El próximo jueves se llevará adelante el Congreso de la Producción y el Salario, donde participarán integrantes del gobierno nacional, cámaras empresarias y secretarios generales de distintos gremios burocratizados. El objetivo del cónclave será impulsar una “reactivación” pospandemia de la industria, basada en la reducción del “costo” laboral, entre otros beneficios para las patronales.

Ya está confirmada la asistencia de Martín Guzmán, Matías Kulfas, Cecilia Todesca y Claudio Moroni por el lado del gobierno. Del sector empresario se harán presentes miembros de Adefa (fabricantes de automotores), los metalúrgicos de Adimira y representantes del Consejo Agroindustrial. Además, participarán los burócratas sindicales Antonio Caló (UOM), Ricardo Pignanelli (Smata) y Gerardo Martínez (Uocra). El congreso se realizará en el Museo del Bicentenario y ha sido planificado por la Confederación Empresaria Argentina (Cgera), organismo que nuclea a las Pymes.

“Las acciones concretas a tomar estarán relacionadas con la “mejora” del sistema impositivo, “reducción” de costos logísticos, “inserción” exportadora (…)” (Ámbito, 24/8). Si bien trascendió que la finalidad del encuentro es fundamentalmente avanzar con una serie de ventajas fiscales para las empresas, la realidad es que el anuncio del mismo viene precedido de declaraciones por parte de referentes de la clase capitalista argentina sobre la necesidad de reducir el “costo” laboral.

Por un lado, Madanes Quintanilla, el dueño de Aluar y Fate, manifestó que su intención es implementar la jubilación anticipada en los casos de los trabajadores que están licenciados por edad de riesgo, lo cual implica que el obrero se jubile con menos aportes de los que le corresponden, y, por lo tanto, perciba un haber más reducido. De esta forma, Quintanilla pretende deshacerse de los trabajadores con más antigüedad, y, al mismo tiempo, ahorrarse el pago de las licencias al personal de riesgo.

Este planteo va en sintonía con los dichos de Funes de la Rioja, titular de la UIA, acerca de reducir el salario o sancionar a aquellos empleados que no concurran al trabajo por contagio, en caso de no querer vacunarse. Como vemos, las patronales cierran filas a la hora de utilizar la crisis sanitaria como excusa para atacar a los trabajadores y eximirse de toda responsabilidad en cuanto a la propagación del virus.

A su turno, el textil Teddy Karagozian, de TN Platex, se mostró partidario de que exista un fondo de indemnización, de modo tal que los trabajadores destinen parte del salario en contribuir a su propia indemnización en caso de despido. Este reclamo patronal estuvo presente en el borrador de reforma laboral elaborado durante el gobierno de Macri, con el nombre de “fondo de cese laboral”. Los capitalistas demandan mayores facilidades para despedir y poder recontratar bajo modalidades más precarias.

A todas luces, barrer con los convenios colectivos de trabajo está en el centro de las aspiraciones de la burguesía, a fin de liquidar las conquistas históricas de la clase trabajadora en función de intentar recomponer su tasa de ganancia. Al gobierno le urge avanzar en esta orientación, ya que una de las demandas del FMI para llegar a un acuerdo es la aplicación de la reforma laboral, como parte de un programa para estimular el crecimiento de la economía privada.

El gabinete oficial ha dado señales en ese sentido. Sin ir más lejos, la semana pasada se reunieron los ministros Martín Guzmán y Martín Kulfas con algunos CEOs de las compañías que se desempeñan en la llamada “economía del conocimiento” para ofrecerles mayores beneficios impositivos, a pesar de que ya gozan de retenciones 0%. Las prebendas a este sector obedecen a que son empresas generadoras de divisas que el gobierno necesita para hacer frente a los vencimientos de deuda.

Estas firmas se caracterizan por no respetar el convenio colectivo de la rama a la cual pertenecen sus trabajadores; por ejemplo, el personal que realiza tareas de transporte en Mercado Libre no está encuadrado en el convenio de Camioneros, sino en uno especial de la empresa. Por su parte, los trabajadores de las empresas de servicios financieros (fintech) tampoco son contratados bajo el convenio correspondiente, que sería el bancario. Alberto Fernández, en lugar de rechazar este fraude laboral, lo convalida y lo refuerza, concediéndole beneficios extraordinarios a los empresarios del sector.

Por otra parte, luego de una caída del 10 puntos del PBI en el 2020, las patronales vienen experimentando un repunte en la actividad económica, sin embargo, producen más utilizando menos personal. La cantidad de asalariados registrados del sector privado al mes de mayo 2021, contabilizados por el Ministerio de Trabajo, es tan solo un 1% superior a la cantidad que había en abril del 2020. Este crecimiento ínfimo del empleo no guarda relación con la suba del 13% en la actividad económica que hubo entre mayo 2020 y mayo 2021. Es decir, las patronales se han valido de la pandemia para desarrollar una reforma laboral en los hechos.

Lo anterior se ve reflejado con los datos del Indec del primer trimestre 2021, que señalan una reducción del 3,76% de la participación de los salarios en la economía, mientras que el excedente de explotación bruto (algo así como la plusvalía bruta de los empresarios) aumentó un 5,06%. Así las cosas, la rentabilidad capitalista se incrementó durante el último período al calor de las rebajas salariales durante la cuarentena, los topes a las paritarias y los despidos. El gobierno, por su parte, permitió todos estos atropellos contra los trabajadores.

Este es el telón de fondo en el cual tiene lugar el mencionado Congreso de la Producción y el Salario. Será, sin dudas, el intento de sellar un “pacto social” en nombre de la reactivación económica, donde no se contempla ningún esfuerzo común entre los empresarios y trabajadores, sino que sean estos últimos lo únicos perjudicados. La reunión llevada a cabo en 2019, ni bien asumió Alberto Fernández, entre el gobierno, Miguel Acevedo (extitular de la UIA) y Héctor Daer (CGT) también constituyó un intento en ese sentido, y, si bien no se estableció una mesa de trabajo, el pacto antiobrero entre el Estado, las burocracias sindicales y las patronales se efectuó en la práctica, por medio de acuerdos salariales ruinosos y la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo en el transcurso del 2020. Ante este panorama, las centrales sindicales no llamaron a una sola medida de lucha.

El congreso del jueves trae reminiscencias de lo que fue en su momento “el Congreso de la Productividad” (CNP) de 1955, en el cual Perón convocó a la CGE y la CGT para consagrar un ataque a los convenios colectivos, agregando cláusulas de productividad. Ya en 1952, el segundo gobierno peronista había dispuesto el congelamiento de precios y salarios provocando una pérdida del salario real de 11% en tan solo dos años. La consigna del CNP era “trabajar mejor para el bien de la patria”; lógicamente, el objetivo no era aumentar la productividad en la producción sobre la base de introducir mejoras tecnológicas, sino a partir del incremento del esfuerzo de la fuerza de trabajo (Revista En Defensa del Marxismo, julio 1996).

Ahora nuevamente se intenta mostrar al “costo” laboral como el causante de la huelga de inversiones y la falta de empleo, cuando la declinación en la economía nacional tiene su origen en el agravamiento de la crisis capitalista internacional y en el “costo” empresario. Finalmente es la política parasitaria al servicio de las patronales, como la fuga constante de capitales, es la que impide un desarrollo industrial del país.

Por lo tanto, no es cierto que flexibilizar las condiciones laborales dé como resultado más puestos de trabajo; servirá únicamente para que la clase trabajadora pague nuevamente la factura de la crisis y la burguesía incremente sus ganancias aumentando los ritmos de explotación. Lo ejemplifica el hecho de que Menem, luego de haber impulsado un puñado de reformas antiobreras, terminó su gobierno dejando más desocupación y pobreza de cuando asumió.

La oposición patronal, desde Juntos por el Cambio, pasando por Randazzo, hasta los autodenominados liberales, como Espert y Milei, también defienden la reforma laboral. Estos últimos la han convertido en un eje de su campaña electoral, en el intento de posicionarse como los voceros directos de los reclamos patronales.

La convocatoria al congreso del jueves pone de manifiesto la necesidad de defender los convenios colectivos a través de la organización en cada lugar de trabajo, y, a su vez, echa luz sobre la importancia de barrer a las burocracias sindicales que entregan nuestras conquistas. Solo un plan de reorganización social sobre nuevas bases puede abrir un curso de desarrollo nacional. No al pago de la deuda, fuera FMI, por una salida a la crisis impulsada por los trabajadores.

Frente a esta ofensiva, desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad convocamos a un acto el día jueves 24/8 a las 12 horas, en las puertas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, para repudiar tanto el acuerdo en ciernes como la reunión que tendrá lugar allí mismo del Consejo de las Américas, que buscará reforzar la subordinación nacional frente al imperialismo yanqui.

 

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