Se va a cumplir un año de la desaparición de Loan Peña, y lo que queda a la vista es un entramado de impunidad absoluta. No solo no hay justicia, sino que nunca se investigó seriamente qué pasó con el niño: desde el inicio, todo el proceso judicial estuvo plagado de encubrimientos, desvíos y pactos de silencio producto de la connivencia estatal.

El caso tuvo una intervención directa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Patricia Bullrich, no solo se alineó con la versión trucha que pretendía cerrar el caso como un accidente –la de que Loan habría sido atropellado y enterrado por su tía Laudelina y su pareja Carlos Pérez–, sino que además salió públicamente a respaldar esta línea de encubrimiento, incluso cuando las pruebas y las denuncias la desmentían de plano.

Esa versión implicaba cerrar toda línea de investigación vinculada a redes de trata, abuso infantil o complicidad estatal, y fue sostenida mediante una campaña de amenazas, hostigamiento y operaciones de prensa, según denunció incluso la propia hija de Laudelina.

Mientras Valdés y Bullrich avalaban esta cortina de humo –ambos difundieron declaraciones y tuits apoyando la versión del "accidente"–, las calles se llenaron de movilizaciones exigiendo la aparición con vida de Loan y el fin de la impunidad. La presión popular y la evidencia acumulada hicieron que el blindaje se rompiera: el comisario Walter Maciel fue detenido por encubrimiento, junto a la concejala del PJ, María Caillava, y el exmarino Carlos Pérez, todos parte del núcleo que debía "buscar" a Loan y terminó implicado en su desaparición.

La situación escaló al punto que el propio gobernador Gustavo Valdés tuvo que remover a toda la cúpula de la Policía de la provincia. Lejos de un hecho aislado, esto demuestra que la desaparición de Loan puso en jaque a todo un esquema de connivencia institucional, donde las fuerzas de seguridad, el aparato judicial y el poder político actuaron para proteger a los responsables. Es una muestra del verdadero rol que cumple el Estado que, lejos de "combatir el delito" como sostiene Patricia Bullrich, protege a las redes de crimen organizado.

La jueza Cristina Sotelo –quien inicialmente tuvo la causa y la paralizó deliberadamente– fue finalmente apartada. Pero el rol de Bullrich fue igual o más nefasto: envió fuerzas federales no para buscar a Loan, sino para reprimir a quienes se movilizaban por él, en una escena que retrata con precisión para quién gobierna esta ministra.

Hoy Bullrich sigue defendiendo públicamente a policías asesinos como el que mató por la espalda a Thiago Correa en Ciudad Evita y hoy está preso por "exceso en la legítima defensa con resultado de muerte", mientras lleva adelante una doctrina de salvaje represión y gatillo fácil para blindar el ajuste y la impunidad. Su política de “mano dura” es en realidad una carta blanca para las fuerzas federales para arremeter contra la población, de la cual las principales víctimas son pibes pobres, mientras protege a redes criminales amparadas por el Estado.

Bullrich no combate el delito. Encubre a los peces gordos del crimen organizado, mientras aplica una política salvajemente represiva funcional al ajuste sobre los sectores más vulnerados, quienes a su vez son las principales víctimas de los negocios espurios. El caso Loan es una muestra brutal de hasta dónde es capaz de llegar un régimen para sostener su aparato de corrupción, represión y encubrimiento. Hoy, el dinero de esos negocios ilícitos cuenta con aval del Estado para ingresar al circuito formal sin ser investigado.

A un año de la desaparición de Loan, para conseguir justicia hay que terminar con el manto de impunidad, investigar las responsabilidades políticas detrás de la desaparición de Loan y el encubrimiento. Solo la movilización popular puede torcer este entramado de silencio y complicidad estatal.

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