Políticas
28/9/2026
Jorge Macri y su cruzada antipobres
La comunidad de la villa 21/24 salió a las calles.
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El pasado jueves 24, el gobierno de Jorge Macri, bajo su lema “orden y ley”, nuevamente desplegó 15 operativos represivos en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. La violencia institucional fue perpetrada en todas las dimensiones posibles: desde el amedrentamiento con la visible preparación de los operativos de ingreso a los barrios, como ocurrió en la Villa 21-24, donde ya a las 16 hs comenzaban a sobrevolar helicópteros y se veían las tropas policiales, hasta el operativo represivo en sí contra vecinas, vecinos, trabajadores, infancias y juventudes, contra puestos de ventas de vecinas que con eso apenas suman para su sustento, con detenciones arbitrarias, ingresando a viviendas familiares, irrumpiendo en los pasillos donde jugaban infancias. Una brutalidad completa que solo puede emanar de un Estado y un gobierno que odia a los más pobres, que el propio GCABA genera, tal como lo demuestra el alcance de casi el 22% de pobreza de acuerdo con el último informe trimestral del IDECBA.
Los operativos "Tormenta Negra" y el impacto brutal en nuestras niñeces y juventudes
La política de criminalización, hostigamiento y persecución policial a las y los vecinos de los barrios populares es permanente. De manera cotidiana, la policía secuestra mercaderías de puestos o venta ambulante, levanta los carros de las y los trabajadores de la basura y hostiga a la juventud. Es decir, los megaoperativos represivos se montan incluso en un ataque constante contra quienes el Estado tiene hasta el hartazgo cuentas pendientes.
En lugar de garantizar el acceso a los derechos básicos como vivienda, salud, trabajo genuino, educación y urbanización real, esconden bajo su lema de orden que tanto el gobierno nacional como el de CABA (que compiten por ser el más facho) agudizaron el vaciamiento, recorte y cierres en términos de políticas sociales.
De esto podemos dar testimonios las y los docentes que enseñamos en medio de enormes dificultades generadas justamente por acción u omisión del gobierno en el terreno social y en el educativo en particular, adonde llegan también las consecuencias sociales de la pobreza, la miseria, el hambre y el impacto psicosocial que genera en las infancias y adolescencias que llegan a las escuelas: viendo y viviendo como parte del paisaje cotidiano, la persecución y hostigamiento policial.
De la crisis social al sistema educativo policial
Cotidianamente, las y los docentes desarrollamos múltiples tareas ante el deterioro de las condiciones de vida que atraviesan a las y los estudiantes y cómo esto afecta sus trayectorias escolares, interrumpiéndolas por carencias materiales que van moldeando la construcción simbólica sobre el acceso al derecho a la educación. La crisis social condiciona y le da forma a una crisis educativa que no encuentra respuestas reales.
Macri y la ministra Mercedes Miguel apuntan a instaurar un sistema educativo de corte policial. La reforma del régimen penal juvenil es venerada por Jorge Macri y su gabinete. Hace apenas unos días, presentaron en las escuelas un protocolo que obliga a las y los docentes a denunciar presuntos delitos cometidos por estudiantes. Resulta aberrante pero no sorpresivo. Ante los graves problemas sociales que atraviesan las y los estudiantes, la respuesta estatal es el punitivismo disfrazado de rimbombantes anuncios de creación de programas especializados, etc., pero lo que rige en la realidad es el desmantelamiento de programas de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Esta medida se implementa en medio de un vaciamiento educativo estructural en todas sus dimensiones y una falta de atención a las necesidades sociales y de salud mental que emergen y se multiplicaron en niñas, niños y adolescentes. Todo esto genera desbordes emocionales en las y los estudiantes, los cuales resultan difíciles de canalizar sin la contención correspondiente. Cabe destacar que la línea 102 (la denominada "línea de los chicos") cuenta con un equipo claramente insuficiente para asistir a las instituciones de toda la ciudad al momento de implementar protocolos escolares de presunta vulneración de derechos.
Macri y la ministra Mercedes Miguel intentan desplazar la ESI instaurando una "Educación Emocional" orientada a descargar sobre las y los estudiantes y docentes la responsabilidad de las graves consecuencias psicosociales que padecen. Pretenden que la irrupción represiva más brutal no deje secuelas cuando es el propio Estado el que las y los vulnera. El Estado y el gobierno macrista desregulan la vida de infancias y juventudes, las vulneran y luego les exigen que elaboren de forma individual situaciones traumáticas que, con cada vez más frecuencia, se tornan parte de su cotidianidad.
En la Villa 21-24 la respuesta al Operativo Tormenta Negra no se hizo esperar
El repudio a la política facha de Macri, la denuncia del impacto extremo de riesgo psicosocial en nuestros pibes y la exigencia de presupuesto fueron las consignas centrales en el semaforazo que tuvo lugar el pasado viernes en la Villa 21-24.
Docentes de las escuelas del barrio dieron lugar a una convocatoria que tuvo la más rápida respuesta por parte de trabajadores de la salud de los CeSAC del barrio, familias, los sindicatos Ademys y UTE, trabajadoras de la Casa del Niño y Adolescentes, organizaciones sociales como el Polo Obrero y referentes de DDHH y religiosos del barrio, entre otrxs que se dieron cita en defensa de los derechos de infancias, juventudes, habitantes y trabajadores del barrio. Las voces resonaron al unísono contra todo tipo de atropello en el barrio y el conjunto de barriadas populares.
Para enfrentar la política antipobre del macrismo, el camino es la organización
Frente a un régimen que pretende transformar a las y los docentes en entregadores de estudiantes y los barrios en campos de prueba de la represión, la respuesta es la organización. Las infancias y juventudes no son un objeto de descarte ni un instrumento para la demagogia punitiva; son el presente y futuro.
Ante la violencia institucional y el desmantelamiento de los derechos básicos, la salida exige profundizar la organización entre docentes, trabajadores de la salud, familias y organizaciones del barrio. Es fundamental transformar la rabia en organización y lucha. Defender a las pibas y pibes implica defender la escuela pública, exigir el presupuesto necesario para la salud mental y la infraestructura social, los derechos no se negocian y que a nuestras pibas y pibes se los defiende en la calle y en las aulas.
Los verdaderos narcos están en Puerto Madero y la runfla total de los delincuentes, en Casa de Gobierno. Fuera Jorge Macri, Mercedes Miguel y su protocolo policial para las escuelas. Basta de operativos represivos en los barrios.
