En Salta, a partir de la semana que viene el boleto del colectivo llegará a $290 y el 4 de marzo a $490. A esto se suma la reducción del número de viajes gratuitos para estudiantes y jubilados; aunque no se conocen sus términos precisos, el comunicado ya menciona restricciones para su uso el fin de semana. Una vez más el gobierno salteño le carga a los usuarios el costo de un sistema donde las empresas prestadoras han obtenido ganancias siderales sin arriesgar un peso.

La excusa para este golpe brutal al bolsillo de los usuarios, que es un aumento del 350%, es que la provincia deberá funcionar en base a un presupuesto nacional prorrogado en los mismos valores de 2023. Si bien es cierto que Nación prorrogó el presupuesto y Salta hizo lo mismo, es completamente falso que los ingresos provinciales sean los mismos que en 2023. Esto vale para los ingresos por impuestos provinciales o para los que la provincia coparticipa de Nación. Toda esa recaudación crece conforme crecen los precios con la enorme inflación ya que los impuestos como el IVA o Actividades Económicas, los cuales recauda la provincia, son porcentajes sobre los precios.

La verdad es que tanto Milei como Sáenz pretenden eliminar los subsidios al transporte (que salen de los impuestos que paga casi exclusivamente la mayoría trabajadora) y usan la excusa de la crisis para cargar por completo el funcionamiento del sistema sobre los usuarios que percibimos salarios, planes sociales o jubilaciones pulverizados por la inflación. En medio del boletazo se sostiene una rentabilidad empresaria enorme sin que se abran los libros contables para que se sepa cuáles son los verdaderos costos del sistema.

El gobierno salteño duplicó para este año los subsidios que aporta al sistema en relación a lo que aportó el año pasado. A esto hay que sumarle el hecho de que hasta octubre se han recibido montos mayores de subsidios nacionales respecto a los que estaban presupuestados. Hasta ese mismo mes, según se desprende de la ejecución presupuestaria, de los 16 mil millones presupuestados de subsidios nacionales, se ejecutaron 18.800 millones; es decir que hubo un importante incremento.

Nada se dice sobre el esquema que en Salta garantiza a las prestadoras el pago por KM recorrido con independencia del número de boletos vendidos. Es este sistema, vigente desde hace 20 años y completamente parasitario, el que ha vuelto multimillonarios a los empresarios del sector (buena parte de ellos ligados a las camarillas que gobernaron Salta las últimas décadas). Nunca se plantea una reducción de esa ganancia parasitaria, que debería ser eliminada. El servicio tiene que ser completamente estatal y estar bajo control de trabajadores y usuarios.

Desde el Polo Obrero y el Partido Obrero hemos protagonizado el 11 de enero una importante movilización contra los tarifazos del agua, la luz y el boleto. Llevaremos muy alto al paro y la movilización del 24 el reclamo por la caída del boletazo y de todos los tarifazos. Necesitamos servicios públicos estatales bajo control de los trabajadores, la crisis debe ser la oportunidad para terminar con el parasitismo empresario y no para dejar afuera del acceso a los servicios a buena parte de los trabajadores salteños y defender el curro empresario como lo hacen Milei y Sáenz.