Aumento del colectivo en Córdoba: “las empresas se han convertido en un agujero negro”

El boleto de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba pasó de $ 1.720 a 2.150, un aumento del 25% que supera la inflación del año. El fuerte golpe al bolsillo fue impuesto el pasado sábado, en las vísperas de la final del mundial de futbol, y de esta manera la docta tiene el boleto más caro del país.

A pesar de los siderales incrementos en los boletos que no guardan relación con los salarios, el servicio no mejora, en varias líneas la frecuencia es un padecimiento diario. Queda en evidencia que el sistema de transporte bajo administración privada fracasó, usuarios pagan un boleto cada vez más caro que no guarda relación con el servicio prestado.

Además, las paritarias de choferes fueron a la baja, con lo cual las patronales no pueden alegar el costo de los salarios como argumento para intentar justificar los aumentos.

El costo del boleto tiene un impacto terrible en la economía de las familias trabajadoras. Desde 2023 el boleto aumentó un 795%. Ningún salario subió ni cerca de eso. Para miles de trabajadores, ir y volver del trabajo en colectivo, consume entre el 25 y el 30% de sus ingresos.

Hay que tener en cuenta que, desde noviembre de 2023 hasta los datos oficiales más recientes de junio de 2026, la inflación acumulada en Argentina se ubica en torno al 320%. Como se ve, los incrementos del boleto superan ampliamente la inflación acumulada.

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"Las empresas concesionarias se han convertido en un agujero negro. Además del corte de boleto, reciben fondos del municipio, subsidios al combustible, e indirectamente son beneficiarios de los boletos subsidiados por parte de nación y provincia. Entonces, ¿cómo puede ser que nunca alcance? ¿A dónde van todos esos fondos?”, cuestionó la concejala del Frente de Izquierda Unidad, Cintia Frencia.

No es clara la gestión de recursos que hacen, no se aplican los controles ni sanciones por parte del municipio, y con la "emergencia en el transporte" el intendente Daniel Passerini se maneja con total discrecionalidad. Dispone aumentos de boleto, modificaciones de líneas, establece prórrogas, contrataciones precarias, etc, todo fuera de control parlamentario. “Hay que terminar con este negociado. El transporte tiene que estar al servicio de quienes lo usan todos los días, no de las ganancias de un puñado de empresarios. Por eso exigimos abrir los números de las empresas”, planteó la mencionada concejala.

“Hay que avanzar en la estatización del transporte, bajo control de trabajadores y usuarios, ya que el municipio se ha mostrado incapaz de garantizar un servicio de transporte acorde a las necesidades de los vecinos. No se puede seguir financiando la renta empresaria con aumentos descomunales que impactan en los bolsillos empobrecidos de los usuarios”, propuso Frencia.

Hay que decir que a iniciativa de Frencia, el bloque del FIT-U presentó un pedido de informe y planteo de estatización del servicio bajo control de trabajadores y usuarios, en función de defender los salarios del pueblo trabajador y el derecho al transporte.