Políticas
20/11/2025
Catástrofe del 7 de marzo en Bahía Blanca: el peronista Susbielles le cubre las espaldas a Milei
La reconstrucción no puede esperar más, que el Estado y el polo industrial y portuario pongan plata ya.
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Inundación Bahía Blanca (2023).
La inundación del 7 de marzo pasado dejó casi veinte muertos y una ciudad devastada: barrios enteros afectados, calles, puentes y rutas destrozadas; la Universidad Nacional del Sur, el Conservatorio de Música, el histórico Teatro Municipal, el Hospital Regional Penna, numerosas escuelas, han sido destruidos total o parcialmente. También han sido destruidas las insuficientes vías de evacuación del agua de la ciudad, incluido el Canal Maldonado.
Nueve meses después, la reconstrucción de la ciudad ni siquiera ha comenzado. Dejando a un lado la insuficiente ayuda estatal para la reparación de viviendas familiares, la inversión en obra pública ha sido nula. Más aún, el presidente Milei vetó la ley de emergencia para Bahía Blanca, que preveía un monto de $200 mil millones con destino a subsidios varios y a obras públicas de reconstrucción de la ciudad. La frutilla del postre es el alquiler que el mismo gobierno nacional (Ejército) le cobra a la ciudad por $35,3 millones por mes por los puentes provisorios que garantizan la conectividad de los vecinos y la ruta nacional 3 sur.
Vale recordar que el intendente de Fuerza Patria Susbielles dio una estimación inicial de más de $400 mil millones para la reconstrucción de la ciudad.
En este contexto, el gobierno provincial anunció que la obra de reconstrucción y ensanchamiento del Canal Maldonado comenzaría en 2026, con una inversión estimada de $35 mil millones, y Susbielles ha presentado en el presupuesto municipal el anuncio de repavimentación de calles por $40 mil millones, también con aporte de la provincia.
Más allá de esto, y ante la carencia de obras hidráulicas consideradas impostergables, Susbielles ha anunciado un “Plan Extraordinario de Reconstrucción Hidráulica” que consiste en trece obras hidráulicas menores distribuidas en quince barrios, por un monto estimado de 27 mil millones de pesos, que serían financiadas con un aumento temporario del 147% en la alícuota de la tasa de seguridad e higiene a las empresas del Polo Petroquímico: “El monto es el mismo que las empresas aportaron por el tornado, actualizado por inflación”. En aquella oportunidad (2023) se trató de un “aporte solidario” acordado con el intendente. A pesar de la insistencia del intendente en asegurar el carácter único y extraordinario de la sobretasa, en esta oportunidad el anuncio provocó el rechazo de las empresas del sector, que a través de un comunicado de la Cámara de Permisionarios y Concesionarios del Puerto de Bahía Blanca, manifestaron que la medida “pone en riesgo futuros proyectos de inversión y expansión”.
La amenaza de las empresas es un bluff. Se trata de enormes pulpos internacionales que pescan en una pecera, y tributan a declaración jurada porcentajes ínfimos de su abultada facturación, que no se vio afectada ni por el tornado de diciembre de 2023 ni por la inundación de marzo pasado. Más aún, las empresas del Polo Petroquímico más importante del país y la región gozan hace décadas y sin ningún tipo de control de un “Rigi” propio con numerosas exenciones y beneficios impositivos. Y también prioridad en el uso del agua por sobre la población, algo que los bahienses conocemos muy bien.
Según datos oficiales del municipio, en el primer semestre de 2025 la recaudación efectiva por tasas de servicios urbanos (ALC y Salud) ha sido superior a la que corresponde a tasas de seguridad e higiene a las distintas actividades productivas y comerciales.
Susbielles hace como el tero
El intendente hace mucha bulla con la supuesta financiación de las obras hidráulicas por parte del Polo Petroquímico para ocultar el brutal aumento proyectado en las tasas de servicios urbanos, del 70% para las viviendas, y del 81,3% para comercios, industrias y servicios. Bajo el supuesto de una inflación del 2,5% mensual, estos aumentos son del 49,1% y del 59% por encima de la inflación, respectivamente.
Es evidente que la pretensión de una supuesta redistribución progresiva por el anuncio de exenciones a jubilados que ganan menos de $660 mil por mes, o pequeños contribuyentes cuentapropistas, es una cortina de humo: el grueso de la financiación recae una vez más sobre la población de a pie afectada por la inundación. Los empresarios, por su parte, pueden trasladar el aumento de impuestos a los precios.
En un esfuerzo extremo de adaptación al gobierno nacional -que concentra el grueso de la recaudación impositiva-Susbielles se justifica diciendo que “el presidente Javier Milei es el primero que dice que para cada partida que se crea hay que justificar la fuente de financiamiento. Estamos en ese camino”.
Todas estas modificaciones están incluidas en las ordenanzas fiscal e impositiva que Susbielles envió al Concejo Deliberante para su tratamiento.
La oposición locales cómplice: el peronismo, derrotado en las dos últimas elecciones, cuenta con solo ocho concejales de los trece necesarios para aprobar las ordenanzas fiscal e impositiva. Sin embargo, ha conseguido en tiempo récord las firmas necesarias para su tratamiento exprés en el CD el 27 de noviembre, antes de su renovación de diciembre, y también contaría con los cinco votos prestados para aprobarlas. Lo mismo que Milei en el Congreso Nacional desde que asumió. Una mano lava la otra. Los “libertarios” -supuestamente contrarios al “robo” de los impuestos- han salido a defender a los pulpos del Polo sin decir una sola palabra del sablazo al conjunto de los bahienses que han soportado el impacto catastrófico de la inundación. Más aún, como parte de su oposición al aumento del gasto público, están en contra de todas las obras hidráulicas. Algunos han anunciado su voto negativo, sabiendo que no alcanzaría para rechazar la fiscal impositiva ni el presupuesto.
Las mencionadas ordenanzas, de más de 200 páginas, serían tratadas a libro cerrado.
En estas condiciones, el Partido Obrero rechaza la extorsión a la población bahiense de tener que cargar sobre sus espaldas el peso de las obras hidráulicas que corresponden al Estado provincial y nacional, y por otra parte sin ninguna injerencia de los barrios populares en las prioridades del plan de reconstrucción.
Promovemos la organización en todos los barrios, lugares de trabajo y de estudio para con la movilización popular exigir un programa popular de reconstrucción, financiado por el estado y las grandes empresas.
Las empresas del Polo industrial y portuario no solo no contribuyen en forma acorde a su capacidad, sino que son, entre otras, las que con su actividad altamente contaminante contribuyen en forma principal al cambio climático que estamos experimentando, que está detrás de las catástrofes ambientales como la ocurrida en Bahía Blanca. Algunos analistas consideran estos “aportes” empresarios como “impuestos por el derecho a contaminar”. Es más que evidente que una planificación urbana capaz de evitar una tragedia cada vez que sopla un poco más el viento o llueve por encima del promedio es incompatible con la organización capitalista, y requiere una planificación colectiva de la producción, y por lo tanto un gobierno obrero.
