La semana pasada el intendente Grosso tuvo que dar marcha atrás en el decreto que dejó sin fondos a los Hospitales frente a la amenaza de los médicos municipales de retomar la movilización el jueves 8 con un paro y concentración frente al Hospital de Niños. El Acta-Compromiso que firmó con la Asociación de Módicos Municipales “asegura para todos los hospitales de la Comuna el flujo de recursos que permita su normal desenvolvimiento” (solicitada de la Asociación de Médicos). También habría reincorporado a los módicos que estaban en el Reno, el organismo que los mantiene en “disponibilidad" como antesala del despido.

Al día siguiente, Grosso tuvo también que retroceder en el intento de extender el horario de los trabajadores municipales que debía haberse iniciado el 1° de octubre, frente a la amenaza de un paro del sindicato municipal (UOEM); reincorporó a los trabajadores de Rentas y de Parque de la Ciudad como “excepción” y se “comprometió” a no ejecutar despidos.

Sigue la lucha

Los padres de la Escuela Presidente Uriburu, del Distrito 2°, coordinaron con padres de otras escuelas de la zona una “sentada ", que cortó el tránsito en tomo al Parque Centenario durante un par de horas, en reclamo por el servicio de comedores y para que se cubran vacantes de maestros suplentes, etc.

Los trabajadores no docentes de las escuelas nacionales transferidas al municipio realizaron una marcha para reclamar equiparación salarial y para que se cubran las vacantes por renuncias.

El decreto 2388, sin embargo no ha sido derogado. Las direcciones de la UOEM y de la Asociación de Médicos han pactado en sus áreas (es necesario que se explique los términos exactos de los acuerdos alcanzados) pero impidieron que se constituya un frente de lucha de todos los trabajadores y vednos.

El grosso-menemismo se ha lanzado al remate de edificios y bienes comunales con el propósito de establecer un pretendido “Fondo de Consolidación Urbana” que, como bien sospechan los vecinos y trabajadores, será volcado al pago de los concesionarios-estafadores y a nuevos negociados.

Los estafadores amenazan a la ciudad

Los “capitanes de la industria "beneficiados con las concesiones-privatizaciones de los servicios públicos han comenzado a sabotear las prestaciones alegando el retraso de los pagos de la Municipalidad. Hace 10 días la patronal de Cliba creó artificialmente un conflicto despidiendo a dos trabajadores y luego a todos frente a la reacción de sus compañeros.

La montaña de basura también está creciendo en el área controlada por Manilba-Macri, que dejó de lado las horas extras y los servicios adicionales (un verdadero trabajo a “desgano’).

Estos sectores están reclamando un Bono de refinanciamiento que les reconozca los afanos cometidos con las “tarifas” y que se pueda usar para las próximas privatizaciones.'

Crisis política

Cuando se anunció la puesta en marcha del plan “racionalizador”, el diario La Nación lo saludó en un editorial planteando “que es de esperar sean ejecutadas con la firmeza necesaria" (21/9).

Pero Grosso enfrenta una crisis por la resistencia obrera y por su dificultad para aplicar nuevos tarifazos e impuestazos. Hay indicios de que habría perdido la “confianza” de los "contratistas”, que ahora reclaman una salida “radical”.

La Unidad Socialista ya a planteó (Crónica 6/ 10) la necesidad de un “gobierno de transición pluralista municipal", en tanto que Suarez Lastra, en un reportaje (El Cronista 4/10) dijo que la UCR aceptaría integrar un gobierno de transición “siempre y cuando no esté Grosso". De acuerdo a Ámbito Financiero (9/10) el intendente de “transición”, pactado con De la Rúa, sería Saturnino Montero Ruiz, presidente del Banco Ciudad, un viejo onganía-videlista

La “oposición” está trabajando en la perspectiva de una coalición que llame a “compartir sacrificios” a la población. Por eso no reclama la derogación del decreto 2388. Tampoco atacan a los contratistas que esquilman a la ciudad. Grosso aparece como el chivó que debe expiar “todas las culpas”, para justificar un posterior “borrón y cuenta nueva”, apretarse el cinturón, arancel izar los servicios públicos, privatizar, tarifazos, cesantías municipales.

Nuestro planteo

Fuera los contratistas-estafadores y los políticos que los representan. Centralizar la lucha de los trabajadores y vecinos para la derogación del 2388, por la expropiación de los contratistas y por un plan de servicios públicos bajo control de los trabajadores y de los vecinos.

Asambleas en las barriadas para defender el Hospital, para garantizar el levantamiento de la basura y el funcionamiento de los comedores escolares. Fuera Grosso- Asamblea Popular.

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Una “Grossa” privatización radical en San Isidro

Mientras en Capital hace bambolla con el “juicio político” a Grosso, la UCR sigue una política perfectamente “grossista" en uno de los principales municipios que gobierna en el conurbano. El Consejo Deliberante de San Isidro, dominado por los radicales, acaba de votar la privatización del Hospital Central de San Isidro, para lo cual contaron con el voto de la “meno mis­to" Ucedé.

La “operación” concluyó en doce días, desde la presentación del proyecto hasta su aprobación: semejante “celeridad” es propia de los gestores de los negocios de los "Curetas" de la salud privada. Efectivamente, apenas aprobada la privatización, los “interesados” surgieron como hongos, el hospital Alemán, los sanatorios San Lucas y Santa Ana y la Fundación Hospitalaria, todos de San Isidro. Para darle un toque definitivamente “grossista” a la privatización, entre los interesados se encuentra el grupo Macri, asociado al Hospital Italiano

Los concejales radicales argumentan que sólo con la privatización se podrán concluir las obras del Hospital —comenzadas hace 32 años— y equiparlo. Pero como lo denunciaron los módi­cos y los trabajadores del Hospital, la Municipali­dad es el único responsable de que el Hospital no esté terminado: desde la dictadura militar el por­centaje de la recaudación del hipódromo local que debía destinarse al Hospital ha ido a parar a “rentas generales”. Una declaración aprobada en la asamblea de médicos y trabajadores del Hospital señala que con esa suma (3,8 millones de dólares en 1991; 4,2 millones en 1992) se podría haber terminado y equipado el Hospital.

La UCR le ha asegurado un negoción redon­do a los pulpos de la salud ya que San Isidro es una zona muy densamente poblada sin hospita­les de alta tecnología. Las vastas capas de traba­jadores que viven en el partido de San Isidro se han quedado sin salud.