el principal responsable de que los femicidios sigan siendo moneda corriente en nuestra sociedad. En lo que va del 2022 ya son 203, según el observatorio Lucia Pérez. En la comisión de Mujeres de la legislatura, constantemente el kirchnerismo trae a cuenta la necesidad de una reforma judicial feminista, siendo su directora -quien rechazó que diputadas de la comisión discutan la declaración de justicia por Cecilia- la principal portavoz de esta campaña. Si el kirchnerismo nunca detalla qué pretende con esa reforma, es porque en definitiva no pasa de un slogan de campaña y no una reivindicación por la que organizarse y luchar para conseguirla.

Desde el Plenario de Trabajadoras no rechazamos el reclamo por una reforma judicial, pero queremos discutir en qué términos. Entendemos que es necesario unificar los fueros civil y penal por los que hoy deben pasar las víctimas de violencia de género para denunciar. A su vez, creemos que jueces y fiscales deben ser elegidos por el voto popular y ser cargos revocables para evitar que se monten redes de encubrimiento como la que se viene dando en el caso de Cecilia. La responsabilidad del estado y la descomposición total del sistema judicial se ponen de relieve en el hecho de que solo la lucha incansable de familiares y del movimiento de mujeres organizado, han permitido el avance y la investigación en la causa de Cecilia.

La realidad que se dejó ver en el caso de Cecilia y que continua a 8 años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos merece ser discutida por el conjunto del movimiento de mujeres en los pre-encuentros regionales y el encuentro plurinacional de San Luis, para resolver nuevas acciones dándole continuidad a la lucha de justicia por Cecilia y para alcanzar una reforma judicial que verdaderamente sea emancipatoria para mujeres y diversidades trabajadorxs.

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