El gobernador Martín Llaryora pretende designar al juez de Control Nº 5 de la ciudad de Córdoba, Carlos Lezcano, como jefe de los fiscales de la provincia, en reemplazo de Juan Manuel Delgado, cuyo mandato vence en marzo del año que viene. El actual fiscal general había sido designado por Juan Schiaretti, y siendo un funcionario del riñón del cordobesismo aspiraba a renovar su mandato, pero esto no sucederá.

Para responder a la pregunta del por qué cae Delgado hay que tener en cuenta el cuadro de una crisis del régimen descompuesto del cordobesismo, como consecuencia de una política económica marcada por negociados, delitos y corrupción de altos funcionarios que salieron a la luz en los últimos años. Todo esto mientras el 58% de las familias de Córdoba no puede acceder satisfactoriamente a la Canasta Básica Alimentaria.

En este cuadro, Delgado viene siendo cuestionado por propios y ajenos. En marzo de este año, solicitaron juicio político ante la Legislatura provincial por “mal desempeño, violencia institucional y tráfico de influencias”. El fiscal general habría intervenido en la causa civil “González Luis Tomás c/ TVF S.A.” en beneficio de una de las partes involucradas; también se lo acusó de “amedrentar, difamar y condicionar” a funcionarios judiciales y a la prensa.

Luego de los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio abrieron sumario a la fiscal Gutiez y tres funcionarios por el caso del femicida Pablo Laurta. Se los acusa de un "ejercicio negligente de sus deberes funcionales y carentes de responsabilidad laboral".

Cabe recordar que Gutiez es la misma fiscal que interviene en la investigación por la muerte de Ezequiel Castro a manos de policías, en una causa que se mantiene vigente por abnegada actividad de familiares y organizaciones sociales. Hace rato que la fiscal debería haber sido removida del cargo, pero el sumario llega ahora en el marco de una interna entre fiscales y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. 

Además, por el caso del crimen de Nora Dalmasso habría un jury a tres fiscales de manera conjunta. De manera que Daniel Miralles, Javier Di Santo y Luis Pizarro deberán defenderse de una acusación por "mal desempeño y negligencia grave". Hay que decir que la impunidad de la justicia que, durante 15 años, no tuvo respuestas frente a un caso que conmovió al país, es producto de su estrecho vínculo con un Estado que perpetúa la violencia hacia las mujeres como forma de dominación más general y encubre a los amigos del poder.

A lo señalado líneas arriba se podría mencionar a otros fiscales que no garantizan que se haga justicia, como por ejemplo la Fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, que intervino en el femicidio de Cecilia Basaldúa que desnudó un régimen de violentos y abusadores. El crimen está impune, y el jefe de fiscales convivió con la impunidad de la que por acción u omisión es parte integrante el poder judicial.  

La remoción anticipada de Delgado se da en este cuadro de denuncias, y acusaciones en las que el todavía fiscal general no se podía sostener. Para oxigenar el cuadro de crisis en el poder judicial, y seguir valiéndose del mismo, es que Llaryora decidió encumbrar a Lezcano, un exsocio y amigo de Luis Juez; ahora trabajaran con otro exintegrante del Frente Cívico y actual ministro de sSeguridad de la provincia, Juan Pablo Quintero, quien elogia a Patricia Bullrich.

La remoción de Delgado se da en un cuadro de una crisis de régimen, que tendrá nuevos capítulos. Para garantizar las elementales libertades democráticas es necesario una intervención independiente desde el campo de los trabajadores.

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