El próximo año se cumplen treinta años del asesinato dentro del cuartel de Zapala del soldado Omar Carrasco. Crimen que solo salió a la luz por la movilización popular y la conmoción que despertó en la población. Los intentos de ocultarlo y de impunidad partieron desde el ministro de Defensa de Menem, Oscar Camilión, y del jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Martín Balza. Lo cual indica que se trató de un crimen de Estado, saldado luego imputando a militares de baja graduación y con la eliminación del servicio militar obligatorio. El ministro Camilión llegó a sugerir que el soldado Carrasco había aparecido muerto “en el medio de la estepa patagónica”, para sacar el cadáver del interior del cuartel, en cuyo predio apareció asesinado.

Casi tres décadas después (el 1º de junio de 2023), otro soldado, Pablo Córdoba, apareció muerto con dos tiros de fusil FAL en la cabeza. Las primeras versiones del ejército fueron que se trataba de un suicidio: algo que a todas luces chocaba con las evidencias.

Bastaron algunas pericias para desmentir la tesis del suicidio: se trata nuevamente, de un asesinato. Las pericias conocidas en estos días son contundentes. En las mismas se estableció que “no hay rastros de pólvora en las manos de la víctima y es imposible que después del primer disparo el lesionado pueda realizar movimientos conscientes y activos”. También determinaron que “el cargador del fusil estaba separado del resto del arma y el arma estaba en el modo tiro a tiro”. Y como si fuera poco las pericias establecieron que “el FAL no tiene huellas”, ni siquiera las del propio “suicida” que no estaba usando guantes. Es decir, alguien limpió al fusil de todo rastro digital al manipularlo.
Sin embargo el juez Hugo Greca, que actúa en la causa, la sigue caratulando “muerte dudosa”. Sigue la línea de las cúpulas militares, y cuando convocó a la madre para tomarle declaración, ésta denunció que se la pasó preguntándole “por el estado de ánimo de mi hijo. Me insistía con que si Pablo estaba triste, deprimido, bajoneado por algo”.

El “accidente” del camión desbarrancado

En otro episodio ocurrido hace unos días desbarrancó más de 10 metros un camión militar donde viajaban 22 jóvenes soldados. El hecho ocurrió sobre la ruta que une el lago Lolog con la ciudad de San Martín de los Andes, asiento del cuartel militar. En un tramo de cornisa donde la ruta tiene curvas muy cerradas el camión cayó al vacío provocando la muerte de cuatro soldados, tres varones de 21 años y una mujer voluntaria de 19 años, y dejó otros con heridas graves.

El comportamiento de las cúpulas militares volvió a ser esquivo en el aviso a las familias, en dar respuestas y explicaciones, tratando de tapar las reales causales del accidente.

Los familiares han convocado a movilizaciones hacia las puertas del cuartel reclamando la destitución de los jefes del mismo a los cuales acusan de “negligencia”. Tienen fundadas razones para hacerlo, que quedaron reflejadas en una carta abierta que dieron a conocer públicamente. En ella son muy elocuentes. Allí denuncian que “dentro del Regimiento de San Martin de los Andes había camionetas 0 km y dos camiones nuevos que no se usaron” y que en el camión vetusto quienes viajaban “eran del escalafón más bajo del Ejército; allí no iban ni tenientes, ni coroneles, ni capitanes”.

Y agregan otra denuncia, que no por conocida, deja de echar luz sobre el abuso y la explotación que sobre la tropa realizan las cúpulas militares: “todos los soldados voluntarios de este país no están sirviendo a la Patria, si no que están siendo utilizados (usados) como mano de obra barata para cumplir las tareas de limpieza en los patios y casas de los coroneles, capitanes y altos mandos de los ejércitos”.

Y advierten que el ejército no pretenda culpar a la joven soldada mujer que conducía el camión y “crucificar a esta compañera de los chicos, ella es una víctima más de este terrible accidente por negligencia de estos señores. Pedimos que esa chica no sea sancionada y que no la culpen para lavarse las manos ellos”.

Por último, los memoriosos recordaron que hace 15 años atrás, en el mismo lugar donde se desbarrancó este camión, también lo hizo un Unimog. En aquella oportunidad no hubo muertos, pero sí un herido grave.

Hay un hilo conductor en estos hechos ocurridos en Neuquén, y no es otra cosa que la continuidad de una casta militar que vive llena de privilegios y está ligada a través de negocios turbios con el gran capital y la casta empresaria. Castas a las que Milei-Villarruel promueven y anuncian darle impunidad en todo sentido. Y a la que Agustín Rossi (exministro de Defensa del Frente de Todos) sostiene fuertemente.

Juicio y castigo a los mandos militares y funcionarios estatales que los bancan. Apertura de los expedientes secretos y control popular de los cuarteles. Derechos democráticos de organización y expresión para las soldadas/os y voluntarias/os. Abajo la obediencia debida.

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