Mujer
31/10/2025
CÓRDOBA
Una joven se suicidó por la inacción judicial, luego de 28 denuncias por violencia y abusos
Brenda Gázquez sufrió durante siete años acosos y amenazas por parte de un grupo de hombres.
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Brenda tenía 28 años.
Brenda Gázquez, de 28 años, oriunda de Barrio Las Palmas en la ciudad de Córdoba, se quitó la vida luego de realizar múltiples denuncias por abuso sexual, acoso y violencia física por parte por un grupo de hombres. Durante siete años, recibió acoso y amenazas. La familia asegura que hizo más de 28 denuncias, pero a pesar de eso nunca recibió respuestas judiciales ni protección.
Su hermana, Jessica Gázquez, expresó ante los medios que Brenda no pudo superar lo que vivió y tomó la peor decisión, “pero no la juzgo porque vi su sufrimiento todos los días; tenía ataques de pánico, hacía un año que no salía a la calle porque la amenazaban con matarla a ella y a toda la familia”.
También denunció que “la violaron y la Justicia no hizo nada: la fiscal Alicia Chirilo que estaba en ese momento se lavó las manos y la trató como lo peor”. Relató que “le pegaron en la puerta de mi casa, nos prendieron fuego la casa, golpearon y manosearon a mi mamá”.
“Le dejaron daños físicos y psicológicos, al punto de que tenía miedo de vivir. La agarraron, le pusieron un arma en la boca y le decían que la iban a matar. Ella decía ‘o me quitó la vida yo o me la quitan ellos’”. Y agregó: “como familia hicimos todo lo posible, pero el pánico la consumió. Nadie la ayudó. Queremos justicia”.
La inacción criminal del Estado, una vez más
Brenda contaba con botón antipánico y sistema de monitoreo dual que no funcionaban, al igual que ocurrió con otras víctimas. Su familia asegura que el día que murió mandaron 20 móviles, pero que “cuando llamaba porque el sistema marcaba que los tipos estaban cerca, nunca venían”.
Este caso no es un caso aislado, un femicidio sucede cada 23 horas en nuestro país, y a pesar de las múltiples denuncias la justicia mira para otro lado. En el caso de Luna y Mariel vimos cómo aparece la responsabilidad ineludible del Estado, señalando a las víctimas y amparando a los violentos. Existen reiteradas denuncias por situaciones de violencia pero la Justicia no da resguardo alguno; entregan botones antipánico que no funcionan y los agresores siguen actuando con total libertad e impunidad.
La hermana de Brenda aseguró que “hace poco la llamaron de Tribunales II y la trataron re mal, como si ella fuera la culpable”. Hay que recordar que la fiscal Alicia Chirino ha sido cuestionada en reiteradas oportunidades por su inacción y encubrimiento de abusadores y violenctos. Con este cuadro, la familia exige la inmediata reapertura de la causa y que los responsables vayan presos.
El recrudecimiento de esta realidad se agrava con el discurso de odio y ataque a los derechos de las mujeres y diversidades que establece el propio gobierno de Javier Milei. Esto se reproduce en Córdoba en la medida en que el gobernador Martín Llaryora adhiere al programa de ajuste nacional, dando lugar al vaciamiento de las áreas destinadas a erradicar la violencia y alimentando la desidia judicial.
A las calles para enfrentar la violencia y los ataques
Hay que salir a las calles para exigir justicia por Brenda y para enfrentar esta realidad que se agrava. Sabemos que podemos ser marea y combatir al liberfacho de Milei, que cuenta con cómplices como Llaryora para avanzar contra todos nuestros derechos.
Noviembre trae una gran agenda de lucha para el movimiento, y en la provincia las mujeres y diversidades nos estamos preparando para salir a las calles: el próximo 15 por el día del Orgullo, el 19 contra los abusos a las infancias y el 25 por la eliminación de la violencia hacia las mujeres. También nos preparamos para viajar al 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias.
Vamos a poner en pie nuevamente un gran movimiento que enfrente la epidemia de femicidios que estamos sufriendo y la ofensiva de los antiderechos.
