Con una premura desconocida en ella, la Corte Suprema de Justicia continúa dictando el desprocesamiento de los genocidas de la dictadura. Este semana, en la causa del II° Cuerpo, concedió los beneficios de la Obediencia Debida a los generales Andrés Ferrero y a Luciano Jauregui (ex-segundos comandantes del Cuerpo y jefes de la zona Santa Fe), Juan Carlos Trimarco (je-fe de la zona Entre RÍOS) y a casi una decena de oficiales superiores, entre ellos el carapintada Martínez Zuviría.

Con estos nuevos desprocesamientos, suman cerca de setenta los oficiales de alta graduación, de comprobada participación y responsabilidad en el terror dictatorial, que han sido liberados definitivamente de cargo en los últimos 20 días. Respecto a la culpa, la Corte no se pronuncia, pues se ha transformado en una oficina de aplicación de la “obediencia debida”.

Los únicos represores que permanecen inculpados en las causas abiertas por las violaciones de derechos huma-nos en los ámbitos del II° y III° Cuerpo (que abarcan más de la mitad de la superficie nacional) son los generales Saltieri, Díaz Bessone, Menéndez y Bussi. De estos, sólo quedarían procesados los tres primeros, pues el Procurador General de la Nación dictaminó que el genocida del pueblo tucumano no era imputable “por haber carecido de responsabilidad decisoria”. Puesto que en todos sus fallos la Corte Suprema “ha compartido los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General”, el desprocesamiento de Bussi está descontado.

Centenares de represores, desde los jefes de zona hasta los integrantes de las patotas “operativas” han sido sobreseídos de esta misma manera.

El I° Cuerpo, o el naufragio de las últimas ilusiones

La Corte desprocesó a los jefes de zona y subzona a pesar de la abundante documentación aportada por el ex-prófugo Suárez Masón acerca de la responsabilidad directa de éstos en la estrategia del terror contra el pueblo.

La tesis de que las declaraciones y pruebas de Suárez Masón detendría (y aún harían rever) la seguidilla de amnistías dictadas por la justicia, ha caído en menos tiempo que el que se tardó en formularla. En realidad, fue a la luz de la extradición de Suárez Masón que los desprocesamientos se aceleraron.

Y se aceleraron no sólo para “salvar” a los procesados en las res-tantes causas, sino también para sentar la “jurisprudencia” necesaria para absolver a los imputados en la propia causa del I° Cuerpo. En efecto, La Nación (19/5) informa que todos los inculpados de esta causa, a excepción de Suárez Masón, serían desprocesa-dos, unos por aplicación de la Obediencia Debida, otros por la del Punto

Final. El propio ex-prófugo apuró el sobreseimiento de sus ex¬subordinados firmando una declaración en la que se hizo personalmente responsable de todo lo sucedido en el ámbito del l° Cuerpo.

Con esto quedarán sepultadas, sin remedio, las últimas ilusiones de aquellos que confiaron en la “imparcialidad” de la justicia patronal.

De la Obediencia Debida a la amnistía total

La Corte Suprema se ha convertido en el brazo ejecutor de la decisión gubernamental de terminar rápidamente la etapa de los juicios y con un número ínfimo de condenados. La amnistía de la masa de represores fue largamente reclamada por el imperialismo y, “casualmente”, no recibió ninguna objeción de los “demócratas" Cafiero y Menem.

Un puñado de “insalvables”, como Videla, Galtieri o Menéndez. irán a sus prisiones de lujo, pero no por mucho tiempo. La Nueva Provincia (12/5) reveló los compromisos de Angeloz, Menem y Cafiero ante empinados jefes militares de que “cualquiera sea el partido vencedor en las elecciones, en 1990 no quedará ningún militar encarcelado por la cuestión de los derechos humanos.”

Mientras tanto, los militantes populares, los “presos del Punto Final” o los “del Plan Austral” siguen pudriéndose en la cárcel. Así son las cosas, bajo el imperio de la democracia patronal.