Políticas
31/7/2025
Formosa: no hay "tarifas bajas", sí hay salarios de pobreza
La propaganda de Insfrán y la realidad de los trabajadores en la provincia.
Seguir
La situación salarial es dramática.
El gobierno de Formosa se mostró exultante ante los datos publicados por el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, que señalan que la provincia tiene las tarifas eléctricas más bajas del país para los sectores de ingresos medios y las segundas más baja para los sectores de menores ingresos. La información fue difundida por numerosos medios locales y nacionales con un tono celebratorio, destacando que más de 100 mil usuarios se ven beneficiados por el subsidio provincial conocido como “Esfuerzo Formoseño”.
Pero lo que este relato oculta deliberadamente es que estas tarifas “bajas” conviven con una realidad de salarios de pobreza, precarización laboral y desocupación que golpea de lleno a los trabajadores formoseños. El hecho de que la factura de electricidad cueste menos en Formosa en comparación con otras provincias no significa que sea accesible. Lo que el gobierno reproduce como propaganda (100 mil usuarios reciben el programa en una provincia de solo 600 mil habitantes) deja al descubierto la pobreza en la que está sumida Formosa tras décadas de gobiernos peronistas capitalistas.
Según los datos del Indec, Formosa cerró 2024 con un 46,2 % de su población viviendo bajo la línea de pobreza, lo que significa que casi la mitad de los formoseños no logra cubrir sus necesidades básicas. Mientras tanto, los salarios del Estado apenas alcanzan los $800.000 de bolsillo y únicamente para quienes están en planta permanente, una cifra muy por debajo de la Canasta Básica Total estimada en $1.128.398 según el mismo organismo. Queda por fuera de este monto una importante cantidad de trabajadores que están por fuera de convenio, cuyos ingresos son aún más bajos.
A esto se suma otra realidad, la provincia alcanzó una tasa de informalidad asalariada del 41,6 % en el tercer trimestre de 2024 según el propio Indec. A su vez, un informe del Ieral basado en el cuarto trimestre de ese año estima que Formosa alcanza el 52 % de informalidad total, uno de los ratios más altos del país. Esta precarización laboral recae sobre jóvenes, mujeres y cuentapropistas, y agrava el impacto de tarifas como la de la luz.
Desde esta perspectiva, la boleta “más baja del país” se da como un dato engañoso si no se lo coloca en su contexto real. En una provincia donde el costo de vida no deja de aumentar, donde una familia trabajadora debe afrontar diversos gastos, como el alimento, pagar el alquiler y enviar a sus hijos a la escuela, esa tarifa se vuelve una carga pesada y lejos de ser un alivio desnuda el contraste brutal entre la pobreza estructural de la población y los discursos triunfalistas del gobierno.
Además, es necesario también mencionar el ajuste por parte del gobierno de Milei, ya que en febrero de 2025 se oficializó una reducción significativa de los subsidios a la energía eléctrica para los usuarios de ingresos bajos y medios. Esto implicó un aumento progresivo en las tarifas eléctricas, profundizando, mediante estas políticas nacionales, el problema tarifario.
Por otro lado, aunque se lo presenta como un logro, la ampliación del subsidio provincial “Esfuerzo Formoseño”, lejos de ser una medida integral, resultó limitada en su alcance. En primer lugar, porque rigió únicamente entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025, y a la fecha no fue prorrogada. En segundo lugar, porque establecía un consumo límite de 700 kWh mensuales, es decir, si una familia superaba ese tope, algo común en el NEA por las altas temperaturas, dejaba de recibir la cobertura. Cabe señalar que el programa original Esfuerzo Formoseño continúa vigente y lo que caducó fue la extensión temporal que cubría el Valor Agregado de Distribución (VAD).
Esto sin mencionar que Refsa opera como sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, por lo que el subsidio funciona, en los hechos, como una transferencia de recursos a la propia empresa. El Estado es, a la vez, quien otorga y quien cobra el subsidio.
Ahora bien, más allá del discurso oficial, el gobierno provincial impulsa este subsidio para contener el descontento producto de los salarios de pobreza. En una provincia donde los números son alarmantes, aplicar tarifas sin un “apoyo” estatal tendría un impacto explosivo sobre los ingresos de las familias trabajadoras. En este sentido, esta tarifa “barata” funciona como una válvula de contención para evitar que se desate una avalancha de luchas por reclamos salariales, tanto en el sector estatal como en el privado. Esta es la verdadera motivación detrás de la “defensa del subsidio” por parte de Insfrán y todos los gobernadores, evitar que se ponga en discusión la miseria salarial con lo que se vive en la provincia.
Lo que debemos discutir entonces en torno a la energía, es su relación con el salario y con las condiciones materiales de vida. El problema es si el trabajador puede vivir dignamente, si puede decidir sobre su vida, si tiene acceso real a la energía, la educación, la salud y la vivienda.
Frente a esto, desde el Partido Obrero planteamos que los servicios esenciales no pueden estar bajo el control de empresas privadas ni de gobiernos como el de Insfrán que los utilizan para reforzar su dominio. Proponemos la estatización de todo el sistema energético bajo control de sus trabajadores y usuarios, con una política tarifaria basada en las necesidades sociales de la clase trabajadora y no en las de la clase capitalista. Reclamamos que los subsidios se financien con impuestos progresivos a las grandes riquezas. Y llamamos a organizarnos, usuarios y trabajadores, para discutir una salida frente al tarifazo nacional.
Mientras el gobierno festeja sus tarifas “baratas”, los trabajadores siguen hundidos en salarios insuficientes, la precarización y la desocupación. Solo con la organización independiente de la clase obrera y una lucha política por un gobierno de los trabajadores podremos poner todos los recursos, incluida la energía, al servicio de sus necesidades y no de quienes buscan enriquecerse a costa del esfuerzo popular.
