El Concejo Deliberante de Quitilipi, Chaco, votó esta semana la destitución del intendente radical Sergio Casalboni. Casalboni es el médico que saltó a la fama en los medios nacionales mostrando la desnutrición infantil en Quitilipi, producto de la pobreza generalizada durante el Gobierno de Jorge Capitanich. Desde la pantalla del programa de Jorge Lanata, la UCR explotó la gravísima situación social en el interior del Chaco al servicio de un recambio político postulando a Aida Ayala como gobernadora y, en Quitilipi, al mismo Casalboni como intendente. 

 

El triunfo de este último en la intendencia puso de manifiesto los límites insuperables de la demagogia radical. El ajuste del gobierno nacional agravó el cuadro social del interior del Chaco. Un acampe de organizaciones de desocupados ocupó la plaza frente a la intendencia durante todo el 2016. En este cuadro de derrumbe de la “renovación política” representada por Casalboni, se produjo el quiebre en el bloque radical que condujo a su destitución. 

 

La mayoría del bloque radical, que responde a la línea interna “Somos Parte”, comenzó a chocar con el intendente por el reparto de las áreas de influencia en el municipio desde la asunción. La crisis se terminó de definir en enero de 2017, cuando Casalboni renunció a “Somos Parte”. En paralelo, la oposición en el Concejo denunció por adjudicaciones millonarias sin control al intendente producto de un informe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Finalmente, con el voto de parte del bloque radical y los ediles del PJ, se llegó a la destitución.

 

Los destituyentes actúan con criterios a la medida de las circunstancias: Ali Baba fue destituido por sus cuarenta ladrones. El robo de fondos públicos es moneda corriente en el Chaco y plantea la necesidad de la apertura al control popular del conjunto de los presupuestos municipales y del provincial, de las empresas del Estado, de todas las adjudicaciones de obra pública, de la fiduciaria del Norte y del Instituto de Vivienda, las grandes cajas negras de la administración provincial. Las denuncias del Partido Obrero sobre el desvío de fondos de la empresa de agua a actividades del PJ nunca fueron investigadas. El Ministro de Educación carga con un juicio en el Tribunal de Cuentas por no poder justificar más de 200 millones de pesos, junto a otros funcionarios, durante la administración del ex secretario general de Ctera, Sergio Soto.

 

El intendente Casalboni, sin responder públicamente a ninguna de las denuncias que se le formularon, apeló a la Justicia, que dictaminó la irregularidad de su apartamiento del cargo. Por lo tanto, ahora hay dos intendentes que se arrogan el cargo, y una convocatoria electoral para el 9 de abril que ha quedado pendiente de resolución judicial. 

 

En medio de esta guerra de camarillas, el pueblo de Quitilipi sigue sin respuesta a sus reclamos urgentes de trabajo, vivienda, educación o salud. Convocamos a una intervención popular contra estos bloques de saqueadores: es necesario reorganizar el municipio en favor de los intereses de los trabajadores, colocar la tierra municipal y provincial en favor de quienes necesitan tierra y vivienda, abrir las cuentas municipales al control de todos los ciudadanos, establecer la revocabilidad de todos los cargos y un plan para la creación masiva de fuentes de trabajo para los desocupados.