Políticas
14/5/2025
Celulares, aranceles y huelga indefinida en el fin del mundo
La reducción de los aranceles a la importación de teléfonos celulares amenaza miles de puestos de trabajo en Tierra del Fuego.
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La UOM de Río Grande fue al paro por tiempo indeterminado.
El anuncio del gobierno de reducción de aranceles a la importación de celulares y otros productos tecnológicos tuvo un alto impacto en Tierra del Fuego, donde la industria de artículos electrónicos es una de las principales ramas de actividad y fuente de empleo de una porción importante de la población. La UOM de Río Grande se declaró en paro por tiempo indeterminado en rechazo a la medida y en defensa de los puestos de trabajo amenazados, en un gremio que viene sacudido por varias luchas en la isla.
Fue Adorni, en la recta final de su campaña electoral porteña, el encargado de informar que se reducirán del 16% al 8% las tarifas aduaneras que se pagan por la importación de teléfonos celulares, y que para enero bajarán a 0. La apertura a compras del exterior promete ser un fuerte golpe a la industria tecnológica apostada en la provincia más austral, donde representa un 35% de todo el producto bruto y el año pasado suprimió unos 4.000 puestos laborales.
El propio Sturzenegger, quien defendió la medida con un posteo en X, confesó cínicamente que "habíamos hecho una estimación y la pérdida neta de empleos por el régimen de la isla para el total del país era de unos 60.000 empleos" -contempla también el impacto de la modificación en los impuestos internos en celulares, televisores y aires acondicionados. Motivo de sobra para apoyar e impulsar la movilización obrera en defensa de los puestos de trabajo.
La justificación es que "el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero 'extra' en el bolsillo que gastarán en otras cosas", lo cual al fin y al cabo sería beneficioso porque "el ensamblaje es una actividad poco mano de obra intensiva". Por lo pronto, las empresas que comercializan estos productos refutaron de plano que ello se traduzca en bajas del 30% en los precios. Lo que seguro habrá detrás es un buen negocio para los importadores, mientras el gobierno siga apostando todo el esquema económico a mantener el dólar "barato".
"Es muy difícil que se pueda seguir fabricando celulares en Argentina, el costo argentino es muy alto para competir en igualdad de condiciones", dijo el CEO de Newsan, una de las principales firmas tecnológicas de la isla, que emplea a 11.000 personas. Es un anticipo de que buscarán sostener una cuota del negocio a base de mayor explotación de sus trabajadores.
En esa dirección vienen avanzando las patronales. La empresa Mirgor, que controla más de la mitad de la fabricación de celulares, afrontó en el último período múltiples conflictos por despidos, tercerización y ataque a derechos laborales elementales: en la contratista Iatec, en la ex Ambassador Fueguina (adquirida por el Grupo Mirgor), cuando despidieron a trabajadores en Río Grande que estaban con licencia médica por lesiones laborales, y recientemente en febrero ante cesantías en la tercerizada Fuego Cleaning. Según su balance de 2024, achicaron los gastos administrativos un 23% en base a menos sueldos y jornales.
La firma, que pertenece a Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía, anticipa que previó cambios en el régimen aduanero especial que goza la industria en la isla. En criollo, se fue posicionando también para aprovechar el negocio como importadora. En 2024 facturó fuera del país 400 millones, según el balance anual de Mirgor Internacional radicada en Uruguay para evadir al fisco argentino. Gracias a un convenio con Millicom firmado en 2023, Mirgor USA gestiona desde Miami la cadena de suministro de celulares hacia 12 países de América Latina (Bloomberg Línea, 5/5). Así, reportó en sus balances del año pasado una ganancia superior a los 190.642 millones de pesos, mientras la producción de celulares cayó 56% y la de televisores un 46%.
Los incentivos a la importación de artículos que se producen en el país tendrá un costo en términos de fuga de dólares, cuando el comercio exterior dejó de arrojar superávit, lo cual suma interrogantes a la capacidad para cumplir con los vencimientos de deuda externa. Pero también es cierto que el ensamblaje de partes fabricadas afuera tenía un saldo negativo, el punto es con quién: según el Indec las compras al exterior de "partes y piezas para computadoras y teléfonos" insumió más de 400 millones de dólares en el primer trimestre, y más de la mitad provino de China. Las reiteradas visitas de altos funcionarios yanquis pueden haber tenido que ver en cortar este modelo de negocios que en 2023 lideró la utilización de los yuanes del swap, tan cuestionado ahora por emisarios de Trump.
Tampoco es cierto que las consecuencias funestas que tendrá para los trabajadores fueguinos se compensarán con beneficios a los consumidores. Distintas estimaciones calculan que hoy en día los precios de celulares, TV y aire acondicionado salen en Argentina hasta el doble que en Brasil, México, Chile o Estados Unidos, pero ninguna de ellas refleja el derrumbe salarial que se profundiza en nuestro país gracias al intervencionismo estatal para imponer paritarias a la baja. La conclusión es que para que el proteccionismo industrial no sea un negociado capitalista a costa de los consumidores deben abrirse los libros de las empresas al control obrero, para estimar los costos reales de producción.
El problema es entonces el parasitismo capitalista. Esto queda más claro si consideramos otra de las vetas de las que se valen estos empresarios, que por el Área Aduanera Especial están exentos del IVA, Ganancias y otros gravámenes nacionales pero igual al vender sus productos actúan como agentes de retención de los impuestos que pagan los consumidores, embolsando otro negocio financiero. Este régimen especial está en la mira del FMI porque es el principal ítem del gasto tributario (exenciones impositivas) y atenta contra el superávit fiscal para pagar la deuda. El gobernador peronista Gustavo Melella, en cambio, hace una defensa cerrada de este inviable esquema de beneficios al capital, que en los últimos años redundó en un proceso de concentración empresarial.
Este laberinto ha sido creado por décadas de gobiernos que intentaron sostener ramas de negocios capitalistas mientras garantizaban el saqueo del país vía fuga de capitales y deuda externa. La salida, como vimos, no admite intereses comunes entre obreros y patrones en defensa de la industria de electrónica. Una política de promoción industrial que apunte a la generación de puestos de trabajo, la satisfacción de necesidades sociales y una mayor autonomía económica nacional, solo puede llevarse adelante bajo control de los trabajadores y como parte de un plan integral que parta de la ruptura con el Fondo Monetario, el repudio de la deuda externa fraudulenta y la nacionalización del comercio exterior bajo la dirección de la clase obrera.
