Políticas
19/10/2026
Córdoba: tarifazo en la luz supera a la inflación y confisca salarios
La suba de las tarifas de luz es otro motivo para luchar por una efectiva recomposición salarial.
Seguir
Con un incremento acumulado del 44,4% en lo que va del año y subas interanuales de hasta el 100%, las tarifas de EPEC se convierten en uno de los mecanismos de confiscación de los ingresos populares. Mientras gran parte de la clase obrera tiene salarios por debajo de la inflación, los servicios públicos suben en función de la tasa de ganancia de los capitalistas y sus gobiernos.
En la provincia de Córdoba, la factura de la luz que paga la familia trabajadora se ha transformado en un verdadero azote al bolsillo mensual. Sucede que la tarifa de energía eléctrica aumentó casi 21 puntos porcentuales por encima del índice de precios al consumidor. Los números oficiales terminan de desmentir el relato de la "estabilización" o la "desaceleración de precios".
Al observar la comparación interanual, el cuadro de confiscación se vuelve dramático: mientras la inflación interanual roza el 33,4%, la luz aumentó entre un 32,8% y un 55,7% para los sectores que conservaban subsidios parciales, mientras que para los hogares de ingresos medios-bajos que perdieron los beneficios (encuadrados en la categoría N1 o sin asistencia), el zarpazo tarifario superó holgadamente el 100% interanual.
Ahora que las boletas de luz vienen con un incremento que no guarda relación con los salarios, el gobierno de Córdoba busca deslindar toda responsabilidad de la suba de las tarifas.
A modo de ejemplo vale recordar que los parlamentarios del espacio político del gobernador Martín Llaryora en el Congreso son colaboracionistas del régimen de Milei. En materia de subas de servicios vale traer a colación la ausencia de Alejandra Vigo a la hora de votar “zonas frías”, antes el gobernador había realizado una impostura en rechazo a la eliminación de los subsidios.
La tijera contra el salario: congelamiento paritario y tarifas liberadas
La brecha de más de 20 puntos entre la inflación general y el tarifazo de la luz deja al descubierto la naturaleza real de la política económica nacional y provincial. El salario promedio de los trabajadores cordobeses no sigue el ritmo de la inflación general, sino que ha quedado a una distancia abismal del costo de los servicios públicos esenciales.
Este fenómeno opera como una redistribución violenta de ingresos desde las familias trabajadoras hacia las empresas, lo que atiza una caída del consumo. Es que la suba de costos fijo provocó una pérdida de poder de compra real. Así las cosas, cada aumento del gas, el transporte o la electricidad implica que una porción cada vez mayor del haber mensual se destina a pagar boletas elementales, reduciendo el presupuesto para alimentos, salud y vivienda.
Tenemos por lo tanto una transferencia directa de recursos, que en el caso de las boletas de energía eléctrica combina el tarifazo en el Valor Agregado de Distribución (VAD) de EPEC con la quita paulatina de los subsidios en la generación mayorista ordenada por la Secretaría de Energía de la Nación. Se trata de una política de "sinceramiento" que garantiza la rentabilidad dolarizada de las empreasas a costa del hundimiento de la población trabajadora.
Abajo el tarifazo: por una salida de los trabajadores
El acceso a la luz, el agua y el gas no puede ser considerado una mercancía o un negocio de rentabilidad financiera; son derechos elementales para las familias trabajadoras.
Frente a la suba de tarifas en Córdoba y la pulverización del salario, es necesario plantar la reapertura de las paritas para que ningún trabajador quede por debajo de la canasta familiar ni pierda frente a las tarifas. Asimismo, es urgente organizarse por la anunciación de los tarifazos y suspensión de todo corte de servicio por falta de pago.
Además, es preciso luchar por la apertura de los libros contables de EPEC y de las patronales generadoras para fiscalizar los verdaderos costos reales, y poner el servicio bajo control de trabajadores y usuarios, como parte de un programa de reorganización sobre nuevas bases que contemple la nacionalización integral del sistema energético bajo gestión de sus trabajadores, garantizando tarifas sociales universales e infraestructura al servicio de las necesidades populares.
