Políticas
18/11/2025
El caso Andis revela toda una trama de funcionarios corruptos y empresarios coimeros
Una verdadera asociación ilítica detrás de Spagnuolo y el gobierno de Milei a costa de las personas con discapacidad.
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Corrupción en Andis.
El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanza con nuevas indagatorias y profundiza la descomposición del gobierno y el entramado de negocios que une a funcionarios, operadores para-estatales y las grandes droguerías del país. Lo que empezó con los audios del exdirector Diego Spagnuolo –donde hablaba sin tapujos de “choreo”, direccionamientos y aprietes internos– terminó destapando un verdadero sistema organizado para saquear fondos destinados a personas con discapacidad.
Este martes declaró en Comodoro Py Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los principales articuladores del circuito ilícito. No era funcionario, pero actuaba como un “director para-estatal” del organismo: impartía órdenes a trabajadores de Andis, definía pagos, direccionaba compulsas y funcionaba como nexo directo con las droguerías que monopolizaban las licitaciones. Tenía influencia sobre áreas clave como Pacbi –las prestaciones de alto costo– y recibía información interna en tiempo real de parte de gente que le respondía, como Lorena Di Giorno y el director Eduardo Nelio González.
Calvete llegó al juzgado trasladado en un camión celular, ya detenido por otra causa: en 2019 fue condenado por explotación económica de la prostitución, y su defensa agotó este año el último intento ante la Corte Suprema. Durante los allanamientos en su empresa Indecomm SRL, la Justicia secuestró 700 mil dólares, parte de los cuales estaban en el domicilio de su hija, Ornella Calvete, que renunció hoy a su cargo en el Ministerio de Economía. Lejos de ser una figura periférica, los chats revelan que participaba de gestiones con empresarios del sector ortopédico, preguntaba por “cash blanco” y articulaba reuniones cuyo resultado prometía festejar “con una lambo, una granja, lo que quieras”.
Los mensajes incorporados al expediente también muestran cómo, ante el avance de los allanamientos, Di Giorno –funcionaria de ANDIS– le informa a Calvete que ya estaba “borrando todo”.
Un mecanismo aceitado entre el Estado y las empresas
La investigación del fiscal Franco Picardi confirma lo que los trabajadores de la salud denuncian hace años: la corrupción es un sistema de negocios consolidado entre el Estado y un puñado de grandes proveedores. Las compulsas de precios eran manipuladas para restringir la competencia y beneficiar a siempre las mismas firmas: Profarma, Génesis, New Farma, Floresta, entre otras.
Entre 2024 y 2025, estas droguerías se repartieron casi 50.000 millones de pesos en compras direccionadas. Una vez asegurado el monopolio de proveedores, las empresas aumentaban sostenidamente los precios. Los cuadernos de Calvete detallaban los montos, las diferencias entre costos reales y precios inflados, y la distribución de esos excedentes. Un verdadero manual de funcionamiento del negociado.
El fiscal lo definió sin eufemismos: ANDIS se convirtió en una agencia “estructurada para la arbitrariedad”, donde el sistema informático Siipfis era usado para simular transparencia mientras se garantizaba la continuidad del saqueo.
El caso ANDIS vuelve a poner sobre la mesa cómo el capitalismo de la salud opera a costa de las necesidades de los sectores más vulnerables. Medicamentos biológicos, audífonos, implantes cocleares, insumos quirúrgicos: todo convertido en fuente de renta para las mismas empresas que llevan décadas amasando fortunas con sobreprecios, retornos y tráfico de influencias.
El gobierno intenta despegarse con renuncias aisladas y distancia discursiva, pero la evidencia demuestra que la red operaba dentro del Ministerio de Economía y con vínculos políticos directos. La corrupción no es una desviación: es el modo de gestión estructural del Estado puesto al servicio de los capitalistas.
Este esquema no se va a desarmar mientras siga en manos de un Estado que actúa para las droguerías y empresas que se enriquecen con fondos públicos destinados a personas con discapacidad.
La única salida real pasa por poner bajo control de trabajadores, pacientes y comités electos democráticamente la gestión de las compras, auditorías y prestaciones, expulsando a la burocracia política y cortando los negocios de las droguerías. La salud y los insumos de alto costo no pueden seguir siendo una caja negra del Estado y un botín para los capitalistas.
