Políticas
31/5/2025
La bota de Trump y la presión por las patentes farmacéuticas en Argentina
¿Por qué vino el secretario de Salud de Trump a reunirse con Milei?
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Robert F. Kennedy Jr. y el lobby de las farmacéuticas yanquis.
La visita a la Argentina del secretario de Salud de Trump, Robert F. Kennedy Jr., para reunirse con Milei, forma parte de la agenda de presiones del imperialismo yanqui y de los problemas que plantea la subordinación completa del gobierno argentino. Si bien lo que más trascendió es la imitación criolla de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, entre los temas principales por los que vino a apretar está el de las patentes y la propiedad intelectual para productos farmacéuticos. Un negocio multimillonario en el que tienen puesto el ojo los pulpos estadounidenses.
El funcionario se suma así a otros que visitaron Argentina en las últimas semanas, como el secretario del Tesoro Scott Bessent y el jefe del Comando Sur Alvin Holsey, lo cual fue destacado por los medios de comunicación como importantes muestras de respaldo a Milei por parte del tío del norte. Pero decir que es un apoyo equivale a contar la mitad de la verdad: lo cierto es Trump se cobra caro el acuerdo con el FMI y en medio de las negociaciones abiertas por los aranceles uno de los puntos de presión es abrir el mercado farmacéutico argentino.
Tanto es así que incluso el extenso documento del gobierno norteamericano sobre aranceles recíprocos entre los Estados, que los funcionarios "libertarios" negocian bajo un acuerdo de confidencialidad, cuestiona que en los sectores farmacéutico y agroquímico "el alcance de la materia patentable está significativamente restringido por la legislación argentina", algo que catalogan como favorable a un "uso comercial desleal".
En concreto, el emisario yanqui presionó por la derogación de tres resoluciones de 2012 que modificaron la ley de patentes, la cual fue sancionada durante el gobierno de Menem bajo idéntica presión del entonces embajador de Estados Unidos Terence Todman. Esa norma de los '90 otorgaba los derechos de una licencia de fabricación exclusiva durante 20 años. Las resoluciones posteriores restringieron el otorgamiento de patentes a laboratorios extranjeros, por lo que permite a las farmacéuticas locales fabricar y vender medicamentos sin pagarles derechos de propiedad intelectual o regalías.
Es una pulseada millonaria en la que confrontan multinacionales nucleadas en Caeme (Pfizer, Roche, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Bayer) y laboratorios nacionales agrupados en Cilfa (Roemmers, Elea Phoenix, Bagó, Richmond, Andrómaco). La disputa viene de arrastre, al punto que los medios reseñan una división en el elenco gobernante, con el ministro de salud Lugones jugando para los pulpos locales y Sutirzenegger para los gigantes de afuera; eso estaría trabando la salida de un decreto para congraciarse con las exigencias norteamericanas.
Es una tesis verosímil si atendemos que el propio gobierno dio marcha atrás con la medida contemplada en el megadecreto 70/23 que establecía la denominación genérica de medicamentos en las recetas, y terminó habilitando la "sugerencia de un nombre o marca comercial". De hecho, en la Argentina solo existe un mercado farmacéutico de productos de marca.
La presión revela que la visita no tenía nada que ver con asuntos sanitarios sino simplemente de negocios. Al momento de su designación, Kennedy Jr. (hijo de un exsenador y sobrino del expresidente John F. Kennedy) fue criticado en su país por ser un activista antivacunas, recordado por oponerse a la inyección contra el sarampión en Samoa y vincular el autismo con vacunas infantiles. En su paso por Argentina reprendió el uso de ciertas vacunas contra el Covid-19 alegando la falta de etapas de prueba, podemos imaginar con el único fin de blindar un mercado para Pfizer, Moderna y otras firmas norteamericanas.
La pandemia de coronavirus es justamente un buen ejemplo de cómo las patentes que dan a los laboratorios derechos exclusivos para fabricar y comercializar productos farmacéuticos son antagónicas con las necesidades sociales de salubridad. Grandes multinacionales facturaron miles de millones de dólares con una producción restringida a sus capacidades y a los precios que pagaban los Estados por ellas, cuando en última instancia se apropian de la labor de científicos y trabajadores en universidades y centros de investigación financiados por los Estados.
El viaje de la comitiva de Trump se inscribe en la guerra comercial. Incluso la principal asociación empresaria del sector, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, declaró que "para reducir costos para los estadounidenses debemos abordar los motivos reales de los precios elevados: otros países no pagan su parte". El tema está en la agenda del mandatario derechista, en el marco de un intento por evitar un salto inflacionario en productos de consumo masivo. Según la consultora Iqvia, Estados Unidos es el principal mercado farmacéutico del mundo con una participación superior al 50%.
Que los funcionarios de Milei presenten esto como una tema de salud pública es realmente otra de sus estafas. No solo porque tiene como telón de fondo un jugoso negocio por el que se frotan las manos un puñado de multinacionales, sino porque son justamente los responsables del mayor desquicio sanitario ocasionado por las propias farmacéuticas. A fin de año Estados Unidos demandó a la mayor cadena de farmacias del país, CVS, por violar la legislación y favorecer la venta de opioides; mismo tema por el que en enero el laboratorio Purdue Pharma fue condenado a pagar nada menos que 7.400 millones a sus demandantes; y en abril otro fallo conminó a farmacéutica Mylan a pagar 355 millones de dólares. Nada de chiquitas.
En definitiva, la apertura comercial a merced de los pulpos imperialistas no va a tener beneficio alguno para la población, y sí mayores riesgos sanitarios simplemente para congraciarse con Trump. Si es verdad que hoy los medicamentos y tratamientos médicos escapan cada vez más a lo que puede costear un laburante, más cuando se ajusta en salud pública y se recortan las coberturas de Pami a los jubilados, la única salida es una producción estatal bajo control de trabajadores y científicos que realmente desarrolle una oferta de genéricos y no una competencia de mercado. Eso, de la mano de defender la salubridad de la población con acceso a alimentación y hábitos saludables, algo contrapuesto a vivir trabajando por salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes.
