El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, se reunieron en un acto de inauguración del edificio de Energía en la ciudad de Cipolletti, localidad rionegrina. En dicho encuentro, ambos mandatarios se despegaron del gobernador de Chubut dejando bien en claro que bajo ningún punto de vista acuerdan con una paralización de la producción de hidrocarburos. En esa línea, señalaron que el camino es el “diálogo y el consenso”, apelando a una negociación en el Congreso y la Justicia.

El neuquino Figueroa fue a fondo al enfatizar que una medida de estas características (en referencia a un corte de la producción) es una mala señal para los inversores. En la misma tónica se expresó el secretario general del sindicato petrolero, Marcelo Rucci, al decir que el gremio no va a paralizar la producción. Y que el conflicto entre los gobernadores y la nación debe resolverse por la vía diplomática o la Justicia.

Como se verá, las declaraciones apuntan a llevar tranquilidad y certezas a las petroleras de que una medida esbozada por el gobernador Torres no tendrá curso. Es que, con independencia de la demagogia del gobernador ajustador de Chubut, los anuncios de este mandatario levantaron el avispero en Vaca Muerta.

Las petroleras saben muy bien que la medida de no enviar o exportar hidrocarburos solo puede llevarse adelante por una acción obrera, ya que la ley petrolera (ley 17.319) en su artículo 6 les permite a los concesionarios tener el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, los pueden transportar, comercializar e industrializar. Los llamados gobiernos “provincialistas” que se ufanan de defender los recursos defienden este régimen de entrega y saqueo.

Por otra parte, las principales operadoras señalaron a los medios regionales que la preocupación gira en torno, no a que la medida se concrete, sino a la “gobernalidad”, es decir, a la línea planteada por el FMI al gobierno sobre la necesidad de un “diálogo político” para que el ajuste en marcha sea viable.

En suma, la actitud de los gobernadores pone de manifiesto que no iniciarán una lucha a fondo contra Milei y el poder central. Primero, porque ambos gobernadores deben afrontar el pago de deudas en dólares y dependen de la autorización del gobierno central. Río Negro debe una cuota de 48 millones de dólares del Plan Castello y Figueroa por 300 millones ese año. Este último ya impulsó dos endeudamientos por el monto de 250 millones de dólares. Y, en segundo lugar, porque este año 2024 deben comenzar a negociarse y cerrarse áreas petroleras. En Río Negro, de 33 áreas hidrocarburíferas concesionadas, 20 deben renovarse ya que su vencimiento opera entre 2025 y 2027.

La importancia de tener en claro el carácter servil de los gobernadores, incluido Torres, es central a la hora de impulsar los enormes reclamos por el salario, el trabajo, la asistencia social y las jubilaciones.

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