Políticas

16/9/2025

A un año de la reglamentación del Rigi, mucho saqueo y pocas inversiones

Los pocos proyectos presentados eran previos, confirmando que el régimen es solo un beneficio extra para las multinacionales.

Vaca Muerta.

Trascurrió un año desde la reglamentación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi), aprobado en la Ley de Bases, mediante el cual el gobierno decía que el país iba a recibir un aluvión de capitales extranjeros. Sin embargo los proyectos se presentan a cuenta gotas, casi todos ellos ya existían previamente, e incluso la mitad son apalancados por YPF operada por el Estado. El Rigi solo sirve para ampliar los beneficios de un puñado de multinacionales

En septiembre de 2024, Luis Caputo anunciaba con bombos y platillos que habían accedido al Rigi emprendimientos por más de U$S 50.000 millones. Al cabo de un año los proyectos aprobados suman apenas U$S 8.573 millones, defraudando las expectativas del gobierno. Según un relevamiento de la Fundación Encuentro, se trata de siete proyectos aprobados, de los cuales seis ya estaban en marcha antes de la sanción de este paquete de prebendas. Todavía ninguno comenzó a operar y a generar divisas a través de la exportación. En definitiva, los montos en dólares de esas inversiones son a desembolsar en varios años, siempre y cuando las multinacionales no decidan incumplirlos.

Como vemos, los numerosos estímulos cambiarios, aduaneros e impositivos contemplados en el Rigi, que suponen una enorme entrega nacional, no sirvieron para atraer nuevas inversiones foráneas. A lo sumo incrementaron las ventajas de las multinacionales ya instaladas. El fracaso de esta política se ve nítidamente cuando reparamos en que el saldo de la inversión extranjera directa, en los primeros seis meses del 2025, fue negativo en U$S 2.740 millones, según los cálculos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

La falta de entusiasmo de los pulpos extractivistas aún con el Rigi obedece tanto afuera como adentro. Por un lado a la evolución de la crisis mundial, con la caída de los precios de las materias primas. Pero también a la insostenibilidad del rumbo económico de Milei, que agrava la quiebra y el hipotecamiento del país tan notoriamente que los grandes capitales descreen que efectivamente concrete una liberación del cepo para girar dividendos a sus casas matrices; hasta advierten que la parálisis de la obra pública perpetúa la ausencia de infraestructura necesaria.

Lo anterior frustra los planes de la gestión libertaria, que pretende, a partir del desarrollo de la explotación minera e hidrocarburífera, recabar dólares para el repago de la deuda. Desde el primer día el gobierno se lanzó a reforzar la matriz primarizante de la economía argentina, agravando el saqueo nacional. Un ejemplo de eso es lo que ocurre con el avance del fracking en Vaca Muerta, puntal -junto con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner- del superávit energético obtenido el año pasado por U$S 5.668 millones. No obstante, en el país solo quedaron U$S 31 millones de ese saldo favorable, el resto se lo fugaron las petroleras.

Un estudio titulado "Energía y Sector Externo-La Vaca Fugada", elaborado por Ejes (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental), explica que, de ese monto, U$S 1.450 millones no pasaron por las reservas del Banco Central porque fueron liquidados al dólar blend. A su vez, las petroleras giraron U$S 2.228 millones a sus casas matrices utilizando diversas maniobras para burlar el cepo cambiario: U$S 567 millones fueron remitidos bajo el rótulo de "contratación de servicios con el exterior"; U$S 358 millones se drenaron mediante la compra de activos financieros (dólar MEP, CCL o bonos); y, U$S 1.207 millones, estuvieron dirigidos al pago de intereses de deuda entre filiales de un mismo grupo (autopréstamos).

Así las cosas, el extractivismo en Vaca Muerta casi no dejó dólares en el país a causa de la fuga de capitales, pero sí depredación ambiental, como la inducción de 500 sismos en cinco años en la cueca neuquina o la crisis hídrica en la región debido al intenso consumo de agua que requieren las fracturas hidráulicas, perjudicando a las poblaciones locales.

Para poner fin a este régimen de expoliación, que el infructuoso Rigi vino a profundizar, es necesario nacionalizar bajo control obrero los yacimientos mineros e hidrocarburíferos, en función de orientar esos bienes comunes al desarrollo nacional y a satisfacer las demandas populares, en el camino hacia una transición energética compatible con el cuidado del ambiente. A su vez, los trabajadores tienen que centralizar y tomar el mando del sistema financiero y del comercio exterior -así como también repudiar la deuda externa y romper con el FMI- para cortar con la fuga de divisas, lo cual solo será posible cuando esta clase social llegue al gobierno.

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