Políticas
6/5/2026
El narcotráfico en San Juan: el Estado, la Policía y la Justicia como cómplices directos
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La complicidad del Estado en el negocio.
La noticia que conmocionó a la provincia sobre un niño de apenas 4 años del departamento de Rawson que fue internado con resultado positivo de cocaína en sangre no es un hecho aislado. Es la gota que rebalsó el vaso de una realidad que se viene arrastrando hace años.
Situaciones similares denunciamos meses atrás en la provincia. La podredumbre se extiende, y con ella, la miseria de miles de familias trabajadoras. En San Juan, como en tantas otras provincias de nuestro país, el narcotráfico dejó de ser un rumor lejano para convertirse en una cruda realidad que golpea a diario la puerta de nuestros barrios más humildes. Calles y esquinas, que antes eran espacios de encuentro, hoy son territorios tomados por bandas criminales que actúan con una impunidad que solo se explica por la complicidad del Estado.
Es innegable que el narcotráfico se ha vuelto moneda corriente. Y no podemos ser ingenuos. ¿Acaso alguien puede creer que un negocio de esta magnitud, que mueve cifras multimillonarias y teje redes complejas, podría funcionar sin el visto bueno, sin la inacción cómplice, sin la abierta colaboración del Estado, la Policía y la Justicia? La respuesta es un rotundo no.
El drama de las adicciones, que destroza vidas y familias enteras, no es una fatalidad inevitable. Es la responsabilidad directa del consentimiento y la connivencia de un régimen que le hace el juego al narcotráfico. Se aprovechan de la vulnerabilidad de nuestros trabajadores que, agobiados por la precarización laboral, la falta de futuro educativos y los problemas económicos, caen en las redes del consumo problemático.
Mientras los barrios obreros se desangran, presenciamos cómo nombres y vínculos salen a la luz. Son muchos los "José Luis Espert" de turno que, desde sus sillones de poder o con sus discursos "liberales", se enriquecen o defienden intereses ligados a personajes oscuros como un "Machado" a costa de la vida de nuestros hijos. Esta es la hipocresía de un sistema que condena la pobreza pero fomenta las condiciones para que prospere la ilegalidad y el dolor.
¿Qué rol fundamental cumplen el Estado, la Policía y la Justicia en todo esto? Son parte del problema, no de la solución. Son los responsables directos de que el narcotráfico prospere en nuestra provincia y en todo el país. Su papel no es el de garantes de la ley, sino el de cómplices silenciosos, y a menudo activos, de un negocio criminal que envenena a nuestra clase.
Exigimos para los trabajadores y sus familias que padecen el flagelo de las adicciones: asistencia médica integral y gratuita, acompañamiento psicológico profesional y accesible, programas de atención y rehabilitación para familias enteras sumidas en el consumo problemático con financiamiento estatal.
Pero estas medidas, si bien son vitales, no bastan. Para golpear al narcotráfico en su médula, para frenar el flujo de dinero sucio que lo alimenta y la fuga de capitales que lo ampara, es fundamental tomar medidas de fondo contra el poder económico que lo sostiene. Por eso seguimos levantando la bandera de la nacionalización de la banca y del comercio exterior bajo control de los trabajadores. Solo así podremos cortar las cadenas de lavado de dinero y evitar que estos negocios narcos sigan explotando la vulnerabilidad de la clase trabajadora.
No podemos permitir que sigan criminalizando a las víctimas mientras los verdaderos responsables, protegidos por el poder, actúan con total impunidad. Es hora de que los trabajadores y la juventud se organicen y luchen por un mundo sin drogas ni explotación, donde la vida valga más que las ganancias del capital y del Estado cómplice.
¡Por la salud de nuestros pibes, y la dignidad de nuestra clase! ¡Organicémonos y luchemos contra la complicidad estatal con el narcotráfico!
