Políticas
18/5/2026
Avanzada represiva y desalojos: el plan de guerra del gobierno de CABA contra los barrios populares
"Tormenta Negra" y los operativos policiales fascistas de Macri contra el pueblo trabajador.
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Jorge Macri en la militarización de 17 villas de la ciudad.
En la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de Jorge Macri ha lanzado una ofensiva contra los barrios populares. El jueves esa ofensiva tomó forma concreta en el operativo “Tormenta Negra”, con más de mil quinientos efectivos desplegados simultáneamente sobre diecisiete villas de la Ciudad. El gobierno intentó presentarlo como una acción contra el narcotráfico, pero fue otra cosa: un operativo fascista y racista masivo de control, hostigamiento y ocupación policial sobre la vida cotidiana de miles de familias trabajadoras.
Este despliegue de violencia estatal se inscribe en un proceso más amplio de desalojos en hoteles y viviendas precarias, operativos de expulsión, controles territoriales y un avance sistemático sobre los espacios donde se organiza la vida social en los barrios más golpeados.
Terror y disciplinamiento social
El operativo “Tormenta Negra” condensó la orientación represiva del gobierno. Más de mil quinientos efectivos de la Policía de la Ciudad fueron desplegados de manera simultánea sobre 17 barrios populares, entre ellos Villa 31, 1 11 14, 21 24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, INTA Bermejo, Padre Mujica, Cildañez, Barrio Mitre y Villa 6, con drones, helicópteros, vehículos blindados y un operativo mediático a gran escala. En el propio despliegue se hizo presente Jorge Macri, marcando la conducción política directa del operativo.
El gobierno presentó el operativo como una ofensiva contra el narcotráfico. La oposición de derecha lo celebró como un gesto de orden y mano dura. Pero lo que ocurrió en los barrios fue otra cosa, una operación de ocupación territorial que recurrió a prácticas destinadas a infundir terror para avanzar sobre la población trabajadora y sus organizaciones.
La violencia fue directa. En distintos barrios, las fuerzas abrieron fuego con escopetas en calles donde había niños, realizaron requisas humillantes a niñas, decomisaron herramientas de trabajo de cartoneros, destruyeron puestos ambulantes y removieron espacios comunitarios. No fueron excesos ni desbordes, fue el modo en que se ejecutó una operación destinada a quebrar la organización popular y destruir la vida social comunitaria.
La espectacularización mediática no fue un accesorio, fue parte del operativo. Se montó para disputar el electorado de derecha que hoy se referencia en Milei, para mostrar mano dura, reforzar la narrativa que criminaliza la vida popular y presentar la ocupación como una acción de seguridad, ocultando que lo que se desplegó fue una operación de disciplinamiento sobre los barrios trabajadores.
"Fue muy grave lo que paso antes de ayer. La militarización que vimos en los barrios. Claramente no fueron a buscar a ningún narco, lo narcos viven en los countries, en Nordelta, forman parte del gobierno de Milei o fueron candidatos"
— Prensa Obrera (@prensaobrera) May 16, 2026
Jere, Polo Obrero https://t.co/yLDPes5wLP pic.twitter.com/kfWfVBrRrs
El narco como engranaje del Estado y del capital
El gobierno presentó la acción como una ofensiva contra el narco. Pero en la Argentina y en el mundo, el narcotráfico no funciona por fuera del Estado. Alimenta cajas de comisarías, brigadas y operadores políticos y mueve una cantidad de plata enorme que no queda en los barrios: se integra rápidamente a los circuitos del poder económico, donde se lava en negocios, bancos y proyectos inmobiliarios manejados por los mismos sectores que lucran con ese flujo. Las fuerzas de seguridad regulan la circulación, recaudan, habilitan zonas y ordenan el funcionamiento de esas redes, disputando la distribución de la caja.
Por eso una presencia policial más intensa no debilita la actividad narco: la refuerza, porque coloca más hombres armados del aparato represivo a disposición de la actividad narco ampliando los recursos con los que opera. El entrelazamiento entre Estado, capital y narcotráfico es tan profundo que el propio Estado se ha vuelto incapaz de erradicarlo; antes bien, lo garantiza. Su expansión en todo el país, pese a los sucesivos operativos policiales, lo demuestra.
Mientras se militarizan los barrios populares, quienes realmente se benefician del negocio permanecen intocados. Con la excusa de “combatir el narcotráfico”, se destruyen puestos de trabajo, se decomisa mercadería y se persigue a quienes viven de su esfuerzo cotidiano.
Golpear la organización y la lucha popular
El operativo, lejos de estar dirigido contra los narcos, fue un despliegue de ocupación territorial sobre los barrios populares que recurrió a acciones destinadas a infundir terror, orientado a avanzar sobre la población trabajadora, sus formas de existencia y su capacidad de resistencia.
Las villas de la Ciudad son asentamientos habitacionales de emergencia, marcados por condiciones de extrema precariedad donde viven los sectores más golpeados de la población. En ese contexto adverso, muchas familias se ven obligadas a sostener formas de organización colectiva para atravesar el día a día. La solidaridad, las relaciones comunitarias y la lucha cotidiana expresan la necesidad de defender la vida en un entorno de hostilidad permanente.
La represión actuó sobre los lugares donde se sostiene la vida en el barrio y sobre las formas de organización popular que enfrentan el ajuste. El objetivo es golpear los espacios de organización popular: comedores, merenderos, redes barriales, asambleas y agrupaciones piqueteras. Tiene como correlato el armado de causas judiciales a partir de denuncias truchas para perseguir a los luchadores y organizadores de los barrios, como la que montaron contra el Polo Obrero.
Ajuste, expulsión y privatización
La ofensiva represiva forma parte del proceso de privatizaciones, ajuste y saqueo que atraviesa al país. El gobierno busca liberar territorios para el capital inmobiliario, y para eso necesita quebrar la organización en los barrios populares.
En las villas viven miles de trabajadores asalariados, a quienes las redes de solidaridad permiten complementar ingresos para subsistir. Es una necesidad ante las condiciones de explotación extrema y remuneraciones miserables que caracteriza hoy al mercado de trabajo argentino. La expulsión de quienes hoy sostienen su vida en estos territorios agravaría la situación de una masa de fuerza de trabajo que presiona los salarios aún más a la baja, abriendo nuevas oportunidades de valorización para el capital.
El Estado apunta contra comedores, merenderos, asambleas, cooperativas, organizaciones sociales y el movimiento piquetero. Como la burocracia sindical de la CGT le da la espalda a la unidad del movimiento obrero ocupado y desocupado, sin esa organización barrial cada familia queda sola frente al capital y frente a la represión.
Liberar suelo urbano para negocios inmobiliarios
Cada operativo de ocupación policial sobre los barrios populares prepara el terreno para liberar suelo urbano al capital. La criminalización de la vida barrial no es un efecto colateral: es un mecanismo para encarecer el territorio, desplazar a la población trabajadora y poner la tierra urbana a disposición de los negocios inmobiliarios.
No se trata sólo de desplazar familias: se trata de transformar la composición social de la ciudad, de arrancar a la clase trabajadora de zonas de la Ciudad para poner esa tierra al servicio de la valorización del gran capital.
La expulsión adopta múltiples formas: desalojos, aumentos impagables de alquileres, persecución a la economía popular, destrucción de puestos de trabajo, hostigamiento policial, cierre de espacios comunitarios. Todo apunta a lo mismo: romper el vínculo entre la comunidad trabajadora y su territorio para que este pueda ser apropiado por el capital.
"El operativo donde dejaron sin laburo a cientos de copañeras y compañeros en medio de la crisis económica. La indignacion corresponde, son unos fachos, unos racistas, esta sociedad esta repleta de racismo. Este operativo tiene que hacerse en Puerto Madero, en Vicente Lopez, en… https://t.co/sBO3hUUs5C pic.twitter.com/v3wBohBzwe
— Prensa Obrera (@prensaobrera) May 16, 2026
La lucha por la vivienda es la de todo el pueblo trabajador
La lucha por la vivienda, por el derecho a permanecer en el barrio, por la urbanización real y por la defensa de los comedores y las organizaciones sociales es una lucha por la vida. Por la posibilidad de vivir sin miedo, de criar pibes sin que los reclute el narco, de sostener redes de solidaridad sin que las destruyan la policía o las bandas, de habitar la ciudad sin ser expulsados.
Es la lucha por un futuro para nuestros pibes y por la continuidad misma de la vida de la clase trabajadora en su territorio. La defensa del barrio, de la organización popular y de la vida común es la condición para que ese futuro exista.
Y es también la pelea por un futuro mejor, construido desde la fuerza colectiva que sostiene la vida todos los días en nuestros barrios. La lucha de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, la lucha contra los desalojos en los hoteles familiares y la lucha contra la represión es la lucha de todo el pueblo: es la lucha por el derecho mismo de la clase trabajadora a existir, a organizarse y a pelear por un porvenir propio.
