Para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia Javier Milei postuló al juez federal Ariel Lijo, un viejo agente del aparato judicial relacionado con todo tipo de personajes corruptos y antiobreros de la política argentina. Para que la tentativa del presidente prospere la candidatura debe contar con la aprobación de dos tercios de los miembros del Senado, por lo que el PJ-kirchnerismo, que dice ser un factor de lucha contra Milei, tendría que aportar sus votos para ello. ¿Es posible que eso ocurra?

Hay diferentes versiones sobre la viabilidad de un acuerdo, alimentadas por el notable silencio de Cristina Kirchner en torno al punto, que ha sido uno de los principales tema de la agenda política los últimos días. Hasta la vice Victoria Villarruel hizo críticas a su postulación (por no haber condenado a Montoneros en la causa Rucci), ademas de cámaras empresarias y sectores de la oposición.

Ariel Lijo, que es considerado un hombre aceptado en el mundillo nacional y popular, tiene un largo prontuario como garante de la impunidad. Así como favoreció a CFK con los ritmos de la investigación sobre el financiamiento de su campaña electoral de 2007, ahora maneja el tiempo en la “causa Correo Argentino” en beneficio de la familia Macri. ¿Se prepara un pacto de encubrimiento a cambio de gobernabilidad?

Es que la Corte ha quedado colocada en un lugar de arbitraje, en un cuadro de crisis política, económica y social. Por ejemplo, suspendió la aplicación de la reforma laboral contenida en el mega DNU 70/2023 de Milei, reclamando que se discuta en el Congreso. Está llamada a fallar también en torno a otros aspectos como los recortes de fondos a la provincias, posibles juicios previsionales, sobre tarifas o los aumentos de las prepagas de salud.

Actualmente la Corte está compuesta por cuatro miembros: Horacio Rosatti (presidente del organismo), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda que se jubilaría en diciembre de este año, cuando cumpla 75 años, y para cuyo sillón el presidente también ha postulado a Manuel García Mansilla, un elemento antiderechos vinculado al Opus Dei. El ingreso de Lijo reforzaría el ala de Lorenzetti, que viene fallando en soledad en algunos temas importantes y estaría en un acercamiento al gobierno.

Se trata de un todoterreno del régimen político. Ha cosechado relaciones con personas provenientes del riñón de Cristina Kirchner, así como Alberto Fernández o Gildo Insfrán (a quien el juez protegió en el “caso Ciccone”). Benefició a Carlos Menem en el “caso Siemens”. Su hermano “Freddy”, operador de los tribunales de Comodoro Py, es bien conocido por personajes como Daniel Scioli y Julio De Vido. Otros de sus allegados serían Enrique “Coti” Nosiglia, Daniel Angelici y Emiliano Yacobitti, lo que probablemente le sirva a Milei para obtener los votos de un sector de Juntos por el Cambio.

Vale recordar además que el peronismo tiene experiencia en colaborar con el copamiento derechista de la Corte. En 2016 el Frente para la Victoria aportó votos para que ingresen al máximo tribunal Rosatti y Rosenkrantz, cuyos pliegos fueron enviados en ese momento por el expresidente Mauricio Macri.

Todo esto muestra el carácter antidemocrático del régimen político capitalista: los integrantes de la Corte Suprema no son elegidos a través del sufragio popular, sino que su designación es el producto de una rosca entre coaliciones políticas que controlan el Estado y expresan los intereses de distintos sectores de la burguesía, como se vio claramente en los múltiples lobbies empresarios al tratarse la Ley Ómnibus. Tal es el funcionamiento de la democracia capitalista, que es una democracia de los ricos.

Garantizar gobernabilidad a Milei no significa otra cosa que dejar que el gobierno lleve adelante su política fondomonetarista y de ataque en toda la línea contra la clase obrera.

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