Políticas
18/3/2026
Comisión $Libra: sobran las pruebas para el juicio político
El juicio político y la destitución serían la conclusión lógica de la investigación y los informes presentados por la comisión en diputados.
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Diputados.
La conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra el lunes 16 de marzo dejó una conclusión política difícil de eludir: es necesario avanzar más allá de lo realizado hasta el momento e impulsar el juicio político al presidente y sus laderos.
Sucede que las pruebas acumuladas por la comisión investigadora, cuyo informe final se hizo público en noviembre, y las nuevas pruebas que surgieron de peritajes informáticos, apuntan más directamente que nunca a la responsabilidad del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros funcionarios del gobierno nacional. Recordemos que, según informó la comisión investigadora de diputados, la operatoria de la criptoestafa benefició a solo 36 billeteras virtuales que obtuvieron ganancias, mientras todas las demás, unas 114.410 (1.329 de ciudadanos argentinos), obtuvieron pérdidas.
La evidencia da cuenta de un contrato de confidencialidad que incluía una agenda de pagos donde el presidente habría recibido 5 millones de dólares en distintos pagos por la promoción de la criptomoneda. Esto estuvo precedido por reuniones en Casa Rosada y en Olivos con Novelli y compañía, y se conoció que el 14 de febrero, día de la estafa, hubo una serie de llamadas que involucraron a Javier y Karina Milei, Santiago Caputo y Novelli, que se encontraba en Dallas con Hayden Davis y el equipo que ejecutó la estafa.
Cada vez queda más claro, a ojos de la población, que el caso $Libra no puede ser reducido a una imprudencia o a un “tuit desafortunado”, como quiso hacer pasar Milei en un primer momento. Estamos ante la promoción directa, por parte del jefe del Estado, de un activo financiero altamente especulativo que se disparó tras su intervención pública y se desplomó poco después, dejando pérdidas enormes, al tiempo que benefició a un puñado de “inversores” que entraron y salieron “a tiempo” por tener información privilegiada. Ese esquema —que califica como una clásica maniobra de pump-and-dump— tiene en este caso implicancias mucho más graves por estar apalancada desde la figura del presidente de un país.
Pero la conferencia de prensa de los diputados de la comisión dejó al descubierto una contradicción que atraviesa a gran parte de la oposición parlamentaria. Los mismos bloques que trabajaron en la comisión y reunieron las pruebas que hablan de una estafa millonaria vinculada al lanzamiento del token evitaron sacar la conclusión política que se desprende de su propia investigación: la necesidad de avanzar con el juicio político y la destitución de Javier Milei.
Las medidas anunciadas por los diputados que conformaron la comisión investigadora son realmente limitadas, y, en el fondo, significan una dilación de la situación. Se anuncian nuevas iniciativas de investigación, pedidos de informes y eventuales citaciones de funcionarios (que ya han desconocido las citaciones y no han concurrido en el pasado), pero se evita deliberadamente plantear el juicio político. Esa vacilación no es casual: refleja el temor de los bloques patronales a abrir una crisis política de fondo que ponga en cuestión al conjunto del régimen.
Por supuesto el pedido de apartamiento del fiscal Taiano, que tuvo durante meses muchas de estas pruebas en su poder y no movió un pelo, resulta correcto. Tampoco es incorrecto insistir con el pedido de interpelación a Javier Milei, su hermana Karina, Santiago Caputo, Manuel Adorni y compañía, que tendría otro peso si en lugar de ser citaciones de la comisión investigadora fuera votado por mayoría en el recinto. Pero las pruebas son tan abrumadoras, que lo que se impone es ir más allá de esas medidas con el juicio político, y no con una “nueva etapa” de la comisión investigadora.
Un contrapunto en este sentido lo marcó la intervención del diputado del Partido Obrero-FITU Néstor Pitrola, que planteó centralmente que “tenemos que ir al juicio político a Javier Milei”, apoyado en la multitud de pruebas que revelan la responsabilidad del presidente en esta estafa. Pitrola relacionó la situación de $Libra con la del país, cuando denunció que “Milei dice que promocionó la criptomoneda para impulsar un fondo de financiamiento a las PYMES, cuando llevamos 23 mil empresas cerradas, con la ocupación de Fate por parte de sus trabajadores como emblema”.
Como señaló el diputado del PO, Milei no solo es un estafador, sino que es el responsable de una “masacre económica y social” en nuestro país. Por último, Pitrola polemizó con algunas especulaciones sobre la posibilidad de avanzar incluso con pedidos de interpelación, y enfatizó en su intervención que “los diputados del PO, que integramos el FIT-U junto a Romina Del Plá, no estamos contando porotos sobre las voluntades de esta cámara para ir a juicio político, pensamos que debe ser impuesto por la movilización política popular, junto a todas las causas y reclamos del pueblo trabajador"
Reducir el escándalo a una investigación interminable no llevará a ningún lado. La experiencia reciente de la política argentina está llena de comisiones investigadoras que acumulan pruebas durante meses para terminar sin consecuencias reales, como también lo mostró el caso del Fentanilo contaminado y/o adulterado. La comisión investigadora, al negarse a plantear el juicio político hace un aporte a la gobernabilidad de Milei, mientras se suceden los despidos, el hambre y la entrega del país.
Por eso el planteo del Partido Obrero es claro: debe abrirse el juicio político para destituir a Javier Milei de sus funciones. Lo contrario significaría transformar un escándalo de enorme gravedad en otro episodio de impunidad política.
