Políticas
26/8/2026
Ante el pico de morosidad, Milei y Caputo salen a dar garantías... a los bancos y Galperin
Se otorgan más potestades para cobrar los créditos y el acceso privado a los ahorros de los jubilados.
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Casi 6 millones de personas tienen atrasos en sus pagos y la morosidad se dispara como resultado de la crisis económica y la política antiobrera y antipopular del gobierno “libertario”, mientras que Milei afirma que los conflictos entre privados no deben ser asunto del Estado, pero el Banco Central prepara un mecanismo para asegurarles a bancos y billeteras virtuales el cobro de sus créditos. La misma lógica aparece en el anunciado uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para apuntalar los créditos hipotecarios de la banca privada, con un gobierno que interviene, pero siempre del lado de los prestamistas, mientras millones de jubilados sobreviven con haberes de indigencia.
La tasa de morosidad en préstamos personales y saldos de tarjetas de crédito llegó en junio al 12,8%, luego de subir de manera casi ininterrumpida desde 2024, cuando rondaba apenas el 3%. El analista Matías Fernández -cuya consultora Pública trabaja para Mercado Libre- calcula una deuda mediana de $643.000 y un stock total en mora de $17,79 billones. Mercado Pago -caracterizada por sus prácticas abusivas y usurarias- concentra cerca del 19% de las personas morosas, como una muestra del endeudamiento masivo de los sectores de menores ingresos.
Estamos ante la consecuencia de salarios y jubilaciones pulverizados, empleo precario y familias obligadas a usar la tarjeta, préstamos y las billeteras virtuales para llegar a fin de mes.
¿Sabés por que Mercado Pago tiene el 19% de la cartera de mora y “solo” el 3% del monto total? Porque endeuda a los pobres que piden montos bajos para comer o pagar los servicios a tasas usurarias que llegan al 1.375%.
— Gabriel Solano (@Solanopo) August 26, 2026
El Estado respalda al capital financiero
Desde el 31 de agosto debería entrar en vigencia el sistema de Cobros por Transferencia, dispuesto por el BCRA para nuevos créditos. Bancos y Proveedores No Financieros de Crédito podrán debitar las cuotas pendientes de las cuentas del cliente, incluso si el préstamo fue depositado en otra entidad, siempre que exista una autorización previa.
La cuota deberá ser fija y no superar el 30% de los ingresos, y el acreedor podrá realizar un intento inicial de cobro y hasta dos reintentos posteriores. Se presenta la medida como una prevención del sobreendeudamiento, pero aparece cuando la morosidad ya alcanzó niveles explosivos y apunta fundamentalmente a reducir el riesgo de incobrabilidad de bancos y fintechs.
Los acreedores ya cuentan con un sinfín de herramientas para perseguir a las familias endeudadas: pueden inhabilitar tarjetas, ejecutar judicialmente las deudas, embargar una parte del salario e inhibir bienes. Los trabajadores informales quedan sometidos a registros como el Veraz y excluidos del crédito. Cuando la deuda pasa a manos de estudios de cobranza, comienzan con frecuencia métodos de presión todavía más agresivos. Está claro que la cancha está inclinada en favor de los capitalistas.
La caja de los jubilados al servicio de los bancos
La contradicción se vuelve más brutal con el anuncio de una medida de Luis Caputo para reactivar el paralizado crédito hipotecario. El gobierno proyecta utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que concentra dinero destinado a respaldar el vaciado sistema previsional, para fondear a la banca privada y sostener esos préstamos.
Se trata de un reconocimiento oficial al fracaso de la política crediticia y habitacional del Milei, con una respuesta que no busca garantizar viviendas ni mejorar los ingresos populares, sino inyectar recursos de los jubilados –los cuales son empleados para comprar deuda basura del Estado que nunca se paga- en favor del capital financiero y un esquema que asegura sus ganancias.
Cabe destacar que Caputo y el gobierno nacional son la principal aspiradora de fondos de los bancos para absorber los pesos en circulación y evitar una corrida cambiaria, lo que encarece más el crédito para la industria y los trabajadores.
Mientras tanto, millones de jubilados cobran haberes que no alcanzan para vivir y deben endeudarse con los bancos que se quedarán con sus haberes para pagar alimentos, medicamentos y servicios.
Milei es un fracaso como “libertario”, ya que apela al intervencionismo del Estado en favor de las patronales y el capital. Hay que actuar en defensa de los trabajadores endeudados, partiendo de la condonación de las deudas onerosas, la eliminación de intereses punitorios y multas, quitas de capital para las familias de menores ingresos y planes de refinanciación sin interés, con cuotas que no superen el 15% de los ingresos. A esto suman la suspensión cautelar de los cobros de préstamos cuestionados por usurarios -como los otorgados por Mercado Pago-, la investigación y sanción de estas prácticas y la organización de los millones de endeudados en una lucha común contra bancos, financieras y fintech, por la nacionalización del sistema bancario y financiero para constituir una banca estatal única bajo control de los trabajadores, junto con una recomposición de salarios y jubilaciones que permita terminar con la necesidad de endeudarse para comer, pagar servicios o acceder a medicamentos.
