Políticas
6/3/2026
El derrumbe en Procrear Estación Buenos Aires y el descontrol inmobiliario de todos los gobiernos
Los vecinos se movilizarán este viernes desde las 13:00 horas en Piazzolla y Luna a la Jefatura de Gobierno para exigir respuestas.
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Derrumbe.
El derrumbe de un sector del estacionamiento subterráneo del complejo Procrear Estación Buenos Aires, el pasado 3 de marzo, dejó a decenas de familias sin vivienda y expuso una vez más el verdadero funcionamiento del régimen urbano porteño. No se trata de un accidente aislado ni de una fatalidad imprevisible. Es la consecuencia directa de una política de especulación inmobiliaria que necesita de la falta deliberada de fiscalización y control por parte de organismos competentes.
El complejo fue construido en tierras públicas bajo el programa Procrear, licitado durante el gobierno de Cristina Kirchner, reformulado bajo la presidencia de Mauricio Macri e inaugurado durante la gestión de Alberto Fernández, siendo uno de los casos que demuestra que determinadas políticas tienen una continuidad a pesar de ser gobiernos de distinto signo. En todos los casos se sostuvo el mismo esquema: tercerización de la construcción y controles que o bien no fueron realizados, inspecciones técnicas que no fueron hechas de manera rigurosa o bien fueron desestimados los resultados.
En la Ciudad, la Agencia Gubernamental de Control es el organismo encargado de fiscalizar las obras. Su titular, Matías Lanusse, fue designado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y sostenido bajo la actual administración de Jorge Macri. La Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dentro de la AGC, y el área de Registro de Obras y Catastro son las que deberían haber aprobado o no las obras y su conclusión. Los reiterados casos de derrumbes sucedidos en los últimos años, y que vienen creciendo a la par del aumento de la especulación inmobiliaria, algunos con víctimas fatales, muestra que hay una clara connivencia de los organismos de control con las empresas constructoras.
La empresa constructora Cosud, responsable del sector 2 que sufrió el derrumbe, pero también de los sectores 1 y 10 del complejo, tiene como presidente y fundador a Rudi Guido Boggiano Leupolt. Quienes viven en el complejo ya venían denunciando a la empresa y a la administración por problemas estructurales como filtraciones, acumulación de agua los días de lluvia, entre otros problemas, siendo siempre las respuestas de la empresa la realización de reparaciones superficiales.
Según denuncian vecinos y arquitectos, la losa del patio que debía tener un espesor estructural de 40cm tenía apenas 10, sobre la cual se colocaron aproximadamente 40 cm de tierra, y las columnas del subsuelo no estaban construidas de manera adecuada para soportar el peso proyectado. En otro sector construido por la misma empresa existe un patio con similares características de donde fueron retirados los autos para evitar un desenlace similar.
Tras las denuncias vecinales, desde la banca de Vanina Biasi en la Legislatura porteña se presentó un pedido de informes para exigir acceso a los estudios de suelo, cálculos estructurales, inspecciones realizadas y actuaciones administrativas vinculadas a la obra. En el mismo sentido presentará un pedido de interpelación para que los funcionarios den cuenta de la situación.
El propio Jorge Macri había estado en el barrio unos días antes inaugurando un colegio del mismo predio, destacando su modernidad. Luego del colapso no se volvió a acercar para dar explicaciones ante las familias afectadas. Los vecinos mencionan que el propio día del derrumbe se jugó un partido en el estadio de Huracán a pocos metros, con el barrio parcialmente cerrado por el operativo de seguridad, lo que hubiese dificultado la llegada de ambulancias en caso de ser necesario. En menos de un mes está anunciado un recital de La Renga, cuando los vecinos ya venían denunciando desde hace tiempo que los recitales generan vibraciones importantes en los edificios linderos, y cuando no se ha informado la realización de estudios de impacto estructural específicos ni medidas preventivas adicionales.
La intervención del gobierno a través de Defensa Civil y Bomberos dejó a los vecinos del sector 2 con escaso margen para retirar pertenencias y sin una solución habitacional definitiva, teniendo que asistir a un hotel hasta nuevo aviso.
La especulación inmobiliaria requiere flexibilización normativa y bajo o nulo control. El Código Urbanístico aprobado bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta amplió alturas y densidades en numerosos barrios, facilitando negocios millonarios. El gobierno de Jorge Macri, que había prometido en campaña atender los reclamos de vecinos de diferentes barrios, no cambió esta orientación. El Código de Edificación plantea responsabilidades técnicas a profesionales privados y no hay un verdadero control por parte de los organismos que deberían realizarlo.
El Estado, bajo la responsabilidad directa de Jorge Macri como jefe de Gobierno, Matías Lanusse al frente de la AGC, de los funcionarios de las áreas de fiscalización de obras, y la empresa Cosud deben responder por lo ocurrido. Se debe conformar una comisión técnica independiente, con especialistas elegidos por los vecinos y financiados por el Estado nacional y de la Ciudad para evaluar la situación de los otros edificios del complejo y el motivo del derrumbe. Por el momento, la respuesta de parte del gobierno a las 300 familias evacuadas, a través de la Subsecretaría de Emergencia que depende del ministro de Seguridad Horacio Giménez, ha sido que ellos mismos deben evaluar el estado de situación de la estructura.
El derrumbe en Estación Buenos Aires no es una excepción, es la expresión de un sistema que subordina la vivienda a la rentabilidad y convierte a las familias trabajadoras en variable de ajuste. Este viernes desde las 13:00 horas, en Piazzolla y Luna, los afectados y otros habitantes del complejo se movilizarán a la Jefatura de Gobierno. La única garantía para que no haya más derrumbes ni negociados es la organización independiente de los vecinos y trabajadores, la apertura de todos los expedientes y estudios técnicos y el castigo a los responsables políticos y empresariales.
