Políticas
12/8/2026
El gobierno desvía la plata de las rutas para emparchar el déficit fiscal y "arreglar" gobernadores
Menos obras, rutas deterioradas y recursos públicos para ofrecer prebendas para sacar leyes de ajuste.
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El gobierno nacional retiene más de un billón de pesos del Impuesto a los Combustibles colocados en títulos públicos y plazos fijos, fondos cuyo destino obligatorio la realización de obras de vialidad (arreglo y construcción de rutas nacionales), utilizando estos recursos como un bache para la fracasada política de control del déficit fiscal y como una caja para ofrecer prebendas y comprar voluntades en el Congreso a través del envío de “fondos discrecionales” a los gobernadores.
Se trata de más de un billón de pesos que deberían estar destinados al mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura vial, con recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles que por normativa están destinados al Sistema Vial Integrado (SisVial), creado precisamente para garantizar que esa recaudación tuviera un destino específico.
El escándalo salió a la luz con la publicación de una investigación realizada por el diario La Nación, que dio cuenta que durante los dos años y medio de gestión de Milei, el SisVial recaudó más de $1,5 billón, pero apenas una cuarta parte fue aplicada a obras. A fines de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras. Lo recaudado termina alimentando la bicicleta financiera del Estado mientras las rutas se caen a pedazos.
La plata de las rutas termina en la timba financiera
La evidencia contable muestra que el gobierno no carece de recursos para sostener las obras viales, sino que decide no utilizarlos para ese fin. El dinero permanece colocado en títulos públicos y plazos fijos mientras la ejecución de obras queda relegada.
El fideicomiso fue creado con un destino determinado y sus recursos tienen una afectación específica. El Decreto 976/01 establece el carácter exclusivo e irrevocable de esos fondos y dispone que no pueden ser utilizados para atender gastos propios del Estado.
El propio vocero presidencial Adrián Ravier reconoció el mecanismo y admitió que Economía (Luis Caputo) retiene una parte de lo recaudado por el impuesto para contribuir al “equilibrio fiscal”. La confesión es particularmente grave porque confirma que el gobierno está utilizando recursos afectados a una finalidad concreta para sostener su fallida política de déficit cero.
Rutas destruidas: una amenaza para la circulación
El costo de esta política se descarga directamente sobre la infraestructura vial, con una red de rutas nacionales que acumula deterioro y las obras de mantenimiento y rehabilitación paralizadas o avanzando a un ritmo mínimo. Desde que Milei llegó al gobierno, la tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%, ejecutando solo el 11,3% de lo recaudado durante 2024; el 39% durante 2025 (año electoral) y el 18,5% entre enero y mayo de 2026.
Un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional estimó que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo. La paralización de obras, la falta de mantenimiento y el deterioro acumulado convierten cada viaje en una exposición creciente a accidentes, roturas y pérdidas económicas.
Se estima que con los fondos desviados podrían haberse intervenido alrededor de 25.000 kilómetros de la red vial durante el gobierno de Milei, equivalentes a casi dos tercios de la red vial nacional.
Milei no solo desvía los fondos de las obras de vialidad, sino que pone en riesgo la vida y seguridad de millones de personas que transitan las principales arterias nacionales, poniendo en peligro su vida y su seguridad.
Desvío de fondos y prebendas a los gobernadores
La retención indebida de recursos viene de la mano de otra práctica tradicional de la casta, que consiste en liberar fondos cuando las necesidades políticas apremian. El gobierno nacional aceleró los desembolsos para obras viales, llamativamente, alrededor de las jornadas legislativas en las que el oficialismo necesitaba reunir votos para sancionar proyectos propios.
Entre enero y mayo, más de la mitad de los pagos del SisVial por obras se concentró en tres períodos vinculados con sesiones sensibles del Congreso. Algunas provincias recibieron fondos justamente cuando sus legisladores debían acompañar al oficialismo.
Milei utiliza la escasez de fondos que él mismo provoca para administrar discrecionalmente las obras y convertirlas en premios y coimas solapadas para enfilar a los gobernadores detrás de sus iniciativas. Además, esta orientación también se cobró una serie despidos en el área de Vialidad, mas los miles de puestos de trabajo perdidos en la construcción y sus derivados.
El gobierno pretende presentar la destrucción de la obra pública como una virtud ideológica contra las coimas y sobreprecios en la obra pública, pero no puede justificar que el dinero recaudado específicamente para las rutas termine financiando colocaciones financieras y un mecanismo de “adquisición de voluntades” en el Congreso. En los hechos tenemos más ajuste contra los trabajadores y recursos disponibles para la especulación y las negociaciones de la casta.
La “libertad” que defiende Milei parece ser la libertad del gobierno para disponer de los recursos a su antojo. Hay que terminar con esta política, derrotando el ajuste en marcha y expulsando a la banda de delincuentes que está al frente del gobierno, para recuperar las obras públicas necesarias para satisfacer las necesidades de la población trabajadora y terminar con los chanchullos de los gobiernos capitalistas.
