El gobierno de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires acaba de reforzar una política brutal contra las familias trabajadoras empujadas a la calle por la crisis. Con el protocolo “Cero niños en calle”, la administración porteña no ofrece vivienda ni trabajo, sino la amenaza de separar a los hijos de sus padres bajo la figura de “medidas excepcionales”. Lejos de garantizar derechos, el macrismo avanza en la criminalización de la pobreza.

El relato oficial habla de una supuesta reducción “casi total” de niños en situación de calle, pero la realidad es otra: en cada plaza, en cada estación de tren o en las veredas de los barrios porteños, crece el número de familias enteras sin techo. Un relevamiento de Unicef señaló que 1,8 millones de niños y niñas están en situación de calle en la Argentina. El contraste con la propaganda de la Ciudad muestra lo que verdaderamente ocurre: no hay una política de vivienda ni de trabajo real, sino un ajuste feroz que descarga la crisis sobre los más pobres.

Mientras los fondos públicos se destinan a negocios inmobiliarios y contratos con empresas amigas, los 47 Centros de Inclusión Familiar que el gobierno exhibe como solución no cuentan con recursos ni vacantes suficientes. El resultado es que miles de familias quedan libradas a la intemperie, y frente a esa desprotección, el Estado responde con la amenaza de desmembrar familias y judicializar la pobreza.

La orientación reaccionaria de Jorge Macri se conecta con la política nacional del gobierno de Milei: ajuste sobre jubilados, discapacitados y trabajadores. El ensañamiento es sistemático. Un ejemplo brutal se vio en los últimos días, cuando la Policía de la Ciudad fue filmada arrancándole las muletas y empujando a un vendedor ambulante discapacitado, esto luego de que el Senado aprobara el veto de Milei al aumento en los haberes previsionales y a días de que se conociera la corruptela de coimas y sobreprecios en las licitaciones para la adquisición de fármacos destinados a personas con discapacidad. No se trata solo de un gobierno ajustador y corrupto, sino de una camada de dirigentes que disfrutan ejercer la crueldad contra los más indefensos.

Es un régimen de guerra contra los sectores más vulnerables. Los gobiernos que se sucedieron en la Ciudad, del PRO al actual macrismo, han utilizado la pobreza como rehén para justificar negocios, recortes y políticas represivas. Desde la venta de tierras públicas a grandes desarrolladores inmobiliarios con el presunto objetivo de financiar vivienda o infraestructura social, hasta el desvío de fondos destinados a comedores comunitarios a través de ONG’s ligadas al oficialismo, todo se hace en nombre de la “emergencia social” pero termina alimentando negociados privados. Nada de lo prometido en materia de urbanización o asistencia se cumplió, al contrario, al ajuste profundizó la emergencia. Hoy, Jorge Macri redobla la apuesta con un protocolo que castiga a los pobres en vez de resolver las causas estructurales de la situación de calle.

"Los policías de la Ciudad ejecutan la crueldad que promueven sus jefes políticos de turno. Esto es responsabilidad directa de Jorge Macri y su política de perseguir a los pobres y vulnerables mientras les da negocios millonarios a sus amigos", sostuvo Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero.

Frente a este panorama, la única salida real es la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados, de las familias sin techo y de los movimientos piqueteros, para enfrentar el ajuste de Milei y Macri, y luchar por trabajo genuino, vivienda y un plan de emergencia financiado con los recursos que hoy se destinan al pago de la deuda y a la especulación capitalista.

Peor momento de Milei: crisis económica, Spagnuolo y derrotas en el Congreso

Editorial de Gabriel Solano en 14 Toneladas T2E30. -

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