En 1985, el gobierno alfonsinista aplicó el llamado "plan Houston", que básicamente consistía en entregar 165 áreas para exploración y explotación con el objetivo declarado de aumentar las reservas nacionales de hidrocarburos, que se encontraban en caída libre. Ese objetivo fracasó: en 1983 había reservas por 390 millones de metros cúbicos; en 1989, consumado aquel plan y otros tres que le siguieron, se habían derrumbado a 345 millones. En cuatro años (1985-1989) las grandes petroleras beneficiadas por el gobierno radical apenas habían invertido poco más de 200 millones de dólares.

El plan Houston obligaba a YPF a pagar a los pulpos extranjeros un precio exorbitante por el petróleo extraído. Ese precio se determinaba sobre la base de la cotización internacional de los hidrocarburos y no por el costo de producción. Aún antes del Houston, a la Shell en Tierra del Fuego ya se le pagaba un 75 por ciento del precio internacional, aunque a YPF le habría costado tres veces menos extraerlo por sí. El Houston transformó en ley ese saqueo y lo extendió a todo el país.

Además, el gobierno aceptaba "pagar con crudo esta confiscación concertada de la riqueza nacional, lo que significa que el petróleo no será refinado en el país; es decir, implica una desindustrialización" (Prensa Obrera Nº 105, 18/7/85).

"Alfonsín está aplicando puntillosamente toda la legislación proimperialista sobre hidrocarburos que sancionaron tanto (Juan Carlos) Onganía como (José Alfredo) Martínez de Hoz, y al parlamento ni le ha preguntado qué opinaba. Los diputados, si se reúnen, hablan de cualquier cosa menos del negocio que hacen los contratistas, porque las compañías tienen bien aceitada su red de sobornos y corrupción entre los legisladores burgueses" (ídem). Aquel Prensa Obrera convocaba a movilizarse contra ese "frondizazo" de Alfonsín, por los contratos petroleros leoninos que otro radical, Arturo Frondizi, había aceptado firmar con los pulpos imperialistas en 1959.

Aquellos "planes" de Alfonsín dejaron el camino libre al "plan Argentina" de Carlos Menem (1989-1991), que dispuso la libre disponibilidad del crudo y sus derivados, paso previo a la privatización de YPF (1992), consumada gracias a las intensísimas gestiones que, en favor de esa medida, desarrolló el entonces presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), Néstor Kirchner.

A.G.