“Lo que ha comenzado en el caso del crimen de Candela Sol Rodríguez es una parodia de juicio oral, destinada a convertirse en el último eslabón de una cadena de encubrimiento que dejó a la vista un entramado atroz de complicidades mafiosas entre la policía, el poder político y el judicial” (Prensa Obrera, 10/2).

 

Esa parodia se ha caído escandalosamente.

 

Una supuesta testigo de identidad reservada, a la que habían llevado al tribunal para que declarara contra el acusado Leonardo Jara, ante sus evidentes contradicciones y advertida severamente por el presidente del tribunal, anunció tras un largo silencio: “Voy a decir la verdad”.

 

“La verdad” es la que ya se sabía casi desde el principio: la niña Candela, de 11 años cuando fue secuestrada y asesinada en agosto de 2011, resultó víctima de una trama mafiosa de policías y narcotraficantes que operan en el partido de San Martín, más precisamente en Villa Corea. Su secuestro y asesinato fue una consecuencia atroz de una guerra entre narcos e incluso de las pugnas internas en la policía provincial. Con esas bandas estaba involucrada la madre de Candela, Carola Labrador, representada por Fernando Burlando, antiguo personero de la Bonaerense.

 

La testigo, después de anunciar aquel “voy a decir la verdad”, explicó que la Brigada de La Matanza detuvo a su hermano por piratería del asfalto y les ofreció “arreglarles” el asunto “si nos dan un nombre para el caso Candela”. Cualquier nombre. Ella y su hermano, entonces, “dieron” el nombre de Leonardo Jara, un ladronzuelo de menor cuantía que alguna vez había cometido un robo con el hermano de la mujer. Con esa acusación falsa, Jara fue detenido e imputado, al igual que los otros dos acusados (se llega al extremo de que el trío de imputados no se conocía entre sí antes de las detenciones).

 

En otras palabras: la acusación toda es un armado de la policía para proteger a los criminales. La testigo (María M.) involucró también al ex fiscal Marcelo Tavolaro y a la entonces secretaria Guillermina Ratazzi.

 

En aquel Prensa Obrera del 10 de febrero se decía también:

 

“El espectacular accionar policial durante la búsqueda tuvo como objetivo responder a la presión mediática y desviar la investigación del verdadero territorio en que se desarrollaba el caso’, dice un informe exhaustivo elaborado en su momento por una comisión especial de la Cámara de Senadores de la provincia de la Buenos Aires. En otras palabras: todo ese despliegue tuvo el exclusivo propósito de distraer la atención para proteger a los criminales. Sobre esa comisión senatorial, debe recordarse que se organizó cuando el kirchnerista Gabriel Mariotto era vicegobernador de la provincia y titular de la Cámara, y estaba abiertamente enfrentado con Daniel Scioli. Más tarde, cuando los kirchneristas anudaron su acuerdo con Scioli, ese informe aplastante quedó en el completo olvido”.

 

He ahí otros victimarios de Candela. El ex gobernador Scioli, quien destruyó pruebas él mismo, personalmente, cuando pisoteó la escena del crimen con una horda de policías y periodistas, y el propio Mariotto, que subordinó su propia investigación a un acuerdo político; es decir, aquel informe del Senado era una simple extorsión. Ni hablar del entonces jefe policial, Hugo Matzkin; y de su sucesor, Juan Carlos Paggi.

 

Ahora los jueces decidirán qué hacer con el juicio, pero todo indica que harán lo único posible: declararlo nulo ante el evidente armado policial.

 

En definitiva, la población trabajadora del país está en manos de mafiosos, de uniforme y civiles.